Isabel Desviat.- Una empresa en situación de disolución y liquidación puede ver denegada su solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaria sin necesidad de realizar estudios previos sobre si la empresa sufre o no déficit de tesorería, y si ese déficit es coyuntural o por el contrario estructural y permanente. Así lo ha manifestado el Tribunal Económico Central en una resolución dictada el pasado 24 de abril de 2019 (LA LEY 43098/2019), que establece criterio.
Antecedentes
La empresa, sociedad de responsabilidad limitada, había solicitado el aplazamiento de la deuda por IVA que mantenía con Hacienda, por un total de 10.364,50 euros. No disponía de tesorería para atender el pago a su vencimiento, y se pidió el fraccionamiento en 18 plazos mensuales. La solicitud fue denegada por considerarse que las dificultades de la empresa tenían carácter estructural que le impedirían hacer frente al pago. Además, la entidad se encontraba en fase de disolución y liquidación.
Tras ser recurrida la resolución, se interpuso reclamación económica administrativa ante el TEAR Andalucía, que dictó resolución estimatoria, anulando la resolución. A juicio del Tribunal Económico Regional, la denegación carecía de la debida motivación, limitándose a afirmar la existencia de dificultades económicas y financieras de carácter estructural que le impedían hacer frente a los pagos, sin realizar estudio alguno para fundamentar que la falta de liquidez del solicitante no era transitoria. Tan solo se basó en el incumplimiento de las obligaciones corrientes, situando al deudor solicitante en una situación de indefensión, sin que aportara datos concretos que avalaran su criterio.
Unificación de criterio - decisión del TEAC
La anulación del acto controvertido fue recurrida por la Administración (Departamento de Recaudación de la AEAT) al considerarla daños y errónea.
El TEAC revisa la legislación aplicable, y en concreto el artículo 65 LGT, sobre los aplazamientos y fraccionamientos de pago de deudas tributarias y los requisitos exigidos para su concesión (artículo 65 LGT).
"1.Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado tributario, cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos.
2. No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las deudas tributarias cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados.
Tampoco podrán aplazarse o fraccionarse las deudas correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta, salvo en los casos y condiciones previstos en la normativa tributaria.
Asimismo, en caso de concurso del obligado tributario, no podrán aplazarse o fraccionarse las deudas tributarias que, de acuerdo con la legislación concursal, tengan la consideración de créditos contra la masa.
Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refiere este apartado serán objeto de inadmisión.
(...)
Examina igualmente el artículo 44.1 del Reglamento (RD 939/2005 (LA LEY 1313/2005)), dedicado a regular el régimen de los aplazamientos y fraccionamientos, así como la jurisprudencia relevante, entre la que se destaca la STS de 12 de noviembre de 2009 (Rec. 6984/2003) (LA LEY 233179/2009), que señala que la falta de liquidez debe ser "transitoria", un concepto jurídicamente indeterminado, que exige un cálculo o análisis que permita fundamentar que la causa es estructural y no coyuntural.
Y también la STS de 15 de octubre de 2015 (Rec. casación 387/2014) (LA LEY 157059/2015), sobre la finalidad del aplazamiento y fraccionamiento, que es facilitar el mismo en los casos en que, por razones económicas, no puedan hacer frente al pago.
De todo ello extrae la conclusión de que aplazar o fraccionar una deduda es una excepción a la forma ordinaria de pago, pero también un derecho del contribuyente siempre que se cumplan los requisitos exigidos legalmente. La potestad de la Administración para resolver las solicitudes no son técnicamente discrecionales, sino que la decisión debe fundarse en los requisitos que la ley condiciona, y debe estar debidamente motivada.
En este caso, el obligado realizó su solicitud consignando el motivo de no disponer de tesorería para hacer frente al pago a la fecha de vencimiento, pero no aportó ningún documento que justificase esa falta de liquidez transitoria. La Administración no requirió la documentación necesaria y denegó directamente el aplazamiento.
Pero lo cierto es que se trata de una sociedad en proceso de extinción. Este proceso se inicia con la disolución: la sociedad continúa subsistiendo pero abandona la explotación comercial para dedicarse a la actividad conservatoria y liquidatoria. El proceso de liquidación consiste en que la sociedad disuelta lleva a cabo todas las operaciones necesarias para saldar y liquidar todas sus relaciones jurídicas y deudas contraídas.
Da la razón a la Directora recurrente cuando afirma que la "única actividad de una sociedad en disolución y liquidación es la tendente a la liquidación de sus activos y, por lo tanto, una sociedad en ese estado dejará de tener una actividad mercantil habitual generadora de recursos; una sociedad en liquidación no se dedicará a una intervención continuada en el tráfico mercantil".
Está por tanto ausente la viabilidad futura de la empresa. La sociedad carece de una actividad mercantil habitual generadora de recursos y su única actividad es la liquidación de sus activos.
En resumen, en estos casos la insolvencia no pueden entenderse como una situación transitoria, sino que las dificultades económicas de una entidad disuelta y en liquidación para hacer frente a una deuda deben calificarse como estructurales y no coyunturales. El recurso extraordinario de alzada para unificación de criterio es por tanto estimado.
(La situación jurídica particular de la empresa en ningún caso resulta afectada por la resolución dictada)
Criterio del TEAC
El TEAC fija el siguiente criterio: "Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento formuladas por sociedades disueltas y en liquidación pueden ser denegadas sin necesidad de realizar análisis o estudio específico de las dificultades económicas alegadas, al poderse calificar éstas en todo caso como estructurales, por ser este carácter consustancial a la situación de disolución y liquidación".