PRIMERO.- GESTION POR ENTIDAD URBANÍSTICA
El ayuntamiento de Marugan aduce la falta de legitimación pasiva, al no tener relación alguna con el mantenimiento y conservación del lugar donde se produjo el accidente la actora.
Tal y como señala la SALA CA DE ANDALUCIA" Pues bien, en atención a las precisiones que anteceden, y habiendo de considerarse que el punto de la calzada donde ocurrió el accidente se encontraba dentro del ámbito de actuación de la Junta de Compensación del Plan Parcial Bola de Oro -una de las entidades urbanísticas colaboradoras del R.D. 3288/1978, de 25 de Agosto, art. 24 -, se ha de entender procedente para la Sala el dictado de una sentencia desestimatoria del recurso contencioso- administrativo formulado, al no poder deferirse responsabilidad por el hecho acaecido a la Corporación Local demandada, de la que no dependía a la fecha del siniestro la labor de mantenimiento y conservación de la calzada del litigio, y sí a la Junta de Compensación antes mencionada , pues no en balde se explicita en el R.D. 3288/1978 aludido -Reglamento de Gestión Urbanística- " el reconocimiento de las respectivas Entidades urbanísticas colaboradoras..., que habrán de constituirse obligatoriamente cuando el deber de conservación recaiga sobre los propietarios concernidos (art. 25 de la norma) -como ocurre en el caso, en el que no se ha puesto en duda la efectiva constitución en su día de la entidad urbanística de referencia-, correspondiendo tan sólo " la conservación y mantenimiento a la Administración actuante..., una vez que se haya efectuado la cesión a la misma de las obras de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los servicios públicos ..." (Art. 67 del R.D .), lo que no había ocurrido en el caso con respecto del punto concreto de ocurrencia del hecho, y con independencia de que, en su caso, hubiera otorgado licencia de ocupación de ciertas viviendas del complejo, lo que no desvirtúa la obligación de conservación y mantenimiento determinada por la norma.
Habiendo venido a establecerse en el art. 8 del R.D . de referencia, a modo de principio general y en el sentido interpretado que " las Entidades Urbanísticas colaboradoras podrán realizar tareas de conservación y administración de unidades residenciales creadas y de bienes y servicios que formen parte de su equipamiento..." y que " la Administración del Estado fomentará la iniciativa privada en la ejecución de los planes y la participación ciudadana en todas las fases de la gestión del urbanismo...".-
En el presente procedimiento, del expediente administrativo 8 folio 25 y 26) consta que la labor de mantenimiento del lugar donde tuvo lugar el accidente de la Sra. Marí Juana , no era realizada por el ayuntamiento de Marugan, sino por la Entidad urbanística de conservación AGLOCOFISA SL, encargada del mantenimiento, conservación de las instalaciones de la IV fase, en cumplimiento de lo dispuesto en el plan parcial IV Siete Fuentes ampliación. A este efecto, se le dio traslado de la petición de responsabilidad patrimonial, y se emplazó para que compareciera en el presente procedimiento.
Por lo expuesto, el ayuntamiento de MARUGAN carece de legitimación pasiva en este procedimiento, dado que no tenía competencia en el mantenimiento y conservación de las instalaciones de la IV fase.
SEGUNDO.- Se impugna en este recurso contencioso la desestimación de la reclamación patrimonial por silencio administrativo frente a la reclamación del recurrente derivado de los daños causados derivados de la caída de la Sra. Marí Juana el día 3 de mayo de 2009 en la avenida Siete Fuentes nº 106, en la Urbanización Pinar jardín de Marugan.
Se pretende en este recurso contencioso-administrativo, la condena a la entidad urbanística de conservación Aglocofisa SL por los daños causados en la conservación de la avenida siete fuentes
Alega la parte actora, en fundamentación de la pretensión que deduce, los siguientes motivos: concurren los presupuestos para la declaración de la responsabilidad patrimonial de la entidad urbanística , pues consta que se han producido daños personales por un defectuoso funcionamiento de los servicios públicos
La entidad urbanística no ha comparecido al presente procedimiento, constando emplazada en el expediente administrativo y en el procedimiento contencioso.
La demandante interpone el presente recurso contencioso administrativo por entender que debe declararse la responsabilidad patrimonial de la Administración por razón del daño personal que considera imputable al deficiente funcionamiento del servicio público, en concreto de la falta de funcionamiento de los servicios municipales de la Administración demandada, producidos por falta de conservación o mantenimiento en la avenida donde se produjo el accidente
El artículo 106.2 de la Constitución Española establece que "los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". Del mismo modo el artículo 139.1 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece idéntico derecho , dentro del sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas, y en cuya virtud "1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. -2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas
Debe recordarse, en primer lugar, que, según viene señalando la jurisprudencia, para apreciar la existencia de la responsabilidad patrimonial de la Administración son precisos los siguientes requisitos:
a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupos de personas.
La realidad del accidente aparece acreditado por la declaración testifical obrante en el expediente administrativo, coincidente todos ellos en la causa de la caída de la Sra. Marí Juana era el mal estado de la vía, al existir un trozo de hormigón que sobresalía de la vía que había en la calzada, produciendo la caída de la recurrente.
El periodo de curación es el que obra en el expediente administrativo, consistente en un proceso curativo durante 85 días
b) que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando el nexo causal.
Nuestro Tribunal Supremo ha venido refiriéndose con carácter general a un carácter directo, inmediato o exclusivo para particularizar el nexo causal entre la actividad administrativa y el daño o lesión que debe concurrir para que pueda apreciarse responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, no queda excluido que la expresada relación causal - especialmente en los supuestos de responsabilidad por funcionamiento anormal de los servicios públicos- pueda aparecer bajo formas mediatas, indirectas o concurrentes, circunstancias que pueden dar lugar o no a una moderación de responsabilidad (Sentencias de 8 de enero de 1.967; 27 de mayo de 1.984; 11 de abril de 1.986; 6 de octubre de 1.998; 6 de febrero de 2.001). De este modo, tendrán que ser las circunstancias las que definan la realidad y alcance de los posibles responsables"
De la prueba practicada ha quedado acreditada por la manifestación de las testificales, y de la propia reclamación formulada, que el lugar del accidente se produce en la avenida siete fuentes, de la urbanización Pinar Jardín de Marugán en el tramo destinado para vehículos, existiendo zona de aceras. A este respecto, la fotografía obrante en el folio 24, acredita la existencia de una acera, por la que se podía andar los peatones, sin que existiera imposibilidad de transitar por la misma.
En el folio 23 del expediente administrativo, viene a ratificar la declaración testifical, identificando el lugar del accidente, en una pequeña mancha de cemento, que existe junto al canal de desagüe (fotografía nº 24), atribuyendo la existencia de este resto de cemento o de hormigón a alguna hormigonera que pasara por allí u otra máquina de construcción.
Se desprende de lo expuesto que la actora ha de asumir los perjuicios derivados de La caída , pues transitaba por un lugar no adecuado para tal fin, como es dicha calzada, existiendo una acera habilitada para el paso de peatones y que no presentaba ningún desperfecto en la zona en que, al parecer, tuvo lugar la caída , por lo que ha de concluirse que la lesión sufrida no es antijurídica, pues la recurrente asumió los riesgos que comportaba circular por una calzada habilitada para la circulación de vehículos , zona por la que no debía, en principio, transitar la actora, siendo ella misma quien con su conducta se puso en situación de riesgo, asumiendo con su conducta, la posibilidad dañosa, al no acreditarse ni practicarse prueba en el seno del expediente administrativo o en el proceso contencioso, tendente a acreditar que la acera en el lugar en el que se produjo el accidente fuera intransitable.
Hemos de tener en cuenta, tanto la existencia de una buena visibilidad, al producirse antes de las 10 horas del día 3 de mayo de dos mil nueve (folio 6 expediente administrativo), lo que denota la máxima luz en esa época, y si opta por circular por un lugar no habilitado para ello, debe tomar las medidas necesarias de seguridad, observando el estado de la vía, siendo observable en la persona que cruza por la calzada, destinada a vehículos, una adopción de medidas de seguridad concreto, el art. 124 del Reglamento General de Circulación dispone que: "1º. En zonas donde existen pasos para peatones, los que se dispongan a atravesar la calzada deberán hacerlo precisamente por ellos, sin que puedan efectuarlo por las proximidades..." y se añade: "2º. Para atravesar la calzada fuera de un paso de peatones, deberán cerciorarse de que pueden hacerlo sin riesgo ni entorpecimiento indebido.
Como señala la sentencia de la Sala Contencioso- Administrativo de Baleares "La Administración municipal debe extremar el cuidado en que aquellas zonas destinadas al paso de peatones (aceras, pasos de cebra, paseos, ...) cumplan unas condiciones de regularidad en el pavimento tales que no constituyan riesgo a quien transita por ellas en la confianza de que se encontrarán en perfecto estado. Ahora bien, en zonas inidóneas para el paso de peatones, el Ayuntamiento ya no debe extremar dicho celo y el riesgo corre a cuenta de quien decide cruzar la calle prescindiendo del cercano paso de cebra y transitar por tramo no destinado al paso de peatones.
A esta solución se llegó en sentencia Nº 80 de fecha 30.01.2004 para un supuesto prácticamente idéntico.
Pero es que además, al caso le sería de aplicación lo ya indicado en sentencia de esta Sala Nº 88 de fecha 31.01.2003: "es relevante que la irregularidad se encuentra inmediata al bordillo de la acera , del modo que ya existiendo el desnivel de unos 10-15 cms. del bordillo, no debe ser relevante la irregularidad en el asfalto de una profundidad de 5 cms. La recurrente no concreta si se dirigía a subir o bajar el bordillo, pero en cualquier caso si se cayó no lo fue por la irregularidad del asfalto sino por la falta de cautela en la deambulación y más concretamente al subir o bajar el bordillo.
Con lo anterior se quiere precisar que una irregularidad de unos 5 cms. en la acera o en lugar plano, puede tener carácter sorpresivo y causa de accidente, pero cuando -como en el caso que nos ocupa- se encuentra frente a un obstáculo como es el bordillo que precisa de una especial atención para subirlo o bajarlo, la irregularidad del asfalto no es la causa de la caída sino la falta de atención de quien lo sube o baja."
La caída pues, no tiene su causa en la inadecuada actuación municipal sino en la culpa exclusiva de la víctima que: 1º) decidió cruzar la calzada por lugar inidóneo; y 2º) no adoptó especiales medidas de cuidado en atención a cruzar por lugar no preparado para el paso de peatones.
Por lo expuesto, procede desestimar el recurso contencioso-administrativo, declarando ajustada a derecho la resolución impugnada.