MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Villafranca de los Barros (Badajoz) ha reconocido el derecho del personal administrativo a recibir parte de la paga extra de Navidad retirada por el Gobierno en 2012, lo que supone la primera resolución favorable a los funcionarios, puesto que hasta la fecha sólo se habían producido resoluciones similares en beneficio del personal laboral.
Así lo indica en un comunicado el sindicato de funcionarios CSI-F, que concreta que a estos funcionarios se les devolverá la parte correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de junio (cuando se empieza a devengar la paga extra) y el 14 de julio, cuando entró en vigor el decreto de recortes, con lo que la parte devengada es la correspondiente a 44 días. En el caso del personal laboral, en cuyo caso el devengo de la paga comienza el 1 de julio, la parte devengada se limita sólo a 14 días.
"Se trata de la primera victoria sindical contra el decreto de recortes del Gobierno que se produce en el ámbito administrativo y, por tanto, afecta al personal funcionario. Hasta ahora las resoluciones positivas únicamente afectaban al personal que se rige por el Estatuto de los Trabajadores", indica CSI-F, que añade que "el Gobierno debe tomar nota".
La resolución tiene su origen en un recurso de reposición presentado por la Junta de Personal del Ayuntamiento y se suma a la cuestión de inconstitucionalidad planteada con fecha 1 de marzo en la Audiencia Nacional en relación a la empresa tabaquera Cetarsa, así como a la sentencia del 22 de enero del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la Agencia de Informática de esta comunidad autónoma.
CSI-F recuerda que el Juzgado de los Social número 1 de Mataró también se ha pronunciado recientemente sobre el asunto, sentenciando que la empresa pública de Aigües de Mataró debe igualmente devolver parte del recorte que aplicó en el sueldo de sus trabajadores en 2012.
Asimismo, apunta que estas decisiones coinciden con el criterio de la Defensora del Pueblo, que ha pedido al Gobierno que devuelva estas cantidades al conjunto de los empleados públicos.
"CSI-F ha utilizado los mismos argumentos de la sentencia en las diferentes demandas presentadas en todos los niveles de la Administración por lo que confía en que esta devolución se deberá producir a todos los trabajadores", apostilla el sindicato antes de avertir de que "llegará hasta el final".