ZARAGOZA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los responsables de Economía y Hacienda de los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Alicante, Santiago de Compostela, La Coruña y Badalona han firmado este jueves la Declaración de Zaragoza en la que se solicita al Gobierno de España una reforma de todo el sistema tributario de las administraciones locales para asegurar una mayor autonomía financiera.
Entre las peticiones que se trasladan al Gobierno central figura una Ley de financiación de los ayuntamiento "suficiente y sostenible con criterios de progresividad, justicia social y sostenibilidad medioambiental".
También reclaman la modificación de la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera "para que las necesidades sociales no estén subordinadas a los planes económico-financieros de reequilibrio previstos en dicha ley", según reza el documento.
En el texto, se expone que los ayuntamientos son las instituciones más cercanas a la ciudadanía y las que más competencias asumen. A pesar de esto, son las que menos asegurada tienen su financiación, en el marco de un sistema "injusto, discriminatorio e insuficiente que ni siquiera permite la progresividad fiscal". Dependen, básicamente, de impuestos que no pueden vincularse a la riqueza real y que, por tanto, "no son justos en su aplicación".
ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN
En otro apartado se indica que las administraciones locales deben asegurar servicios públicos de calidad, redistribuir la riqueza, atender las necesidades básicas de la población, generar espacios públicos urbanos sostenibles e inclusivos.
Asimismo, deben contribuir a nuevas formas de ocupación, producción y consumo que cuiden de las personas y el medio ambiente y tienen que asegurar el bien común, a pesar de lo cual "están siendo condenados a perpetuar la falsa idea de que privatizar lo público y gestionar desde lo privado es mejor para la sostenibilidad económica".
La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local "rompe" con el principio de autonomía municipal, que sigue siendo una causa pendiente de la democracia. Esta circunstancia legal "asfixia a los ayuntamientos" y "numerosas leyes merman la captación de recursos municipales en beneficio de organizaciones privadas o religiosas", continua el texto.
En la Declaración de Zaragoza se subraya que la citada ley "hace un auténtico ejercicio de ilusionismo jurídico para hacer desaparecer a partir del 1 de enero de 2016 las competencias de carácter social que venían prestando los ayuntamientos y que pasarán a ser de las Comunidades autónomas".
En este marco legislativo, añade, "ni el superávit de la administración local garantizaría beneficios sociales a la población, sino que el mismo deberá estar destinado a seguir saciando a los tenedores de deuda".
En este contexto, aunque un consistorio consiga cumplir con la amortización de la deuda y además genere superávit, no podrá invertir ese dinero en inversión social ya que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 12 sobre Regla de Gasto, exige que deberá servir para adelantar pago de deuda.
En este sentido, "es esencial el papel frustrante y desigualador del artículo 135 de la Constitución impuesto por poderes no elegidos y que confrontan con las necesidades básicas de la mayoría".
A su entender, los ayuntamientos "sufren sistemas tributarios y marcos legales agotados, no dan para más" y por eso "necesitamos crear las líneas básicas de un nuevo sistema de financiación local del siglo XXI", concluye la Declaración de Zaragoza.