Contestación.—
Se entiende por jornada laboral la duración máxima —computada en días, semanas o años— de la prestación de servicios efectivos y reales del empleado público para su Administración empleadora. Se dice que los servicios prestados han de ser efectivos y reales, porque lo que debe el empleado público no es realmente un tiempo de trabajo, sino el trabajo prestado durante un cierto tiempo.
La jornada ordinaria de trabajo de los funcionarios se regula en el art. 47 de la Ley 7/2007, de 12 de abril(BOE del 13), del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y en la Resolución de 20 de diciembre de 2005 (BOE del 27); pues, para la Administración local, la jornada de trabajo de los funcionarios, en computo anual, debe ser la misma que se fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado y deben aplicárseles las mismas normas sobre equivalencia y reducción de jornada [art. 94 de la Ley 7/1985, de 2 de abril(BOE del 3), Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)].
Así, de conformidad con la citada Resolución de 20 de diciembre de 2005, la jornada general de trabajo se fija en 37,30 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a 1.647 horas anuales.
La combinación del módulo semanal y anual para la fijación de la jornada máxima, favorece fórmulas de distribución irregular. Pero la Administración, en todo caso, debe evitar actuaciones arbitrarias y justificar su decisión en una más eficaz prestación de servicios a los ciudadanos; y siempre previa audiencia a las juntas de personal o, en su caso, a los delegados de personal [ art. 40.1.d) EBEP].
Recordemos que la jurisprudencia viene estableciendo, como materia no negociable por ser reserva de ley, precisamente la reducción de la jornada legal en cómputo anual. Por todas, sentencias del Tribunal supremo de 8 de marzo de 2005 (LA LEY 12522/2005) y de 15 de marzo de 2007 (LA LEY 11358/2007). A pesar de ello, en multitud de Administraciones públicas se ha venido estableciendo, en Acuerdo o Pactos, jornadas laborales inferiores a la legalmente establecida (35 horas, en la mayoría).
Por otro lado, el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre(BOE del 31), de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, viene a establecer, nuevamente, la jornada ordinaria de trabajo en 37,30 horas semanales, o lo que es lo mismo en 1.647 horas anuales. En esas 1.647 horas anuales, ya se encuentran descontadas tanto las vacaciones, como asuntos propios y días festivos.
Así, computando 37,5 horas semanales o 7 horas y 30 minutos de jornada diaria anual, tendríamos un total de 1.957 horas y 30 minutos anuales (cómputo de 52 semanas y 1 día). A esas 1.957 horas y 30 minutos se le descuentan las horas totales de las vacaciones anuales, moscosos y festivos establecidos reglamentariamente, y de ahí tendríamos aproximadamente las 1.647 horas efectivas al año.
Todos los años cada Administración al finalizar el año realiza una «regularización» de la jornada legal anual realizada, estableciendo los días de compensación, si así fuera necesario, para alcanzar ese computo de 1.647 horas.