Contestación.—
Las consecuencias derivadas del incumplimiento la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril(BOE del 30), de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEP), se contemplan en la propia norma. Con arreglo a su art. 21, en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita, en un año, el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en este precepto.
En los supuestos de «falta de presentación, falta de aprobación o incumplimiento de un Plan económico-financiero o de un Plan de reequilibrio», la Administración responsable deberá adoptar las medidas coercitivas reguladas en al apartado 1 del art. 25; consistentes en la necesidad de aprobar un acuerdo de no disponibilidad de créditos que garantice el cumplimiento del objetivo, y de constituir un depósito en el Banco de España, equivalente, en el caso de las Corporaciones locales, al 2,8 % de sus ingresos no financieros. Este depósito será remunerado durante los tres primeros meses, pudiendo acordarse su conversión en multa coercitiva si transcurrido un plazo adicional de tres meses más, persistiera el incumplimiento.
La no adopción de estas medidas o su insuficiencia, habilita al Gobierno para acordar el envío de una comisión de expertos que, tras valorar la situación económico-financiera de la Administración incumplidora, deberá presentar una propuesta de medidas de obligado cumplimiento para aquélla. En tanto dichas medidas no sean implementadas, no se podrá autorizar ninguna operación de crédito a la Administración afectada, ni ésta podrá acceder a los mecanismos de financiación previstos en la Ley.
El último escalón en las medidas reguladas por la LOEP, para el caso de no adopción de alguna de las previstas en el art. 25, está formado por las medidas de cumplimiento forzoso que establece el art. 26. En el ámbito de las entidades locales, estas medidas consisten en el requerimiento, por parte del órgano que ejerza la tutela financiera al Presidente de la Corporación, para que proceda aplicar la medida no adoptada. La no atención de este requerimiento determinará la adopción por parte del órgano de tutela financiera de las medidas necesarias para obligar al cumplimiento forzoso.
La persistencia en el incumplimiento, cuando éste se considere gravemente dañoso para los intereses generales, podrá suponer la disolución de los órganos de la Corporación local, con lo previsto en el art. 61 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local.