El pasado viernes día 31 de agosto, y gracias a la información recogida en la página web de la Moncloa con relación al Consejo de Ministros celebrado el mismo viernes, tuvimos conocimiento las autoridades locales, así como operadores jurídicos y técnicos sobre la aprobación del Real Decreto de transposición de Directivas en materia de pensiones, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros.
A priori nada hacía presagiar que entre sus líneas se ocultaba un auténtico caballo de Troya, capaz de modificar de un plumazo el plazo máximo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, para la entrada en vigor del registro electrónico de apoderamientos (art. 6 LPAC), Registro electrónico (art. 16 LPAC), Registro de Empleados Públicos Habilitados (art. 14 LPAC), Punto de Acceso General Electrónico (arts. 13, 43 y 53 LPAC, entre otros), así como el archivo electrónico único (art. 17 LPAC).
Dicha extensión de los efectos de la entrada en vigor de la LPAC se ha producido no con nocturnidad pero si en «agostosia», y ha generado una oleada de comentarios (más negativos que positivos todo sea dicho), pues a mayor detalle se produce cuando apenas falta un mes para la efectiva entrada en vigor de lo previsto en la Disposición Final Séptima de la LPAC.
Ante ello, y aun estando a la espera de conocer el texto que sea objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado, conocemos al menos la motivación que ha servido de justificación para dicha prorroga, cual es según la propia página web de la Moncloa antes citada:
«En particular, se requiere acordar entre las Administraciones Públicas competentes las opciones que permitan una verdadera interoperabilidad respetuosa con sus respectivos ámbitos de competencias. Este acuerdo será el marco para el diseño de los sistemas tecnológicos que han de dar soporte a los aspectos funcionales interoperables, que en el plazo actual de entrada en vigor no estarán adaptados a estas exigencias.»
La extensión de los efectos de la entrada en vigor de la LPAC se ha producido no con nocturnidad pero sí en «agostosia»
Sin embargo, se ignora (este que suscribe al menos), el concreto motivo de haber decidido ampliar dos años más, en lugar de seis meses, o en su caso un año, lo que respondería (cabe presuponer) a algún estudio o análisis.
Cabe del mismo pensar que la modificación prevista de la LPAC ha sido tratada, o al menos lo debería ser en breve, en el seno de la Comisión Sectorial de Administración Electrónica, en su condición de órgano técnico recogido en el seno de la Disposición Adicional 9º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público (LRJSP).
Y cabe del mismo modo pensar que la FEMP podrá trasladar a la Administración General del Estado la inseguridad que generan medidas del estilo acordada, siendo legítimo plantearnos si la próxima prórroga a acordar será quizás la concerniente a la obligación por parte de los licitadores, a partir del presente mes de septiembre, para el procedimiento abierto simplificado previsto en la letra a) del apartado 4 del artículo 159, de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro equivalente, tal y como se establece en el seno de la Disposición Transitoria tercera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público.
No obstante lo anterior, y salvo que el mencionado Real Decreto dictado en caso de extraordinaria y urgente necesidad (concepto jurídico indeterminado sobre el que no nos detendremos en las presentes líneas) por el poder ejecutivo será objeto de diligente convalidación por el poder legislativo, confiriéndose con ello plena certeza, garantía y seguridad jurídica a la norma aprobada por el Consejo de Ministros.
En este sentido es clara la redacción del art. 151 de la Constitución Española cuando indica que:
«El debate y votación sobre la convalidación o derogación de un Real Decreto-ley se realizará en el Pleno de la Cámara o de la Diputación Permanente, antes de transcurridos los treinta días siguientes a su promulgación».
Por ende, los pasos lógicos tras la publicación en BOE del día 4/09/2018, es esperar a la ulterior convalidación del Real Decreto por el poder legislativo para considerar plenamente operativa la modificación, con la cautela adicional de que no sea objeto de recurso jurisdiccional, en cuyo caso bien pudiera plantearse la suspensión de sus efectos.
La pregunta obligada para el operador jurídico tras todo lo anterior es ¿Y ahora qué?
En primer término conviene no olvidar que la Disposición Final Séptima contempla que para las materias indicadas los efectos se producirán a los dos años de la entrada en vigor de la Ley, esto es, no es obligatorio el cumplimiento hasta llegada dicha fecha, lo que no es óbice o excusa para que por parte de las Administraciones Públicas se continúe impulsando todas las actuaciones pertinentes para que de modo planificado se pueda garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas e interesados.
Conviene aquí recordar que el art. 13 de la LPAC, contempla como derecho de las personas:
- • A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración (PAGE).
- • A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
Con la prórroga acordada dichos derechos han quedado seriamente condicionados, por cuanto al PAGE no sería obligatorio hasta dentro de dos años, mientras que la asistencia en el uso de medios electrónicos se encuentra directamente relacionada con las oficinas de asistencia en materia de registros recogidas en el art. 16 de la LPAC.
No es baladí recordar que el PAGE se convierte en un «portal de entrada» obligatorio que permite al interesado conocer el órgano competente para la instrucción y resolución de su procedimiento, el sentido del silencio administrativo, el estado de la tramitación y los actos de trámite dictados; también acceder a (y obtener copia de) las notificaciones y documentos del procedimiento [arts. 44.4 y 53.1 a) de la LPAC].
Por tanto, no desplegando efectos hasta pasados otros dos años el registro electrónico general, pierde intensidad práctica la figura de los funcionarios habilitados, recogidos en el art. 12 de la LPAC, y que tienen, entre otras misiones poder realizar la identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo en representación de un interesado (no incluidos en los apartados 2 y 3 del art. 14) mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello.
Cabe en buena lógica pensar que se atribuirá en muchas ocasiones a estos funcionarios (no empleados laborales) el asistir (servir, atender, socorrer, ayudar) como servidores públicos a los interesados indicados en cuanto a la presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas.
No es óbice o excusa para que por parte de las Administraciones Públicas se continúe impulsando todas las actuaciones pertinentes
Junto a lo anterior se afecta la actuación en materia de asesoramiento para la presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas.
Ciertamente la ampliación del plazo inicial de dos años implicará que muchas Administraciones Públicas «relajen» su calendario de actuaciones, y su programa de trabajo, más aún cuando en el mes de mayo del próximo año 2019 los ciudadanos estamos llamados a las urnas para la elección de concejal@s y designación de Alcaldes y Alcaldesas, lo que implicará que no pocas Corporaciones Locales entiendan o decidan que este asunto pudiera incumbir a aquel que está por llegar, siendo quizás, y sólo quizás, más relevante al interés general acometer obras, inaugurar instalaciones o equipamientos públicos, conceder subvenciones y ayudas, impulsar convocatorias de selección y/o provisión de puestos de trabajo, o en su caso celebrar y organizar eventos.
Lógicamente no es buen ejercicio la generalización (siempre indicamos que cada Entidad Local es distinta), pero ciertamente la medida adoptada, y las condiciones y circunstancias que la rodean, muy probablemente constituirán un nuevo «palo en la rueda», a la aspiración contemplada en el preámbulo de la LPAC cuando nos indica:
«…. en el entorno actual, la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de gestión de los procedimientos sino que debe constituir la actuación habitual de las Administraciones. Porque una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico no sólo sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las garantías de los interesados. En efecto, la constancia de documentos y actuaciones en un archivo electrónico facilita el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, pues permite ofrecer información puntual, ágil y actualizada a los interesados.»
Desde nuestro modesto punto de vista, y no pasa de ser una opinión personal, debe mantenerse con una prioritaria preocupación desarrollar el Plan de Acción de Administración Electrónica acordado (ya sea formal ya informalmente) por las Entidades Locales, en línea con el Plan de Acción 2016-2020 de la Unión Europea, llamado a acelerar la transformación digital de la administración.
Debe de continuar siendo clara la apuesta por parte de las Diputaciones Provinciales o entes equivalentes por prestar a las pequeñas y medianas entidades la colaboración y sobre todo asistencia requerida para derribar definitivamente las barreras existentes en cuanto a garantizar los «derechos electrónicos».
Ciertamente sería profundamente positivo que las Corporaciones Locales continuarán con el ritmo de trabajo y actuaciones afrontadas para que llegado el mes de octubre de 2018 estuvieran adoptadas e implementadas todos aquellos actos, acuerdos, programas, y aplicativos que permitan garantizar un servicio efectivo a los ciudadanos (entiéndase también personas), con base a lo previsto en el art. 3 de la LRJSP.
No son de menor relevancia otros principios de actuación contemplados en el precepto, como la racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados, economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales, y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, todos ellos íntimamente conectados con el efectivo uso e implantación de la Administración Electrónica.
Subtitulamos el presente comentario con el interrogante: ¿Qué pasa con….todo, o ahora qué? Y sin perjuicio de lo indicado en líneas precedentes, es de tener presente lo establecido en el seno de las Disposiciones transitorias de la LPAC, especialmente al caso que nos preocupa ahora la Cuarta.
En esta se nos indica con meridiana claridad que: «Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, las Administraciones Públicas mantendrán los mismos canales, medios o sistemas electrónicos vigentes relativos a dichas materias, que permitan garantizar el derecho de las personas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones.»
Todos los canales, medios o sistemas que se encuentren vigentes a la fecha actual se integrarán en el elenco de derechos de las personas e interesados
En consecuencia todos aquellos canales, medios o sistemas que se encuentren vigentes a la fecha actual se integrarán en el elenco de derechos de las personas e interesados, y deberán de seguir por tanto manteniéndose e inclusive reforzando fruto de las mejoras y actualizaciones acometidas durante este tiempo.
Consideramos es una óptima oportunidad para que las Entidades Locales revisen su situación, valoren en qué punto se encuentran a la fecha actual, y adapten su calendario de trabajo o cronograma a los nuevos plazos, pero sin detener la sala de máquinas, pues sólo así creemos podrá continuar avanzándose en el logro del reto de disponer de una Administración Pública 100% libre de papel.
Especialmente delicada (por no emplear la expresión caótica), puede ser la consecuencia de esperar a tiempos mejores para abordar los cambios y reformas que implantar, ya que ello llevaría a muchas corporaciones a la gestión híbrida, parte en papel, parte en electrónica.
Sin perjuicio de que ello supondría duplicar recursos y esfuerzos, generándose además inercias poco positivas al principio de seguridad jurídica que tanto nos preocupa a los operadores jurídicos locales, repárese que incumbe a los Secretarios, así como Secretarios-Interventores la superior dirección de los archivos y registros de la Entidad Local conforme al art.3.2 l del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, por el que se aprueba el Régimen jurídico de los Funcionarios con Habilitación Nacional.
Ello implica que tanto el archivo electrónico, único, como el propio registro, electrónico, deban de contar con la supervisión del titular del puesto de Secretaria, o Secretaria Intervención en su caso, planteándose aquellas actuaciones que faciliten el cumplimiento de los derechos por parte de las personas, así como interesados.
Hasta que llegue ese momento a las autoridades políticas, personal directivo, Funcionarios de Habilitación Nacional, y demás actores presentes en la gestión del cambio de lo local, nos queda recordar la frase pronunciada por D. Manuel Zafra Víctor, cuando decía que en ocasiones piensas un caballo pero finalmente logras un camello. Desde tal óptica ciertamente pero ya nos quedará algo menos para disfrutar de un caballo.
Muy agradecido por el tiempo, siempre valioso, invertido en la lectura de este comentario, el cual se encuentra ciertamente condicionado por la premura obligada para que los lectores pudieran disponer del mismo a la mayor brevedad posible tras la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado.