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Contestación.—

La Ley 3/2009, de 3 de abril(BOE del 4), sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, deroga, sustituye, unifica y amplía el régimen que, hasta la fecha, se contenía en la legislación mercantil en relación a estas modificaciones; entendidas como las alteraciones de la sociedad que van a más allá de las simples modificaciones estatutarias, para afectar a la estructura patrimonial o personal de la sociedad; y que, por lo tanto, incluyen la transformación, la fusión, la escisión y la cesión global de activo y pasivo. Su regulación se contiene en los arts. 3 a 21 de la norma citada.

La Ley, aunque amplía el ámbito de las transformaciones posibles, parte de un concepto de transformación muy concreto: supone la adopción, por parte de una sociedad mercantil, de un tipo social distinto, conservando su personalidad jurídica (art. 3). Esto es, una sociedad mercantil inscrita podrá transformarse en cualquier otro tipo de sociedad mercantil, en una agrupación de interés económico y en una sociedad cooperativa.

Por lo tanto, si la voluntad municipal es que el servicio que gestionaba la sociedad municipal quede gestionado por un patronato, aunque el uso de este término se aplica a varios tipos de entidades (desde organismos autónomos creados por la Administración para la prestación de un servicio público, a entidades públicas sin ánimo de lucro asimiladas a los consorcios), difícilmente va a incluirse en esa tipología variada una sociedad mercantil. Por ello, entendemos que la normativa citada no es de aplicación. Así se expresa Antonio Pérez Luque en «Los Organismos Autónomos Locales ante la reforma de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local» (EC 1399/2004): «los Organismos autónomos pueden recibir los nombres de Instituto, Patronato, Consejo (cuando no son órganos consultivos), Servicio (cuando sean auténticos Organismos autónomos), Agencias (cuando sean auténticos Organismos autónomos), Gerencias (en materia de urbanismo), Comisión (La Ley de 7 de octubre de 1998 del Sector de Hidrocarburos ha creado la Comisión Nacional de Energía como un Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Industria y Energía). Sin embargo no todos estos nombres implican necesariamente que sean Organismos autónomos, pues habrá que analizar la Ley de creación de ellos o sus Estatutos para ver su auténtica y propia naturaleza y el nombre que se les asigna».

Descartada, en principio, la transformación social, la alternativa que queda es la disolución y liquidación de la sociedad existente y la constitución de un patronato-organismo autónomo. No se indica en la consulta si la empresa municipal es de capital íntegramente local, entenderemos que sí, y por ello, que el patronato que se desea constituir, será un organismo autónomo local, financiado íntegramente por la Administración, que es el supuesto más sencillo. La presente respuesta, parte de este planteamiento, ante la falta de datos ofrecidos.

La liquidación y extinción de las sociedades locales se realizará en los términos previstos en sus Estatutos o conforme a lo dispuesto en la legislación mercantil y, en su caso, en el ordenamiento jurídico local. La legislación que regula la extinción de una sociedad anónima íntegramente municipal no contenía una regulación homogénea hasta la aparición del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio(BOE del 3), que aprueba en Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Por una parte, el art. 260 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (TRLSA), aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre(BOE del 27), preveían diferentes causas de extinción de las sociedades. También se regula la cuestión en el art. 98.3 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (RS), aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, y también en el art. 103 del Texto Refundido de Régimen Local (TRRL), aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril(BOE del 22).

El citado Real Decreto Legislativo 1/2010 armoniza la normativa previa en relación a la determinación de la competencia de la Junta General; y, en lo relativo a la disolución y liquidación de las sociedades de capital, ya que contrastaba el envejecido capítulo IX de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989 con el mucho más moderno capítulo X de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1995, que se ha tomado como base para la refundición. El Título V determina las competencias de la Junta General, extendiendo a todas las sociedades de capital la solución normativa originariamente establecida para las sociedades de responsabilidad limitada (arts. 159 a 162). El Título X se dedica a la regulación de la disolución y liquidación de la sociedad, tomando como base para la refundición el capítulo X de la ley de sociedades de responsabilidad limitada.

Hemos de tener en cuenta, no obstante, que la disolución de una sociedad no supone la extinción automática de ésta, tras el acuerdo de la Junta General, sino el principio de un proceso de liquidación, previo a su definitiva desaparición, y dentro de la cual la sociedad en liquidación conserva su personalidad jurídica. Finalizado de este modo el proceso liquidatorio de la sociedad, aprobado el balance final, satisfechos los acreedores o asegurados sus créditos y distribuido, en su caso, el haber social resultante, se procederá a la cancelación de los correspondientes asientos en el Registro mercantil y al depósito en el propio Registro de «... los libros de comercio, la correspondencia, la documentación y los justificantes concernientes a su tráfico...» [art. 247 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil] extinguiéndose definitivamente la Sociedad.

En cualquier caso, la entidad local de la que depende, y como beneficiaria última tanto de su activo como de su pasivo, deberá resolver sobre la continuidad y forma de prestación del servicio. Hasta ahora, como se ha indicado, se prestaba bajo una personificación mercantil. El art. 97 TRRL establece los requisitos para el ejercicio de actividades económicas, no para el cese del ejercicio; por lo que una interpretación restrictiva nos llevaría a la conclusión de que si la Entidad Local va a dejar de prestar el servicio de ese modo, bastaría con que el Pleno aceptara la extinción definitiva de la sociedad, sin que fuera necesaria la tramitación del expediente que establece dicho precepto para variar el modo de gestión.

Tenemos varios ejemplos al respecto: STS de 21 de diciembre de 2000 (LA LEY 5614/2001), STS de 1 de febrero de 2002 (EC 1419/2002), STS de 3 diciembre de 2004 (LA LEY 450/2005) (LA LEY 450/2005) y la STSJ País Vasco 26 de diciembre de 2003 (LA LEY 218959/2003), en la que expresamente se declara que «siempre que el Ayuntamiento promueva una actividad económica, aunque caiga dentro de la órbita de los cometidos que para él revisten condición de servicio, debe formarse expediente acreditativo de su oportunidad, y dicho expediente resulta complementado, y se desarrolla, en el art. 97 del TRRL (...). En conclusión la ausencia de expediente previo implica la nulidad de pleno derecho a que se refiere el artículo 62.1 (LA LEY 3279/1992) e) de la Ley 30/1992».

Será necesario el acuerdo de la Junta General de la Sociedad, que se aceptará por el Ayuntamiento determinando éste lo preciso para la continuación de la prestación del Servicio, por lo que entendemos que cabe en ese momento la constitución del organismo autónomo local.