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Las claves de la transparencia en el 2016: propósitos para el primer año de la transparencia local

M.ª Concepción CAMPOS ACUÑA

Secretaria de Administración Local, categoría superior

El Consultor de los Ayuntamientos, Nº 2, Sección Zona Local / Observatorio de Transparencia, Quincena del 30 Ene. al 14 Feb. 2016, Ref. 191/2016, pág. 191, Editorial Wolters Kluwer

LA LEY 128/2016

Normativa comentada
Ir a Norma L 3/2015 de 4 Mar. CA Castilla y León (Transparencia y Participación Ciudadana)
Ir a Norma L 19/2013, de 9 Dic. (transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno)
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Resumen

Muchos pensaban que llegada esta fecha y una vez vencido el plazo de dos años otorgado por la Disposición Final Novena de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, se acabaría el ciclo de la transparencia. Pero no ha sido y no debe ser así. La llegada de la fecha límite determinaba, en teoría, el fin de una fase, la del proceso de implantación. Pero, dadas las características de las obligaciones legales, supone el inicio de la tarea más ardua, el mantenimiento y gestión de la información, en su doble vertiente, sin perjuicio de la mejora de la implantación ante el resultado constatado en muchas EELL

I. 10 DE DICIEMBRE DE 2015. EL INICIO DE UNA NUEVA ETAPA

Muchos pensaban que llegada esta fecha y una vez vencido el plazo de dos años otorgado por la Disposición Final Novena de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre (LA LEY 19656/2013), de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, se acabaría el ciclo de la transparencia. Pero no ha sido y no debe ser así. La llegada de la fecha límite determinaba, en teoría, el fin de una fase, la del proceso de implantación. Pero, dadas las características de las obligaciones legales, supone el inicio de la tarea más ardua, el mantenimiento y gestión de la información, en su doble vertiente, sin perjuicio de la mejora de la implantación ante el resultado constatado en muchas EELL.

En dicha línea de continuidad y mejora podemos aprovechar el inicio de un nuevo año para poner sobre la mesa las principales novedades y retos a los que nos enfrentaremos, o al menos, deberíamos enfrentarnos a lo largo del 2016.

II. LAS INICIATIVAS DE TRANSPARENCIA QUE VENDRÁN EN EL 2016

Sin perjuicio de las distintas iniciativas y actuaciones que pueden desarrollarse con carácter singular, desde el punto de vista de la regulación pueden diagnosticarse dos ejes: la normativa autonómica sobre transparencia y el desarrollo de las previsiones recogidas en la LTBG.

El marco normativo diseñado por el legislador estatal a través de la LTBG se ha visto completado con numerosas iniciativas de los legisladores autonómicos que se han unido a esta tendencia regulatoria, sumándose a las ya existentes previas a la normativa estatal. Pero no todas las CCAA han dictado o adaptado su normativa a la LTBG y en estos momentos se encuentran pendientes de tramitación en algunas de ellas, en tanto que otras se limitan al marco definido por el legislador básico.

Por otra parte, las previsiones de la LTBG no ofrecen respuesta a todas los aspectos regulatorios necesarios para garantizar el cumplimiento de las nuevas obligaciones. La ausencia de un régimen sancionador propio asociado a las de publicidad activa y publicidad pasiva y la falta de desarrollo reglamentario, así como la adecuada integración de sus previsiones en materia de Buen Gobierno en el ordenamiento jurídico, deberían marcar el horizonte del legislador estatal para dar una labor de continuidad al proceso de transformación iniciado con la LTBG.

1. Normativa estatal básica: asignaturas pendientes

A nivel de la normativa estatal básica y sin perjuicio de otras oportunidades para mejorar el marco legal podemos destacar tres puntos y asignaturas pendientes:

  • Desarrollo reglamentario de la LTBG

    En algún punto del camino normativo se encuentra el proyecto de reglamento de la LTBG que, tras ser sometido a consideración de diversos órganos consultivos, entre ellos el propio CTBG, que finalmente no ha visto la luz antes del fin de la legislatura, por lo que será uno de los temas claves en materia de transparencia para el nuevo gobierno que se constituya como resultado de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 (1) .

  • Régimen sancionador

    El desarrollo de un régimen sancionador que permita dotar de mayor eficacia a las previsiones recogidas en la LTBG constituye, sin duda, una de las actuaciones necesarias para completar la eficacia de la normativa estatal sobre transparencia. Aunque algunas normativas autonómicas sí contemplan un régimen sancionador y a las EELL en su ámbito subjetivo de aplicación, por lo que por esta vía se dará solución, no es el caso de todas las CCAA. Esta situación afecta directamente a la eficacia de la LTBG, pues la ausencia de fuerza coercitiva resta un importante grado de refuerzo a su cumplimiento.

  • Aplicación de la regulación del Buen gobierno.

    A pesar de la entrada en vigor con carácter inmediato de la regulación recogida en el Título II LTBG, relativo al Buen Gobierno, en diciembre de 2013, su contenido no ha demostrado demasiado impacto en el funcionamiento de las Administraciones Públicas. Al lado de la existencia de otras normativas dotadas de mayor claridad en su aplicación y transversales a las obligaciones de buen gobierno, como por ejemplo la referida al tema de incompatibilidades, en el caso de las EELL se añaden dificultades aplicativas en cuanto a su ámbito subjetivo y al régimen orgánico en la tramitación de los expedientes sancionadores.

2. Transparencia autonómica: reforzando el marco normativo

Además de la aprobación de diversas autonómicas que se encuentran en tramitación, entre las que se encuentran el Anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, el Anteproyecto de Ley de Integridad y Ética Pública de Aragón o el Anteproyecto de Ley de Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno del Sector Público del País Vasco, durante el año 2016 entrarán en vigor otras normas que ya han sido objeto de aprobación, como la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Otras CCAA todavía carecen de normativa propia en materia de transparencia: Baleares (2) , Asturias, Madrid, Castilla-La Mancha y Cantabria. De entre las mismas, ya se han iniciado los trabajos de elaboración para su aprobación en algunas de ellas:

Otro aspecto de relevancia regulatoria es el papel de los órganos de control sobre la actuación de las EELL en materia del ejercicio del derecho de acceso y la tramitación de la reclamación previa prevista en el art. 24 LTBG. En la actualidad, no todas las CCAA han definido el órgano de control y garantías en ejercicio de este derecho, por lo que ante la pretensión ciudadana de reclamar frente a la desestimación, expresa o presunta, de las solicitudes de acceso, se van a encontrar indefensos. Galicia, entre las más recientes, ha incorporado a esta tarea la figura del Valedor do Pobo, siguiendo el modelo de la Ley 3/2015, de 4 de marzo (LA LEY 3655/2015), de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León con el Procurador del Común, mientras en otras, como la Comunidad de Madrid todavía no se ha definido el modelo, que ha pasado de ser inicialmente con el Tribunal de Contratación Administrativo a la creación de un órgano ad hoc de control.

III. APROVECHAR LAS SINERGIAS NORMATIVAS: LEY DE TRANSPARENCIA, LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO

La aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (LA LEY 15010/2015), de Procedimiento Administrativo Común (LPAC) y Ley 40/2015, de 1 de octubre (LA LEY 15011/2015), de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP (LA LEY 15011/2015)), se encuentra ampliamente conectada con los objetivos de la transparencia a través de un elemento común: la administración electrónica. La obligación de ejercer la transparencia on line y el ejercicio del derecho de acceso preferentemente por vía electrónica, sitúan el grado de implantación de la administración electrónica en un factor de medida de la transparencia en las EELL. En octubre de 2016, las EELL, todas con independencia de su tamaño y recursos estarán obligadas a la tramitación íntegramente electrónica de sus expedientes.

La sinergia normativa puede observarse desde una doble perspectiva: formal y material:

  • En el ámbito más formal, se encuentra la invocación a lo largo de las dos normas que concentran la reforma administrativa a la transparencia, como nuevo principio de regulador y de actuación.

    Señalada ya en la Exposición de Motivos de la LPAC la aprobación de la LTBG como una de las causas que aconsejan la reforma, su incorporación como principio regulador se produce tanto a nivel organizativo y funcionamiento de las AAPP, así como uno de los ejes de la mejora de la calidad normativa impuesta por el nuevo Título VI.

    Este nuevo marco regulatorio exigirá a las EELL la revisión de su propia normativa. La LTBG partía ya, en su Disposición adicional segunda, de un mandato de revisión y simplificación normativa para que la AGE acometa dichas acciones y, en su caso, proceda a una consolidación normativa de su ordenamiento jurídico. Para ello, debe efectuar los correspondientes estudios, derogar las normas que hayan quedado obsoletas y determinar, en su caso, la necesidad de introducir modificaciones, novedades o proponer la elaboración de un Texto Refundido, de conformidad con las previsiones constitucionales y legales sobre competencia y procedimiento a seguir, según el rango de las normas que queden afectadas. A dicho fin, se atribuía a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes la elaboración de un Plan de Calidad y Simplificación Normativa y se encargará de coordinar el proceso de revisión y simplificación normativa respecto del resto de Departamentos ministeriales (3) .

    Pues en la misma línea la entrada en vigor de la LPAC determina en su Disposición final quinta la necesidad de una adaptación normativa, al establecer que en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley, se deberán adecuar a la misma las normas reguladoras estatales, autonómicas y locales de los distintos procedimientos normativos que sean incompatibles con lo previsto en esta Ley. Y por otra, la revisión de la normativa al imponer a las AAPP la obligación de revisión periódica de la normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas art. 130. En el ámbito local, dichos mandatos legales se traducen en la obligada revisión de reglamentos y ordenanzas para verificar su adecuación al nuevo marco legal, que también puede afectar a las Ordenanzas de Transparencia u otros instrumentos reguladores que contemplen este tipo de obligaciones.

  • En el ámbito material, la vinculación se produce a través de la conexión de la administración electrónica en el cumplimiento de la LTBG en su doble vertiente: publicidad activa y pasiva. La publicidad activa sólo se puede ejercer on line, a través de la página web o sede electrónica de la respectiva entidad local, y la publicidad pasiva, de ejercicio preferentemente por vía electrónica. Pero tanto en uno como en otro caso, la implantación definitiva de la administración electrónica a través de un gestor de expedientes, y una adecuado sistema de política documental serán claves para ofrecer la información de forma clara, estructurada y accesible. Así lo afirma la propia Exposición de Motivos cuando señala que la constancia de documentos y actuaciones en un archivo electrónico facilita el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, pues permite ofrecer información puntual, ágil y actualizada a los interesados.

En este aspecto la LPAC mantiene el derecho de acceso en el catálogo de derechos de los ciudadanos en el art. 13 d) de la LPAC con la regulación anterior d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la LTBG y el resto del Ordenamiento Jurídico, concretado en el art. 53 para los que ostenten la condición de interesados en el procedimiento.

Como muestra de la interrelación a nivel de mayor detalle, podemos señalar la delimitación del objeto del derecho de acceso mediante la definición explícita el expediente electrónico en el art. 70 LPAC, incluyendo una previsión que puede resultar trascendental en la aplicación de una de las causas de inadmisión de la LTBG, art. 18.1 b), como es la relativa a encontrarnos ante «información auxiliar o de apoyo», que se concreta en el apartado 3 del precepto citado LPAC:

«No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento».

Como elemento instrumental en garantía de una organización con información transparente la LRJSP (LA LEY 15011/2015) recoge, entre otros contenidos regulatorios, las relaciones interadministrativas electrónicas, que, en términos de seguridad e interoperabilidad, pueden facilitar el acceso a la información, considerando los distintos flujos de información existentes, en especial, entre las EELL y la AGE. Como ejemplo de ello, puede citarse la interconexión del Portal de Transparencia en la Nube con las diversas plataformas del Estado en las que se vuelca información de diversa índole, financiera, presupuestaria, en materia de contratación, etc.

IV. EL DESARROLLO DE LAS FÓRMULAS COLABORATIVAS. LA RED DE ENTIDADES LOCALES POR LA TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA FEMP

La «fiebre de la transparencia» ha hecho proliferar por doquier numerosos portales, el de la AGE, los de las CCAA, los de algunas Federaciones de Municipios, Diputaciones, y, por supuesto, los de numerosísimos ayuntamientos. Sin embargo, ello no se traduce forzosamente en más y mejor transparencia, quizás sea necesario en este punto aplicar técnicas de racionalización en la búsqueda de mejores proyectos, optimizando la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos.

Sin perjuicio de otras fórmulas colaborativas que funcionan con un alto grado de calidad, como la del OAC, Consorcio de Datos Abiertos de Cataluña, puede citarse el Proyecto conjunto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la FEMP, para ofrecer a las EELL un Portal de Transparencia en la nube, y la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana FEMP.

1. Portal de transparencia en la nube

Según lo expuesto en nota técnica del Observatorio de Administración Electrónica (OBSAE) sobre los orígenes del Portal de Transparencia y su reutilización para la Administración Local, a la fecha casi 1.300 entidades locales han solicitado formar parte de la comunidad de la «Transparencia Local», y se han adherido al servicio prestado por la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DTIC), siendo en la actualidad más de 700 los Portales que se están construyendo y que podrán ponerse a disposición de los ciudadanos en las próximas fechas, pendiente de actualización tras la decisión de habilitar el acceso a todas aquellas EELL que se encontraban en lista de espera (4) .

Señala la citad nota técnica que, a través de un sistema de software libre, se permite un desarrollo y adaptaciones propias a cada entidad, de tal modo que cada una de ellas dispone de un Portal público propio, que podrá gestionar mediante su propio Gestor de Contenidos, con su rama en el indexador de información, y podrá proveer para sus unidades la información necesaria, y de nuevo, en una única infraestructura, y como prueba de la utilidad de la colaboración y sobre todo, la reutilización del software, como estrategia general.

Toda la información indexada en el(los) portal de transparencia dispone de algunos indicadores que permiten la indexación de la información basada en dos categorías o taxonomías: el directorio común de unidades de la administración española, y las categorías temáticas del Esquema Nacional de Interoperabilidad, con el fin de evolucionar el portal a una Web 2.0.

2. Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana FEMP

En el ámbito local, se prevé la puesta en marcha de la actividad de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la FEMP, concebida como una herramienta a disposición de todas las EELL para la mejora de dos ejes en su funcionamientos: transparencia y participación ciudadana. Su creación en período preelectoral y la puesta en marcha del engranaje institucional ha reservado para el 2016 el despliegue de su eficacia.

Su finalidad es promover el avance de las políticas de transparencia, participación y colaboración ciudadana efectivas en el conjunto de entidades locales españolas para lograr marcos de convivencia estables y favorecedores del desarrollo económico y social de los territorios.

Para ello su actuación se articulará en torno a la consecución de un triple objetivo:

  • 1. Promover las políticas de transparencia, participación y colaboración ciudadana efectivas en el conjunto de entidades locales españolas con el fin de dar visibilidad a la actividad pública y conseguir un marco de convivencia estable para favorecer el desarrollo económico y social de los territorios.
  • 2. Facilitar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de participación ciudadana en el ámbito local, buscando implicación y compromiso con la acción pública de toda la sociedad.
  • 3. Reforzar la confianza de los ciudadanos en los gobiernos locales, asumiendo compromisos de buen gobierno y realización de prácticas ejemplares en los ámbitos de rendición de cuentas, participación en la toma de decisiones y diseño y evaluación de servicios públicos.

Si en el Observatorio del mes de diciembre de 2016 realizamos un balance del primer año de vigencia de la normativa en materia de transparencia en el nivel municipal, que seguro que lo haremos, será la ocasión para comprobar la eficacia de los distintos instrumentos colaborativos que se han puesto en marcha.

V. DIPUTACIONES PROVINCIALES Y TRANSPARENCIA. INDIP 2015

Con cierta frecuencia es común apelar al papel de las Diputaciones como ejes claves para la implantación de la transparencia municipal, olvidando, en ocasiones, que se trata también de administraciones públicas sujetas en sí mismas de las obligaciones impuestas por la LTBG.

En cuanto a la competencia instrumental de las Diputaciones para la implantación de la transparencia en su ámbito provincial, se han puesto en marcha distintos proyectos exitosos pero, pese al refuerzo competencial experimentado tras la LRSAL (LA LEY 21274/2013), no se observa la generalización del modelo. No debería tratarse de una cuestión de carácter discrecional que se sujete al margen de la decisión política por parte de cada una de las instituciones provinciales.

Pero como sujetos de las obligaciones de transparencia también son objeto del seguimiento de los distintos índices de evaluación, y, entre los diversos que se realizan en clara coherencia con el ITA, Transparencia Internacional España, cuenta con un índice propio para las Diputaciones, el Índice de Transparencia de las Diputaciones, el INDIP, que ha sido objeto de reciente publicación en su edición de 2015.

Como consecuencia del mismo se han puesto de manifiesto los siguientes resultados:

  • En promedio se observa un considerable aumento en la valoración final de las Diputaciones, pasando de la puntuación media obtenida en la anterior edición (2013) de 69,6 sobre 100, a la actual edición (2015), 81,7 sobre 100.
  • La creación de un Portal de Transparencia en prácticamente la totalidad de Diputaciones, como herramienta específica de publicidad, siguiendo la enumeración de indicadores que componen el INDIP.
  • Al igual que sucede con su homólogo para los Ayuntamientos, el ITA, el área que presenta mayores deficiencias y que, por tanto, debe ser objeto de mejora es la relativa a «Transparencia en las contrataciones».

Por otra parte, y pese a constituir una fuente de obligaciones legalmente exigibles desde diciembre de 2015, tampoco el conjunto de indicadores sistematizados bajo la denominación «Ley de Transparencia», expresamente referidos a los aspectos regulatorios de la LTBG, ofrecen un resultado satisfactorio

Ahora bien, el análisis y la formulación de conclusiones como consecuencia de este índice de evaluación, al igual que los demás elaborados por TI-España debe modularse con un filtro. Sólo es objeto de valoración si la información requerida está o no públicamente disponible, sin evaluar la calidad de la información publicada, ni suponer una evaluación respecto a la gestión de los gobiernos provinciales. Esta precisión es relevante, ya que publicar información, sin matices, no siempre es transparencia, puede ser objeto de hiperinformación, y no estamos ante una cuestión simplemente de orden práctico, pues la exigencia de que la información se ponga a disposición de los ciudadanos de forma clara, accesible y estructurada deriva de la propia normativa, tanto del art. 5 LBTG, como, en general, de la normativa autonómica.

¿Sabías qué?

Ley de Transparencia y Buen Gobierno Parlamento de Galicia

El Parlamento de Galicia ha aprobado la Ley de Transparencia y Buen Gobierno que viene a sustituir a la Ley 4/2006, de 30 de julio, de Transparencia y de buenas prácticas en la Administración Pública gallega. Galicia se suma así a la mayoría de las CCAA que han aprobado normativa en materia de transparencia actualizada al contexto actual definido por la LTBG y la demanda de la sociedad de medidas de regeneración, democrática.

La nueva norma, que entrará en vigor a los 20 días de su publicación, sin perjuicio del establecimiento de actuaciones sujetas a plazos más amplios. Se concentra en el sector público autonómico y no es de directa aplicación a las EELL, aunque sí se verán afectadas en algunos aspectos. Entre los más destacados, la determinación del órgano de control autonómico al que se encomendará la resolución de las reclamaciones previas en materia de ejercicio del derecho de acceso a la información pública: el «Valedor do Pobo», en su condición de órgano de designación parlamentaria. Sin duda un aspecto no menor, pues representa uno de los grandes retos que ofrece la normativa en materia de transparencia: el derecho a saber.

Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, de la Comunidad Autónoma Valenciana

Se ha procedido a la designación del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, de la Comunidad Autónoma Valenciana, previsto en los arts. 39 y siguientes de la Ley 2/2015, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana, como órgano que actuará con plena independencia funcional para el cumplimiento de sus fines.

Para su puesta en marcha se ha designado como presidente a Ricardo García Macho y como vocales de la Comisión Ejecutiva a Isabel Lifante Vidal, Emilia Bolinches Ribera y Lorenzo Cotino Hueso, conforme a lo acordado por el Pleno de las Cortes en sesión de 26 de noviembre.

Estudio Transparencia Local en Galicia. Red Localis

Con ocasión de la entrada en vigor de la LTBG Red Localis (http://www.redlocalis.com) ha publicado el documento «Abriendo puertas y ventanas de los ayuntamientos. Más transparencia para un gobierno local mejor», disponible en el siguiente enlace:

http://media.wix.com/ugd/60c8a3_22b9d2961df548999bcb41d1f2cfb270.pdf

En el estudio se aborda el tema desde una perspectiva propia, partiendo del análisis de las peculiaridades socioeconómicas, geográficas y demográficas de los ayuntamientos gallegos, y de los datos obtenidos de una encuesta de elaboración propia de Red Localis. Como resultado del mismo se pone de manifiesto la dificultad de las entidades locales gallegas para hacer frente a los retos derivados de la transparencia, por lo que en el mismo se formula un decálogo de propuestas para la mejora de su implantación.

•- Índice de Transparencia Diputaciones 2015

Puedes consultar los resultados del INDIP 2015 en el siguiente enlace http://transparencia.org.es/indip-2015-2/

En el mismo dispones de la información desagregadas sobre distintos factores:

  • Índice de Transparencia de las Diputaciones (INDIP) 2015: Objetivos y características básicas
  • Resultados del INDIP 2015: aspectos más destacados
  • Preguntas más frecuentes sobre el INDIP

    Detalle de los resultados del INDIP 2015

  • Ranking de transparencia global
  • Ranking de las seis áreas de transparencia
  • Puntuaciones medias en las seis áreas de transparencia
  • Puntuaciones de cada Diputación en las seis áreas de transparencia
  • Segmentación de las Diputaciones por CCAA y por grupos de tamaño
  • Proceso general de implantación del INDIP
  • Metodología utilizada en el INDIP 2015
  • Cuadro general de áreas e indicadores de transparencia 2015
  • Las 45 Diputaciones evaluadas
  • Evolución puntuaciones INDIP 2012 a 2015

«Protagonistas de la Transparencia»

Hemos iniciado una nueva sección, de momento audiovisual, «Protagonistas de la Transparencia» en la que entrevistaremos a destacados personajes en materia de transparencia para que nos aporten su visión acerca de la situación actual y las claves para la mejora y construcción de una administración pública transparente y cuya presentación se encuentra disponible en formato audiovisual https://www.youtube.com/watch?v=OXyK4zn-fNc

En la primera de las entrevistas, disponible en el siguiente enlace, Borja Colón de Carvajal Fibla, Jefe del Servicio de Innovación y Administración Pública de la Diputación de Castellón nos habla del papel de las Diputaciones Provinciales en materia de transparencia y cuál es su rol, no sólo como destinatarias de las obligaciones legales, sino como entes instrumentales frente a los municipios de su provincia.https://www.youtube.com/watch?v=TJH6HzMReJM.

Y decimos que de momento es audiovisual, porque nuestra intención es, en un futuro cercano, transcribir el contenido de las entrevistas en esta misma sección de la revista.

(1)

En el siguiente enlace puede consultarse el proyecto reglamentario http://www.crisisycontratacionpublica.org/wp-content/uploads/2015/08/Borrador-de-Reglamento-de-desarrollo-de-la-Ley-de-transparencia.pdf

Ver Texto
(2)

Aunque en este caso cuenta con la Ley 4/2011, de 31 de marzo (LA LEY 6957/2011), de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Baleares.

Ver Texto
(3)

Puede consultarse en el siguiente enlace http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/Presup/PGE2015Ley/MaestroDocumentos/PGE-ROM/doc/1/3/19/3/2/6/N_15_E_R_31_125_1_2_3_1912O_C_1.PDF

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(4)

Datos ofrecidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. http://administracionelectronica.gob.es/ctt/transparencia#.VoT1L4RF1p8

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