La caída de precios de los inmuebles tras el pinchazo de la burbuja en el 2008 determinó que en los años posteriores se realizarán muchas transacciones con importes por debajo de las valoraciones fijadas por las haciendas autonómicas, lo que a su vez provocó que no pocos compradores fueran inspeccionados y sancionados al considerar las administraciones regionales que los compradores liquidaban el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales de forma insuficiente.
Se iniciaron en consecuencia numerosos recursos ante los tribunales económicos administrativos regionales que corrigieron en muchos casos una fragante injusticia dado que la causa de ello tenía su origen en el desplome de precios tras estallar la burbuja sin que las administraciones actualizaran sus valoraciones y no en intenciones defraudatorias de los compradores de inmuebles.
Los que consiguieron que con sus recursos se admitieran valoraciones más bajas y más acorde con el mercado les afecta especialmente la Resolución 03337/2018 del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) emitida el 14 de mayo de 2019. Aunque esta Resolución trata un conflicto relacionado con la liquidación del Impuesto sobre Sociedades, la liquidación de este tributo está estrechamente relacionada con la valoración de 5 inmuebles situados en Palencia que el TEAC considera nulas al existir unas previas valoraciones realizadas por la Junta de Castilla y León correspondientes a los mismos inmuebles.
A la hora de argumentar este criterio, el TEAC se apoya en la sentencia del Tribunal Supremo del 15 de enero de 2015 (recurso de casación para unificación de doctrina núm. 1370/2013 (LA LEY 426/2015)) que falló en diciendo lo siguiente:
«Si la Administración, en este caso, determinó el «importe real» de la enajenación en una determinada compraventa, viene vinculada cuando en las mismas circunstancias ha de determinar el «importe real» de la adquisición de la misma compraventa; y ese y no otro ha de ser el importe real de la adquisición a los efectos de calcular el incremento patrimonial de una segunda operación que parte ineludiblemente de un hecho determinante previamente delimitado y acogido por la propia Administración (…)
La Administración, en el caso que nos ocupa, dentro de las actuaciones inspectoras llevadas a cabo delimitó un determinado hecho que le sirvió de soporte para la liquidación practicada, al actuar de dicha forma delimitando una concreta realidad no puede prescindir de la misma por haber quedado vinculada por su actuación anterior, por lo que el «importe real» de una misma operación es un dato objetivo que no depende de la perspectiva desde la que se contemple, desde la del vendedor o desde la del comprador, y una vez delimitado despliega toda la fuerza vinculante que le otorga la propia actuación administrativa.
Aplicando similar criterio, el TEAC concluye en la reciente Resolución que «siguiendo el criterio jurisprudencial, el valor real de los bienes adquiridos, comprobado por técnico competente de la Administración Autonómica a efectos de la liquidación practicada a la sociedad por el concepto tributario Transmisiones patrimoniales Onerosas, vincularía a la Inspección en la determinación del valor de mercado correspondiente a dicha adquisición a efectos de determinar en el Impuesto sobre Sociedades el incremento de base imponible derivado de la transmisión lucrativa por la diferencia entre el valor escriturado y declarado».