TSJ Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 311/2018, 18 Jun. Recurso 143/2017
El TSJ ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el sindicato STAS-CLM, y ha declarado nulo el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, de 15 Dic. 2016, que modificó el art. 13.2 del Acuerdo Marco del Personal Funcionario del Ayuntamiento, relativo a la provisión de vacantes, para establecer una reserva para promoción interna de un mínimo del 50% de las plazas, frente a la redacción anterior, según la cual, si se ofertaban 4 o más plazas por cada categoría se reservaba a promoción interna el 25%, y si eran menos de 4 plazas se reservaba el 50%. Considera que la Sala que la reserva en ese porcentaje infringe el art. 169.2 TRRL, de carácter básico para las Administraciones Locales, que prevé una reserva para promoción interna del 25% fijo para la Subescala Técnica, un 50% fijo para la Subescala de Administrativa, y el sistema de oposición libre para la Auxiliar y Subalterna.
No comparte el Tribunal la defensa que de su acuerdo realiza el Ayuntamiento talaverano cuando afirma que el EBEP y la Ley 4/2011 de 10 Mar. (LEPCLM) han eliminado la previsión del art. 169.2 TRRL, declarada expresamente básica por la Ley 53/2002. Apunta que el EBEP se limita a recoger con carácter básico la posibilidad de la promoción interna, a indicar los requisitos para poder participar en ella y a remitir a las leyes autonómicas la articulación de los sistemas de promoción interna, absteniéndose de derogar expresamente dicho art. 169.2, pese a que su DDerog. no olvida el TRRL en sus previsiones.
En cuanto a la LEPCLM que, según el Ayuntamiento, establece el carácter general de la promoción interna para el acceso, indica el Tribunal que con esta observación olvida que su art. 65.4 afecta únicamente a ciertos Cuerpos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, inaplicables por completo a los de la Administración Local. A juicio del TSJ, es obvio que no puede entenderse que esta previsión sea aplicable a la Administración Local, pues se refiere solamente a la Junta de Comunidades y a sus concretos Cuerpos. Admite que el art. 2 de la Ley señala su aplicación a las Administraciones Locales, pero el precepto en cuestión alude sólo a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a sus Cuerpos, y de acuerdo con el art. 2.2, para su aplicación general, debería haber aludido a las "Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha", de manera que no hay posibilidad de aplicación fuera de lo que sería una aplicación puramente analógica.
Tal aplicación analógica, al entender de la Sala, está fuera de lugar porque, a falta de regulación por parte de la LEPCLM de cualquier límite, es claro que el art. 169.2 TRRL no ha sido derogado ni afectado, ni explícita ni implícitamente, ni por el EBEP, ni por la LEPCLM. Según la Ley 53/2002, ese artículo tiene carácter básico, por lo que no se trata de una norma que provenga de mera refundición de otra que se altera luego, sino de una norma con rango de ley que, por tanto, seguirá vigente mientras otra con el mismo rango no la derogue explícita o implícitamente.
Pone de esta manera de manifiesto que en la actualidad existe una regulación para los Cuerpos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, contenida en la LEPCLM, y otra para los Cuerpos de la Administración Local, que es la recogida en el art. 169.2 TRRL, vigente conforme a la Ley 53/2002 y no derogado explícita ni implícitamente por norma alguna posterior.
Así las cosas, termina el TSJ concluyendo que la norma aprobada es claramente ilegal, pues según el art. 169.2 TRRL, se reservará un 25% (como máximo y como mínimo) para la Subescala Técnica, un 50% (también máximo y mínimo) para la Subescala de Administrativa, y el sistema de oposición libre para la Auxiliar y Subalterna, de modo que no es posible pactar un 50% como regla general y obligatoria para todos los Cuerpos, y además, considerarla ampliable, como hace el nuevo art. 13.2 del Acuerdo Marco. En consecuencia, estima el recurso contencioso y declara la nulidad de pleno Derecho del texto modificado.