Contestación.—
La celebración de carreras populares en los municipios está contemplada en las legislaciones autonómicas de espectáculos públicos y actividades recreativas. Concretamente, en Castilla-La Mancha, el art. 7.2.e de la Ley 7/2011, de 21 de marzo (DOCM del 31), de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos somete a licencia o autorización administrativa las «actividades recreativas o deportivas que se desarrollen por vías públicas o en zonas del dominio público que no formen parte del medio natural dentro del territorio de la Comunidad Autónoma, motivado esencialmente por razón de orden público, seguridad pública, protección civil, protección del medio ambiente y del entorno urbano y conservación del patrimonio histórico y artístico».
Completa esta regulación lo dispuesto en el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre (BOE del 23), por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, cuyo art. 55.1 establece que «la celebración de pruebas deportivas cuyo objeto sea competir en espacio o tiempo por las vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, así como la realización de marchas ciclistas u otros eventos, requerirá autorización previa que será expedida conforme a las normas indicadas en el anexo II de este reglamento, las cuales regularán dichas actividades».
También el anexo II del Reglamento General de Circulación regula las pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos, específicamente en lo que se refiere a la regulación de la utilización de las vías públicas para su celebración. Señalando el art. 2.1.c que la competencia para expedir la autorización corresponde al ayuntamiento, cuando la prueba se desarrolle íntegramente dentro del casco urbano, con exclusión de las travesías. El art. 2.3 del referido anexo II regula la documentación que el organizador deba presentar; previendo, incluso, la obligatoriedad de disponer de los servicios sanitarios que indica.
Pues bien, si el organizador es el Ayuntamiento, todas las obligaciones inherentes a la organización de la prueba le corresponden a él. Incluido la asunción dé todos los gastos que conlleve, sin perjuicio del cobro de precios públicos a los participantes.
Sin embargo, si el organizador es una entidad privada, será ésta la que deba recabar todas las autorizaciones y permisos precisos y sufragar los gastos inherentes a la celebración de la carrera. Incluido, en este caso, la tasa que tenga establecida el ayuntamiento por la utilización de las vías públicas.
La procedencia de precios públicos a los participantes de la carrera por la utilización de un dorsal se justifica en que el cobro por el dorsal puede ser exigido igualmente por la persona o entidad privada organizadora de la prueba. Y la exigencia de la tasa por el ayuntamiento al organizador de la prueba, por la utilización del dominio público y movilización de los servicios públicos locales; precisamente por constituir la prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa en régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo y que no puede prestarse o realizarse por el sector privado.
Sí consideramos conveniente, no obstante, que el municipio disponga de una ordenanza reguladora de la celebración de las carreras populares, donde se establezcan las condiciones para la celebración de las pruebas; y que tenga, además, carácter fiscal estableciendo la tasa aplicable.
Lo que no vemos adecuado es la celebración de un contrato por el Ayuntamiento con el organizador de la carrera; salvo que se trate de un contrato de servicios donde el organizador será el Ayuntamiento a través de los servicios del contratista. Tampoco vemos adecuado el contrato de concesión de servicios, puesto que la organización de carreras populares no constituye un servicio cuya prestación sea de competencia municipal; sí procedería este contrato si se tratase de la gestión de instalaciones municipales.