21 de marzo de 2016.- -La aceptación de las primeras recomendaciones formuladas para la modificación de los artículos 7 y 30 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario ha permitido una reducción del valor catastral de aquellas parcelas que, disponiendo de la clasificación de terrenos urbanizables o aptos para urbanizar, no disponen de planeamiento detallado para su desarrollo. A pesar de esta modificación, existen muchos municipios, que aprobaron y desarrollaron una legislación urbanística que debido a las restricciones presupuestarias y a la contracción del mercado, no ha sido completada.
Estos terrenos se clasifican como urbanos en Catastro, y se les asigna una valoración acomodada a los usos y dotaciones del planeamiento, con la máxima edificabilidad que éste permite, lo que supone una atribución de riqueza a sus titulares cuya materialización es incierta o improbable. Esa valoración se utiliza en varios tributos como base imponible o valor de referencia, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico y local.
Para evitar una distorsión que contravendría los principios constitucionales del sistema tributario, se ha recomendado la adopción de medidas para que los suelos tributen por su auténtica naturaleza, en tanto se finalice el desarrollo planeado.
El Defensor del Pueblo con fecha 25 de febrero de 2016 formula dos recomendaciones:
1. Modificar la vigente redacción del artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, para acomodarlo al Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo y Rehabilitación Urbana, estableciendo un límite temporal para que se realice la ejecución del planeamiento desde la aprobación de la ordenación detallada o pormenorizada.
2. Establecer un procedimiento de regularización de oficio de la naturaleza de los suelos, de modo que los Ayuntamientos que no colaboren con la Dirección General del Catastro o no faciliten en los plazos solicitados la información requerida para la adecuada clasificación de su suelo, no eviten o demoren su adaptación a las modificaciones ya aprobadas.
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Fuente: Defensor del Pueblo