En el ámbito del derecho urbanístico, la renuncia a un derecho o el desistimiento de una solicitud aun no resuelta, al amparo del art. 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, es un ejemplo de la terminación de un procedimiento administrativo.
- Planteamiento
Por el titular de una licencia urbanística se presenta escrito renunciando a la misma, solicitando que se deje sin efecto, a la vez que comunica que las obras no han comenzado, solicitando la devolución del importe ingresado correspondiente al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, así como a la tasa por licencia urbanística.
Cuestiones a resolver:
¿Cómo ha de procederse para dar respuesta a la renuncia? ¿Y si en vez de renuncia fuese un escrito de desistimiento? ¿Procede la devolución del impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras?
Soluciones legales
Tanto el desistimiento de una solicitud, como la renuncia a un derecho es una potestad que tiene todo interesado, reconocida en el art. 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Al concederse la licencia de obras, el titular de la misma puede ejercer su derecho a renunciar a su derecho urbanístico concedido, y procederá aceptar la renuncia así como dejar sin efecto la licencia concedida, y anular la liquidación practicada por el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras al no haberse iniciado las mismas ("Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta." art. 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales), sin que esté fuera de plazo la petición de renuncia (anulación) de la licencia concedida, ni la anulación del importe a pagar, al no haberse devengado el mismo por no iniciar las obras.
Por lo que se refiere a la liquidación de la tasa por licencia urbanística, ha de tenerse en cuenta que el art. 26.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,(TRLRHL) dice que "las tasas podrán devengarse, según la naturaleza de su hecho imponible y conforme determine la respectiva ordenanza fiscal:
- a) Cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, o cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad, aunque en ambos casos podrá exigirse el depósito previo de su importe total o parcial.
- b) Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
En el caso de desistimiento no se tramitará expediente de devolución del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, salvo que este se haya ingresado mediante autoliquidación (art. 103.4 TRLRHL) junto con la presentación de la licencia de obras. En este caso se actuará igual que para el caso de la renuncia.
A tener en cuenta
- El desistimiento y la renuncia pone fin al procedimiento.
- Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.
- Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.
- La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.
- Normativa de aplicación
Normativa estatal
- Arts 84 y 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Art. 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.