Contestación.—
Vamos a iniciar esta exposición partiendo de la situación anterior a la Ley 6/2018, de 3 de julio (BOE de 4), de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
Conforme al art. 94 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante, LRBRL), la jornada de trabajo de los funcionarios locales será, en cómputo anual, la misma que la de los funcionarios de la Administración del Estado. En Resolución de 28 de diciembre de 2012 (BOE del 29), de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, se establece, en el artículo tres, sobre jornada y horarios, que la duración máxima de la jornada general de trabajo en la Administración General del Estado será de treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a mil seiscientas cuarenta y dos horas anuales [en la redacción dada por la Resolución de 16 de septiembre de 2015 (BOE del 18)].
Este art. 94 LRBRL se ha interpretado como una limitación al art. 47 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (BOE del 31), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante, TREBEP) que establece que «Las Administraciones Públicas establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial.»
Basándose en esta última norma, múltiples convenios colectivos de las Administraciones Públicas han establecido jornadas diferentes, menores, para sus funcionarios; las cuales han sido anuladas sistemáticamente por los tribunales, considerando que entre «las Administraciones Públicas» no podría contarse a la Administración Local, ya que el art. 94 LRBRL, establecía una jornada concreta. Puede verse, por ejemplo, la Sentencia 11/2015, de 13 de febrero ) del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de Santa Cruz de Tenerife, que anula una jornada de 35 horas por ser menor que la que se establece por la Administración del Estado, y anula unas vacaciones de 45 días para la policía local. Y lo han considerado aun cuando esta norma, el TREBEP, es posterior a la LRBRL.
En la actualidad, creemos que esta situación ha cambiado porque la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en su Disposición adicional centésima cuadragésima cuarta, tras establecer que la jornada de trabajo general del sector público supondrá un promedio semanal de treinta y siete horas y media, establece que, no obstante lo anterior, cada Administración Pública podrá establecer en sus calendarios laborales, previa negociación colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo distintas de la establecida con carácter general. Añadiéndose, de forma expresa, una mención a las entidades locales, habilitándolas a la negociación de una jornada menor: «De acuerdo con la normativa aplicable a las entidades locales, y en relación con lo previsto en este apartado, la regulación estatal de jornada y horario tendrá carácter supletorio en tanto que por dichas entidades se apruebe una regulación de su jornada y horario de trabajo, previo acuerdo de negociación colectiva.»
Por tanto, en la actualidad creemos que se ha establecido, con carácter general para todas las Entidades Locales, la posibilidad de negociar jornadas inferiores a las que están definidas por el Estado; lo cual supone una derogación de la normativa contenida en el art. 94 de la LRBRL.
Los requisitos son: que en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto y que no se afecte a la temporalidad del 8%. Lo cual viene a implicar que no se aumente el número de trabajadores temporales para cubrir las horas que se dejan de realizar, o por lo menos que no se amplíen a una cantidad que exceda de este 8%.
Sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto, es para el momento en el que se adopta esta decisión; sin que aparezca establecido en ningún momento la obligación de que se revise esta decisión año a año. Por tanto, parece un punto de partida del presupuesto anterior, si se ha cumplido se podrá establecer la jornada. De la misma manera que se impone que esta medida no afecte al 8% de la temporalidad, como obligación, sin que se predetermine que la jornada debe cambiarse si no se cumple. Porque lo que impone la norma es que se cumplan los objetivos de estabilidad y la regla de gasto, no que se cambie la jornada de los funcionarios cuando se incumple.
Una vez expuesto con carácter general el estado del problema, intentaremos contestar de forma más precisa algunas de las preguntas que nos han formulado:
1. ¿Si el Ayuntamiento cumple con los requisitos y pacta una jornada diferente, qué sucede si en el siguiente ejercicio no se cumplen?
Para adoptar el acuerdo sobre la jornada, se deberán cumplir los requisitos en ese momento; sin que la ley predetermine qué sucede si en un futuro se incumple. El planteamiento del legislador es que el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto debe darse siempre; se adopte la jornada especial o no se adopte. Pero exige que se cumplan para poder adoptar una decisión sobre la jornada inferior a la supletoria del Estado.
2. ¿Se podría establecer una jornada inferior a las 35 horas?
Sí. El estado debe aprobar una jornada, que es posible que sea de 35 horas; y que funcionará como supletoria para las Entidades Locales. Pero nada impide, ahora, que estas aprueben una inferior, pues existe una habilitación legal expresa para ello.
3. ¿La reducción de jornada debería comportar una reducción de retribuciones?
No debe haber reducción de retribuciones, porque no se altera la relación jornada/retribución; sino que se reconoce una duración distinta de la jornada ordinaria, sin que este concepto se altere, pasando a ser jornada reducida o jornada parcial.