Primero.- Dedicaremos este primer fundamento jurídico a explicar los motivos por los que consideramos acreditados los hechos probados consignados en el apartado anterior de esta sentencia, a la vista de la prueba practicada en el acto del juicio oral.
Los hechos declarados probados en el número primero del anterior apartado de esta sentencia se infieren de las propias declaraciones del acusado y de la prueba documental y testifical practicada en el acto del juicio oral. Vayamos por partes.
En relación a las denuncias efectuadas por el agente NUM012 , el propio acusado ha reconocido la realidad de la existencia de tales boletines de denuncia, denuncias llevadas a cabo por el citado agente de Policía Local, habiendo admitido el propio acusado que no remitió las mismas a la Jefatura Provincial de Tráfico, sino que se limitó a archivarlas en una carpeta y no darles el correspondiente trámite. El acusado explicó en el acto del juicio oral que no tramitó las mismas por diversos motivos, siendo así que además dichos motivos los hizo constar por diligencia en los propios boletines de denuncia (a lo que nos referimos en el número segundo de dichos hechos probados). Alegó el acusado que en todo caso "anulaba" las denuncias comunicándoselo a los agentes que las habían interpuesto y que en ocasiones anotaba en los propios boletines de denuncia el motivo de la anulación y en otras ocasiones no.
En consecuencia la realidad de la no tramitación de las denuncias es evidente y a mayor abundamiento constan dichos boletines de denuncia sin tramitar a los folios 51 a 57 de las actuaciones. Es más , incorporado a dichos boletines de denuncia y al pie de los mismos constan las "diligencias" en las que el propio acusado justificaba la no tramitación de las denuncias. Sin perjuicio de que, como en en fundamento jurídico segundo de esta sentencia explicaremos, el acusado no tenía la facultad de "anular" dichas denuncias o de no tramitarlas, los propios motivos que se esgrimen para justificar dicha no tramitación o "anulación", carecen de mínima base legal y son contrarias no sólo a derecho, sino incluso al sentido común.
Así en las dos primeras denuncias se dice expresamente que se desconoce el motivo por el que se anularon las mismas, pero se dice que "seguramente fuera comunicada a los denunciantes" (folios 51 y 52). Oídos los agentes de Policía Local denunciantes han negado radicalmente que les fuera comunicada por el acusado, Jefe de la Policía Local, la circunstancia de la anulación de dichas denuncias. La denuncia del folio 53 se deja de tramitar y no se remite a la Jefatura Provincial de Tráfico, por haberse omitido el número de vado o la comprobación física de que el beneficiario del vado estaba al corriente del pago de la tasa. La denuncia del folio 54 se "anula" porque, según hace constar el acusado en su "diligencia", "la línea amarilla había sido pintada por un vecino". La denuncia del folio 55 se dice anulada por el acusado al haberse iniciado expediente judicial contra el denunciado. La denuncia del folio 56 se dice anulada por haberse presentado el seguro obligatorio en vigor y la denuncia del folio 57 se dice anulada porque , según el acusado, el denunciado habló con los agentes denunciantes y acordaron retirar la denuncia porque es "conocido del servicio" y no "había tenido tiempo de retirar el vehículo por estar enfermo". Los agentes que efectuaron esta denuncia negaron en el acto del juicio oral haber comentado tal extremo con el denunciado y fue oído el propietario del vehículo en cuestión, Ángel , quien incurrió en vaguedades , contradicciones y falta de precisión en su testimonio (que estimamos achacable al tiempo transcurrido), quien llegó a admitir finalmente que no llegó a hablar con los agentes denunciantes, sino que simplemente el agente NUM012 (" Epifanio ") le "hizo una seña como diciendo que está todo solucionado".
En suma y de la combinación de la prueba documental, testifical y del propio interrogatorio del acusado, se infiere, en cuanto a este primer grupo de denuncias, que las mismas no se tramitaron por motivos en absoluto justificados (no puede justificarse obviamente no tramitar una denuncia porque se es "conocido del servicio" o no hacerlo sin que ni siquiera se conozca el motivo), sin perjuicio de que, como luego explicaremos, no corresponde al acusado dicha potestad sancionadora y por tanto tampoco la decisión de qué tipo de denuncias se tramitan o cuales no.
En relación a las denuncias efectuadas por el agente NUM020 la inicialmente reseñada en los hechos probados de esta sentencia de fecha 30 de Enero de 2008 en relación a una obra que invadía una vereda, consta documentalmente acreditado, mediante escrito remitido por el Ayuntamiento de Torrejón de Velasco y aportado al acto del juicio oral por la defensa, que efectivamente sí se tramitó la misma. Se da la circunstancia de que tal denuncia no se tramitó ante la Comunidad Autónoma de Madrid, sino que se remitió al propio Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco, pero en suma no fue "anulada" o no tramitada por el acusado.
Por el contrario el resto de las denuncias que se citan en dichos hechos probados, efectuadas por el agente NUM020 por infracciones administrativas relacionadas con la seguridad vial, constan como efectuadas y sin embargo no remitidas a la Jefatura Provincial de Tráfico. Ello se infiere de la declaración testifical clara y contundente de dicho agente, que aportó además una lista de las denuncias formuladas, y de la comparación de dicha lista de denuncias efectuadas con los documentos que obran a los folios 262 a 512 de las actuaciones. Estos últimos documentos son los boletines de denuncias que , a lo largo de los años que nos ocupan, fueron remitidos por la Policía Local de Torrejón de Velasco a la Jefatura Provincial de Tráfico y entre ellos no se encuentran las denuncias efectuadas por el citado agente.
Finalmente y en cuanto al apartado primero de los hechos probados, la misma operativa señalada anteriormente, es decir comparar la lista de denuncias del agente , en este caso el NUM027 con los boletines que obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, nos permite inferir que dichas denuncias que se citan no fueron tramitadas.
Los hechos declarados probados que se consignan en el número segundo del anterior apartado de esta sentencia, se infieren de las propias manifestaciones del acusado, quien reconoció la autoría de las "diligencias" que obran al pie de los boletines de denuncia y además constan aportados a autos dichos boletines con las correspondientes "diligencias" a los folios 51 a 57 de las actuaciones.
En cuanto a los hechos declarados probados que se consignan en el número tercero del anterior apartado de esta sentencia consta al folio 105 de las actuaciones escrito del acusado dirigido a la Alcaldía del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco de fecha 20 de Diciembre de 2007 en el que comunica que no puede remitir copias de boletines solicitados, puesto que el 8 de Agosto de 2007 comprobó que las copias de dichos boletines correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007 habían desaparecido.
Es decir el propio acusado pone en conocimiento de sus superiores la desaparición de las copias de los boletines. A lo largo del desarrollo del juicio oral no quedó claro, pues las posiciones testificales eran diferentes entre los agentes de Policía Local intervinientes, si en Agosto de 2007 el acusado disponía o no de un despacho con llave en el que guardaba dichas copias o si por el contrario las mismas estaban en zona de libre acceso a cualquiera que estuviera en las dependencias policiales. Quedó acreditado y en ello coincidían todos los agentes, que antes de trasladarse la sede de la Policía a un local específico y diferente al de la sede del Ayuntamiento, dichas copias de boletines estaban en una carpeta debajo de una especie de mostrador y por tanto accesibles a cualquiera. Ahora bien a partir del traslado que tuvo lugar en Marzo de 2007, dicha cuestión no está tan clara, si bien debe destacarse que los testimonios de los agentes no fueron unívocos en dicha cuestión y además es algo normal. Dado el tiempo transcurrido se hace francamente difícil que los agentes puedan precisar en qué momento justo se hizo el cambio de sede y como es normal en todo cambio de dependencia funcionarial, transcurren algunos meses en los que la operativa de archivo es incierta, hasta que se completa el traslado y se adquieren nuevos hábitos de control, archivo y funcionamiento. Sea como fuere, es decir, estuvieran las copias de los boletines bajo el estricto control del acusado o estuvieran a la vista y acceso de cualquiera, no se ha acreditado que fuera el acusado quien haya sustraído, destruido u ocultado, "a sabiendas", dichos boletines de denuncia. El tipo penal exige dicha comisión dolosa e intencionada, no permite una comisión por negligencia o impruencia, y no se ha practicado prueba alguna directa, ni indirecta que permita inferir que fue el acusado el autor de dicha desaparición.
Segundo.- Los hechos declarados probados en el número primero son constitutivos de un delito continuado de prevaricación del artículo 404 del C. Penal en relación al 74 del mismo texto legal. Castiga el legislador a la autoridad o funcionario público que , a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
S on requisitos del tipo penal de prevaricación:
A) Que una Autoridad o funcionario público dicte en asunto administrativo una resolución, que como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 1995 , es cualquier acto administrativo que conlleve una declaración de voluntad afectante al ámbito de los derechos de los administrados (Sentencia de 26 de febrero de 1992), es decir, cualquier acto administrativo que suponga una declaración de voluntad de contenido decisorio que afecte a los derechos de los administrados y a la colectividad en general, bien sea expresa o tácita, escrita u oral (Sentencia 364/1994, de 21 de febrero).
B) Que la resolución sea "arbitraria"; es decir, no adecuada a la legalidad, tanto si se trata de actividad reglada como si se trata de una actividad discrecional -desviación de poder- (Sentencia del Tribunal Constitucional 27/1981). No basta cualquier ilegalidad, sino que según reiterada doctrina de esta Sala tiene que tratarse de "una contradicción con el ordenamiento tan patente y grosera, esperpéntica se ha dicho en otras ocasiones, que puede ser apreciada por cualquiera, no bastando la mera ilegalidad producto de una interpretación errónea, equivocada o discutible, como tantas veces ocurre en Derecho" (Sentencias de 10 de mayo de 1993; 21 de febrero , 27 de mayo y 10 de noviembre de 1994; 25 de marzo y 20 de abril de 1995; 14 de marzo de 1996; y 23 de abril de 1997). Concretamente como ha declarado la Sala II del Tribunal Supremo en Sentencia de 14 de noviembre de 1995 la injusticia o arbitrariedad que tal actuación administrativa proclama "puede venir referida en la absoluta falta de competencia del inculpado, en la inobservancia de las más elementales normas del procedimiento o en el propio contenido sustancial de la resolución de modo que ésta implique un torcimiento del Derecho (Sentencia de 20 de abril de 1995). La omisión de los trámites procedimentales o formales, custodia y salvaguarda de las adecuadas garantías y a cuyo través se ha de plasmar necesariamente la resolución de la Autoridad o del funcionario público genera este delito (Sentencias de 24 de abril de 1988 , 17 de septiembre de 1990 , 10 de abril y 10 de diciembre de 1992 , y 21 de febrero de 1994)".
C) Que la resolución se dicte a sabiendas de su injusticia, esto es, con clara conciencia de la arbitrariedad o ilegalidad de la resolución; elemento culpabilístico que no es suficiente con que sea deducido de consideraciones más o menos fundadas sino que se evidencie como elemento subjetivo del tipo más allá de toda duda razonable (Sentencias de 22 de septiembre de 1993 , 3 de noviembre de 1992 , 14 de febrero de 1994 y 10 de julio de 1995).
En el presente caso se cumplen todos y cada uno de los requisitos citados. En primer lugar nos hallamos ante una resolución administrativa , como es la de no tramitar determinadas denuncias. Nuestra jurisprudencia ha venido admitiendo la comisión por omisión del tipo penal que nos ocupa. Así lo expresan Sentencias del Tribunal Supremo de 18.11.00 , de 2.7.97 , de 18.3.00 , etc... No obstante, en el caso que nos ocupa y en relación a las denuncias que efectuó el agente NUM012 y cuyas copias de boletín se recogen en los folios 51 a 57 de las presentes actuaciones, constan al pie de las misma resolución administrativa en forma de "diligencia" en el que el acusado hacía constar el motivo, variopinto, por el que no tramitaba dichas denuncias. Por tanto estaríamos hablando , por un lado , de actos omisivos (no tramitar determinadas denuncias) y de otro de actos administrativos expresos como son "diligencias" anulando dichos boletines de denuncia.
En segundo lugar estamos ante una resolución arbitraria. Como ya hemos indicado no toda resolución contraria a derecho constituye o integra el término "arbitraria" al que hace referencia el legislador, sino sólo aquella resolución administrativa absolutamente contraria a derecho, que de forma palmaria, grosera y flagrante, es contraria a la legalidad y puede ser apreciada por cualquiera. También hemos indicado que dicha arbitrariedad no sólo puede venir dada por el contenido contrario a derecho de la resolución, sino por haber sido dictada por autoridad o funcionario claramente incompetente para ello.
En el presente caso dicha "arbitrariedad" es clara, no sólo por el contenido de las resoluciones y su pretendida justificación, sino también por la manifiesta falta de competencia de quien las dicta. La Ley de Seguridad Vial (Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de Marzo), en su redacción vigente en el momento del hecho y en su actual regulación, establece claramente de quien es la competencia para sancionar y también para archivar, en su caso, el expediente sancionador. En el mismo sentido se expresa el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Real Decreto 320/1994).
El artículo 70 de la Ley de Seguridad Vial (en adelante LSV) establece el procedimiento sancionador siendo así que la incoación del procedimiento sancionador es de oficio (artículo 73 LSV) por la autoridad competente que tenga noticia por iniciativa propia o mediante denuncia de los agentes. La denuncia constituye en sí el acto iniciador del procedimiento sancionador a todos los efectos (artículo 73.2 LSV) y constituye obligación de los agentes efectuar tal denuncia ante la existencia de una presumible infracción (artículo 74.1 LSV). Tanto es así que si la sanción correspondiente a la infracción no se abona en el momento de la denuncia, comienza el procedimiento sancionador (artículo 74.3. d) LSV). El órgano instructor es el encargado de tramitar la denuncia, dar traslado para alegaciones al infractor y proponer o no la sanción al órgano competente. Los órganos competentes para sancionar son la Jefatura Provincial de Tráfico o los Ayuntamientos cuando estos últimos tiene delegadas dichas funciones, lo que no sucede en el caso del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco.
Indudablemente , por tanto, el Jefe de Policía Local acusado, no tiene competencia para "archivar", "anular" o "no tramitar" las denuncias interpuestas por los agentes a sus órdenes, sino que su obligación es remitirlas, sin más, a la Jefatura Provincial de Tráfico. El artículo 9 del Reglamento Sancionador (Real Decreto 320/94) es muy claro a la hora de indicar que precisamente tal es el procedimiento, es decir, se remite la denuncia a la Jefatura Provincial de Tráfico o al Ayuntamiento, si tiene competencias, y una vez allí , se procederá a la calificación de los hechos y la graduación de la multa o a la verificación de la calificación y multa consignadas en la misma por el agente denunciante, impulsándose la ulterior tramitación o proponiéndose a la autoridad competente la correspondiente resolución que declare la inexistencia de la infracción o la improcedencia de imponer sanción. En suma se remite la denuncia a la Jefatura Provincial de Tráfico , y es por los órganos instructores de dicha Jefatura , por quien se lleva a cabo la tramitación del expediente sancionador, con proposición de archivo o de sanción a la autoridad competente que es la propia Jefatura. En consecuencia el Jefe de la Policía Local no es el "instructor" al que se refiere el artículo 9 del Reglamento y aún cuando , a efectos dialécticos, lo fuera, su competencia abarcaría la proposición de archivo de la denuncia, no el archivo o la no tramitación o la anulación de la denuncia.
Es obvio que el Jefe de la Policía Local ahora acusado no podía ignorar tan elemental cuestión y de hecho otras muchas denuncias si las tramitaba y algunas de ellas, como hemos visto no pocas, las anulaba por motivos diversos y variopintos o simplemente sin motivo.
Por tanto estamos ante una resolución administrativa que atenta groseramente contra el orden jurídico establecido, que es abiertamente contraria a derecho y además apreciable tal extremo por cualquiera dada su patente falta de adecuación al procedimiento sancionador. Por si fuera poco nuestra jurisprudencia, Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 12 de Junio de 1998 , ponente Excmo. Sr. Prego Oliver, en un caso exactamente igual al que nos ocupa , dictó sentencia confirmando anterior de la Audiencia Provincial de Ávila, en la que se condenaba a un Alcalde por no tramitar una denuncia que uno de los agentes de Policía Local había interpuesto por infracción administrativa relacionada con la seguridad vial.
Finalmente se cumple el tercero de los requisitos y es la existencia del elemento subjetivo, es decir, la resolución se dicta a sabiendas de su injusticia. El acusado , como hemos explicado, en su condición de Jefe de la Policía Local, no podía ignorar lo inadecuado de su actuación, puesto que , en muchas ocasiones había tramitado denuncias, luego conocía perfectamente el procedimiento y en algunas otras, las que nos ocupan, no lo hace. Prueba evidente de tal conciencia de su actuación injusta es que , cuando por el agente NUM012 se le requiere para que justifique la falta de tramitación de determinadas denuncias, el acusado dicta las citadas "diligencias" que obran al pie de los boletines de denuncia que se consignan a los folios 51 a 57 de las actuaciones, para tratar de justificar tal omisión. La lectura de alguna de dichas diligencia no deja lugar a dudas sobre la intención del acusado. Dos de ellas se anulan sin que se sepa el motivo y así se hace constar literalmente, otra se anula por haber presentado el denunciado recibo del seguro, pero no se le sanciona , como entonces era obligatorio, precisamente por no llevar acreditación del seguro en vigor y otra se anula por "ser conocido del servicio"... Es evidente que no tramitar denuncias y en algún caso por tratarse de una persona "conocida del servicio" constituye un atentado contra un elemental principio de igualdad, una afrenta al resto de los ciudadanos que han de soportar una sanción administrativa si incumplen normas administrativas de tráfico si es que no son "conocidos del servicio".
El resto de las denuncias que se citan en los hechos probados, sencillamente no se tramitan sin más. Por todo ello considera este Tribunal que se cumple el tipo penal y que el acusado es autor responsable del mismo, siendo así que la concatenación de varios hechos punibles, ya citados en los hechos probados, nos conduce a la apreciación de la continuidad delictiva del artículo 74.1 del C. Penal y en consecuencia la pena habrá de imponerse en su mitad superior y por tanto la pena básica será de inhabilitación especial para empleo o cargo público será de 8 años , 6 meses y 1 día a 10 años y sobre ella operarán las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Los hechos declarados probados en el segundo párrafo del anterior apartado de esta sentencia no son constitutivos de infracción criminal alguna. Por la acusación particular se calificaron los mismos como constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento público del artículo 390 del C. Penal. No especifica dicha acusación el número concreto de dicho precepto que se entiende incumplido y por tanto ignoramos si dicha falsedad es por alteración de elementos esenciales, por simular un documento en todo o en parte, por suponer en un acto intervención de personas que no la han tenido o por faltar a la verdad en la narración de los hechos.
Desde luego hay que descartar los tres primeros supuestos (alteración de elementos esenciales, simulación de documento total o parcial, suponer en el acto intervención de persona) y ello porque , como puede comprobarse en los folios 51 a 57 de las actuaciones, lo que hizo el acusado fue añadir, al pie de dichos documentos, pero sin alterarlos en absoluto pues ocupaba un espacio en blanco e inservible, una diligencia de su puño y letra indicando los motivos de la anulación.
Dicha anotación manuscrita no tiene virtualidad falsaria alguna, pues no afecta al documento, no lo altera, no lo manipula y se ve claramente que no forma parte del mismo. Perfectamente el acusado podría haber hecho constar dicha diligencia en un folio aparte y haber grapado dicho folio al boletín de denuncia. No existe por tanto, una manipulación física del documento, no se ve afectado el mismo en ninguno de sus elementos esenciales , no se ha simulado el mismo y desde luego no se ha simulado la intervención de tercera persona.
Restaría determinar si se ha faltado a la verdad en la narración de los hechos. La cuestión clave es que dichas diligencias en esencia son ciertas, es decir, en virtud de dichas diligencias se anulan o dejan de tramitar las denuncias, pero es que precisamente el delito de prevaricación que se entiende cometido por el acusado, consiste justamente en tal extremo. Desde el punto de vista estrictamente jurídico no existe una falta de verdad en la narración de hechos, cuando se consigna, por ejemplo en una de las denuncias, que la denuncia se anula por ser "conocido del servicio". En cuanto al contenido del resto de las diligencias no se ha acreditado en sí que en el mismo se faltara expresamente a la verdad puesto que la prueba testifical no fue contundente al respecto y además tal extremo es intranscendente. Nos explicamos, lo transcendente es la no tramitación de la denuncia, el motivo para ello es absolutamente indiferente pues el acusado carece de dicha competencia y tal extremo constituye un grosero incumplimiento de la normativa sancionadora administrativa. Tanto es así que el acusado hace constar en ocasiones en dichas denuncias que las mismas se anulan, ignorando el motivo. Es decir la diligencia en sí no es falsa, es cierta y además constituye la esencia del delito de prevaricación, sin perjuicio de que su contenido responda a una u otra motivación. Es como si al Juez que se le condena por un delito de prevaricación por dictar una resolución injusta , se le considerara autor de un delito de falsedad por el contenido de su resolución. En consecuencia el acusado debe ser absuelto del delito de falsedad en documento público por el que venía siendo acusado.
En tercer y último lugar los hechos declarados probados en el número tercero del anterior apartado de esta sentencia no son constitutivos del delito de infidelidad en la custodia de documentos. El tipo penal de la infidelidad en la custodia de documentos exige su comisión dolosa con la expresión "a sabiendas". Como hemos señalado, en el presente caso, no se ha acreditado la participación del acusado por acción o por omisión, en la desaparición de dichos documentos. Ciertamente consta acreditado que el mismo tenía atribuida la custodia de los mismos, pero tal extremo, que se considera requisito indispensable para la comisión del hecho delictivo (Sentencia del Tribunal Supremo de 26.11.97 , de 12.6.95 ,...), no es por sí suficiente como para considerar al funcionario custodio responsable penalmente de su desaparición. Se necesita algo más , desde el punto de vista probatorio, como para atribuir responsabilidad penal a una persona por el mero hecho de que desaparezcan documentos de los que es responsable, pues caso contrario se establecería una especie de culpa penal objetiva de difícil encaje en los principios del Derecho Penal.
En el anterior fundamento jurídico hemos explicado las incertidumbres que la prueba testifical y documental arroja incluso respecto a la custodia física de los documentos, es decir, donde se guardaban los mismos. Aun suponiendo que dichos documentos estuvieran bajo la custodia estricta del acusado en su despacho, los documentos desaparecen en periodo de vacaciones del citado acusado o al menos es ahí cuando el mismo lo pone en conocimiento. Cualquier persona podría haber accedido a su despacho (existen dudas sobre quien dispone de llave del mismo pues su sustituto se vio impedido de acceder al despacho en dicho periodo), pero cualquier persona podría haber accedido al mismo aprovechando un descuido, aprovechando la limpieza del despacho o disponiendo de una llave maestra o una copia de la llave. La duda razonable expuesta no puede operar contra el acusado y por tanto debe absolverse al mismo del delito de infidelidad en la custodia de documentos por el que venía siendo acusado.