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Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración. Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la ley de Régimen Electoral General

Pilar ORTEGA JIMÉNEZ

José Manuel MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

Funcionarios de Administración local con habilitación de carácter estatal

El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Editorial LA LEY

LA LEY 8330/2012

Se expone aquí, someramente, las consideraciones del Informe sobre el anteproyecto de Ley de reforma de la Administración Local (publicadas en la página del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas) y de la propuesta de modificación del articulado de la Ley 7/1985 en relación con las competencias de las EELL, elaborado por el Grupo de colaboración interadministrativa del INAP. Muchas de estas medidas se recogían en las recomendaciones incluidas en el informe del Tribunal de Cuentas de Fiscalización del Sector Público Local correspondiente al ejercicio 2009, de 23 de febrero de 2012.

Según indica la nota de prensa del Consejo de Ministros, la reforma «está inspirada en el principio de "Una administración, una competencia", para buscar una gestión más eficiente, con un ahorro de al menos 3.500 millones de euros por la eliminación de duplicidades y competencias impropias». Con este objetivo, las medidas de la reforma en marcha afectan a las siguientes cuestiones:

Delimitación más precisa de las competencias de las EELL

Modificación de los arts. 2, 7, 8, 10, 25, 26, 27, 28, 31, 36, 86 y transitoria segunda de la LRBRL (LA LEY 847/1985). Se actualizan las competencias municipales, atribuyendo con precisión las que deben ser desarrolladas por los municipios, diferenciándolas con claridad de las estatales o autonómicas. Se trata de que las Entidades Locales no vuelvan a asumir competencias impropias, es decir, competencias que no les están atribuidas normativamente y para las que no disponen de financiación. Así, las competencias en materia de educación y sanidad de las Entidades locales pasarían a las Comunidades Autónomas, descargando (se supone) a los Ayuntamientos del coste de mantenimiento de estos edificios.

Además, se distingue entre servicios obligatorios y facultativos. Los municipios tendrán la garantía de una cobertura financiera suficiente para sus servicios obligatorios con un nivel estándar de calidad. Solo cuando estén garantizados financieramente los servicios obligatorios se podrán prestar servicios facultativos o realizar actividades económicas del art. 86 de la LRBRL (LA LEY 847/1985).

Precisión de los convenios entre las EELL y las demás AAPP

Modificación del art. 57 de la LRBRL (LA LEY 847/1985): los convenios por los que el Estado, las Comunidades Autónomas o cualquier Entidad Local deleguen el ejercicio de competencias en los municipios deberán ser aceptados expresamente por éstos y habrán de suponer una mejora en la eficiencia de la gestión pública. La delegación de competencias irá siempre acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria anual, que habrá de ser suficiente para cubrir los gastos que la actividad delegada suponga para la Entidad local. La Administración que delega se reservará los mecanismos de control precisos para asegurar la adecuada prestación del servicio delegado.

Potenciación del papel las Diputaciones Provinciales, Consejos Insulares o Cabildos y Comarcas

Se potencian, para la gestión de servicios obligatorios mínimos en municipios inferiores a veinte mil habitantes, cuando la gestión por parte de estos no alcance los niveles de calidad y eficiencia que se establezcan. Modificación de los arts. 31 (LA LEY 847/1985) y 36 de la LRBRL (LA LEY 847/1985). Calcula el Gobierno que esta medida supondrá un ahorro de 3.500 millones de euros.

Se suprimen las 3.725 entidades locales menores existentes

Serán absorbidas por los municipios de los que dependan. Modificación del art. 3 de la LRBRL (LA LEY 847/1985). Esta medida generará, en nuestra opinión, un conflicto al menos en cuanto la gestión y explotación de los bienes de las Juntas Vecinales y Parroquias, especialmente de los campos comunales, cuyo aprovechamiento corresponde al «común de los vecinos» (art. 2.3 del RBEL). De no articularse de manera que se evite que los rendimientos del patrimonio de los pequeños pueblos reinvierta en sus vecinos en lugar de los del núcleo de mayor población (dónde el político obtiene mayor rentabilidad en votos), esta medida contribuirá al despoblamiento del mundo rural.

Se eliminarán las mancomunidades cuya sostenibilidad financiera no esté asegurada

Sus competencias pasarán a ser ejercidas por las Diputaciones provinciales. No parece claro si afectará a todas o solo a aquellas que no presentan sus cuentas anuales (el 71,3%) y/o que no superen los criterios de evaluación. Por el contrario, no se suprime ningún municipio.

Se fortalece la figura del Interventor municipal

Dependerá funcionalmente de la Administración General del Estado, para dotarle de mayor independencia y objetividad, así como garantizar la legalidad y el control financiero y presupuestario. Se incluirán responsabilidades directas por su gestión. Supone esta medida la modificación del art. 92.2 de la LRBRL (LA LEY 847/1985) y su normativa de desarrollo. En la intervención parlamentaria del Presidente del Gobierno se alude a todos los funcionarios con habilitación de carácter estatal. Si la reforma se limita a recuperar la competencia estatal ahora trasferida a las CCAA, se seguirá sin garantizar la independencia en el ejercicio de las funciones reservadas a estos funcionarios. Es necesario una redefinición del régimen jurídico de la habilitación estatal, aclarando y fortaleciendo sus competencias, garantizando su existencia en todas las EEL en número proporcional a su presupuesto para poder ejercer adecuadamente sus funciones y, asegurando la independencia en su nombramiento y fijación de retribuciones. Además, es necesario reforzar el control externo de la actividad de las EELL sobre la base de los informes de estos funcionarios.

A esta cuestión, dedicaremos un artículo posterior.

Se impone el adelgazamiento del sector público local

Suprimiendo entes, organismos, sociedades, fundaciones y consorcios públicos, para racionalizar su número, profesionalizar su gestión y ahorrar costes. Se prevé un período transitorio hasta el 31 de diciembre de 2014 para que se corrija el déficit de estas entidades y se determina, en caso contrario, a fecha 1 de agosto de 2015 para su disolución. El Ministerio de Hacienda ya he requerido formalmente a muchos Ayuntamientos para que adopten medidas concretas en este sentido (1) .

Reducción del número de concejales y limitación de las retribuciones de Alcalde y Presidentes de Diputaciones

En las próximas elecciones municipales se eliminarán 21.338 concejales y ningún municipio no podrá tener más de 35 concejales (un 30% de los actuales). A tal efecto se modificará la LOREG (LA LEY 1596/1985). Se establecerá que ningún Alcalde ni Presidente de Diputación podrá cobrar más que un Ministro (68.981,88 euros) ni las retribuciones de la Corporación Municipal podrán suponer más del 0,6 por 100 del total de gastos del Presupuesto municipal; esta medida podría incluirse en la futura Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, sometida a una novedosa consulta pública en marzo de 2012 en el que se presentaron más de 3.600 aportaciones. No parece suficiente esa reducción (2) , habida cuenta de que el número de políticos en España es muy superior al de países como Alemania o Italia, con mayor población; tampoco se entiende por el mismo motivo que no se extienda la medida a los parlamentos nacional y autonómico, ni por qué se retrasa su aplicación a la próxima legislatura, cuando la exigencia del reajuste de las cuentas públicas es inmediato.

(1)

Pude verse al respecto el trabajo de P. ORtega Jiménez en el número especial de la revista El Consultor, de junio de 2012, «La repercusión de los planes de ajuste en la organización de las EEL», págs. 1429 y ss.

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(2)

Ya me pronuncié sobre esta cuestión en el artículo «Algunos apuntes sobre otras medidas contra el déficit público y en defensa del sistema funcionarial», El Consultor nº 12, julio 2010.

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