Así lo señala el sindicato después de que la AIReF haya emitido su primer diagnóstico (sobre subvenciones) del proceso de revisión de gasto público encargado por el Gobierno, en el que señala que los controles están únicamente centrados en el control de legalidad, dejando de lado la evaluación de eficacia y eficiencia que también contempla la normativa vigente.
Los técnicos de Hacienda, que vienen planteando desde hace tiempo dicha propuesta, ven necesario un impulso político de primer nivel y la inversión de los necesarios recursos financieros y humanos en la IGAE, así como la asunción de mayores competencias para los cerca de 1.000 técnicos de auditoría y contabilidad que prestan sus servicios en el órgano de control interno.
Para la mejora del control del gasto público, Gestha aboga por la modificación de la actual estructura de la IGAE, dotándola de un modelo organizativo "más racional" en la atribución de funciones, que garantice la efectiva transparencia y eficacia de la función fiscalizadora.
Asimismo, ve necesario el reforzamiento y ampliación del control permanente y auditoría, con el establecimiento de procedimientos de control posterior, sistemáticos, no puntuales, destinados a verificar el cumplimiento de la legalidad documental y a permitir la investigación de irregularidades y corrupción, que puedan dar lugar a responsabilidades patrimoniales, contables o penales.
En este reforzamiento también ve preciso la puesta en marcha de auditorías operativas en todos los ámbitos de la Administración, que controlen la eficacia, economía y el uso eficiente de los recursos públicos, de manera que sus resultados repercutan en la asignación presupuestaria en futuros ejercicios, y el diseño y puesta en marcha de indicadores efectivos que midan la calidad del servicio, de forma que pueda ser controlada.
Igualmente, apuesta por la implementación de procedimientos de control que garanticen que los servicios públicos externalizados no pueden ser prestados en ningún caso con medios propios de la Administración de forma indefinida en el tiempo.
Para mejorar el control del gasto público también propone implementar las modificaciones normativas precisas para evitar que los entes públicos "escapen en mayor o menor medida de los necesarios controles a los que, como consecuencia de su financiación con recursos públicos, deben someterse".
RÉGIMEN DE EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES
Otras de sus propuestas pasan por el establecimiento de un régimen eficaz de exigencia de responsabilidades al gestor del gasto, así como del órgano que ejerce el control para evitar dispendios, gastos innecesarios o la inversión en infraestructuras poco viables o eficientes.
A su vez, ve necesaria la publicidad efectiva de la actividad desarrollada y acceso a los datos económicos comprobados, y establecer procedimientos para la coordinación efectiva entre los distintos órganos de control del gasto de las distintas administraciones territoriales, así como para dar publicidad de la actividad desarrollada por los mismos, habilitando herramientas que permitan tratar la información de las cuentas públicas.
Por último, anima a finalizar la privatización de las auditorías públicas, mediante la derogación de la disposición adicional segunda de la Ley General Presupuestaria de 2003 (LA LEY 1781/2003), por la que se autoriza a la IGAE a recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría para la ejecución de su Plan Nacional de Auditorías.