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Mantener a un funcionario sin ninguna ocupación durante un largo periodo de tiempo es acoso laboral

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Mantener a un funcionario sin ninguna ocupación durante un largo periodo de tiempo es acoso laboral

Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia 6 Mayo 2019

Fecha última revisión: 15/6/2019

LA LEY 4964/2019

Deliberadamente y sin una finalidad legítima la Administración le marginó laboralmente, sometiéndole a un grave agravio comparativo y a un claro menosprecio y ofensa a su dignidad, conducta idónea para desprestigiarle ante los demás que constituye un trato degradante lesivo para su integridad moral.

Jurisprudencia comentada
Ir a JurisprudenciaTC, Sala Primera, S 56/2019, 6 May. 2019 (Rec. 901/2018)

Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia 56/2019, 6 May. Recurso 56/2019

Un funcionario del cuerpo de administradores civiles del Estado, tras cesar como Director del Gabinete del Presidente del Consejo de Estado, solicita su reincorporación a la Secretaría de Estado de Seguridad, centro donde tenía derecho a una reserva de puesto de trabajo.

El Ministerio del Interior promueve la creación de un nuevo puesto de “vocal asesor” en la Gerencia a fin de que pueda ocuparlo, pero el ahora demandante de amparo no recibe información sobre las atribuciones de su puesto ni encargo de tarea alguna, más allá de una simple gestión informativa; no es convocado a reuniones de trabajo, siendo el único funcionario de los destinados en la Gerencia en esta situación.

Solicitada en reiteradas ocasiones la asignación de responsabilidades o su traslado a otro destino y tras la jubilación de quien ocupaba la secretaría general de la Gerencia, el demandante pone en conocimiento del secretario general entrante la situación de marginación laboral en que se encuentra. Afirma que hay indicios de que la actitud del secretario general saliente responde a instrucciones del Ministerio del Interior de “no darle ni agua” y de hacerle la vida imposible; indica que incluso se han referido a él públicamente como “funcionario invitado”.

Siendo ésta la situación resulta inadmisible que la excusa de la Administración sea solo la disminución de la carga laboral de la Gerencia porque pese a esta supuesta reducción del volumen global de tareas se creó un nuevo puesto de “vocal asesor”.

No puede equipararse la total postergación laboral del recurrente en amparo con la simple reducción de trabajo de los funcionarios restantes. La inactividad a la que se ha sometido al demandante de amparo no puede calificarse de un hecho casual o imprevisto, al contrario, responde a una actuación administrativa premeditada.

La creación de un puesto de trabajo carente de competencias y la ulterior adscripción al mismo de un funcionario, que se ve obligado a permanecer durante cerca de un año y medio sin desempeñar actividad profesional alguna, son conductas que no vulneran el derecho a acceder al cargo público en condiciones de igualdad pero sí el derecho fundamental a la integridad moral del afectado.

Sin entrar a delimitar de nuevo el concepto normativo de “acoso laboral”, y aplicando el recogido en el protocolo aprobado por la resolución de 5 de mayo de 2011 de la Secretaría de Estado para la Función Pública, declara el TC que el funcionario merece la protección constitucional debida frente al trato degradante y/o lesivo a su integridad moral por haber sido por marginado laboralmente durante un periodo largo de tiempo sin que la Administración hiciera nada por remediarlo.

Reprocha la Sala que la sentencia impugnada haya elaborado su propio concepto de acoso laboral, al margen del fijado por quien tenía competencia para regularlo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el archivo de las actuaciones, por considerar que el concepto de acoso laboral debe reservarse a conductas extremas. Resultó objetivamente humillante que se archivara su denuncia y que se hiciera con el argumento de que pudo al menos manifestar su opinión durante el descanso funcionarial en una cafetería fuera de la Gerencia, admitiendo expresamente que los demás trabajadores despachaban individualmente dentro del edificio y tenían atribuido un ámbito funcional propio.

Valora especialmente el TC la intencionalidad, menoscabo y vejación, así como también la larga duración de la postergación laboral y la ausencia de motivo legítimo.

La Administración, deliberadamente, sin una finalidad u objetivo legítimo, con abuso de poder o arbitrariedad, marginó laboralmente al recurrente durante un periodo largo de tiempo, sometiéndole a un grave agravio comparativo y a un claro menosprecio y ofensa a su dignidad, conducta idónea para desprestigiarle ante los demás, provocarle sensación de inferioridad, baja autoestima, frustración e impotencia y, en definitiva, perturbar el libre desarrollo de su personalidad.

El TC concluye que la Administración ha lesionado el derecho a la integridad moral del funcionario, demandante de amparo, por marginarle laboralmente durante un periodo largo de tiempo, y anula las resoluciones administrativas y judiciales que han incurrido en la vulneración o no la han remediado.