Con la publicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público se avanza en la reforma del funcionamiento de las Administraciones Públicas con dos ejes complementarios:
-Las relaciones externas de la Administración con ciudadanos y empresas, del que se ocupa la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- La organización y relaciones internas dentro de cada Administración y entre las distintas Administraciones, en el que se centra la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las principales novedades para los ciudadanos:
- Se facilitan las relaciones electrónicas con la Administración, para lo cual se habilita la presentación de escritos en cualquier momento en el registro electrónico de cualquier Administración, con independencia de a quien se dirijan.
- Se simplifican los medios de identificación y de firma electrónica que se pueden utilizar para los trámites administrativos.
- Se reducen las cargas administrativas y se establece como regla general la no solicitud de documentos originales.
- Se establece un único procedimiento común y se prevé un procedimiento administrativo «exprés» para supuestos de menor complejidad, que reduce los plazos.
- Se generaliza para todos los procedimientos administrativos la posibilidad de reducir el importe de las sanciones por pronto pago o por reconocimiento de la responsabilidad.
Las principales novedades para las empresas:
- Las empresas se relacionarán obligatoriamente de forma electrónica con todas las Administraciones.
- Se reducen cargas administrativas, al no exigir como regla general documentos que hayan sido presentados con anterioridad o elaborados por la propia Administración
- En el ámbito estatal, se fija con carácter general una fecha común (enero y junio) de entrada en vigor de las normas que impongan obligaciones a profesionales y empresas para el desarrollo de su actividad económica o profesional.
Destacan también las medidas que profundizan en la transparencia:
- Creación de un inventario único y público de todos los organismos y entidades vinculados o dependientes de todas las Administraciones.
- Creación de un nuevo registro estatal en el que constará todo el listado de órganos de cooperación en los que participa la Administración General del Estado, así como de los convenios que el Estado tiene suscritos con otras Administraciones.
- Realización de una consulta pública a través de la web con carácter previo a la elaboración de las propuestas normativas.
Se establece un mayor control de las Administraciones Públicas:
- La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público simplifica el sector público institucional, racionalizando los tipos de entidades y organismos públicos que pueden existir en el ámbito estatal, y establece un más ágil y eficiente de transformaciones, fusiones, disolución, liquidación y extinción de entidades y organismos públicos estatales.
- Se crean nuevos controles sobre las entidades y organismos del sector público y se hace más exigente la creación de nuevos organismos y entidades estatales para evitar su proliferación injustificada.
- Se clarifica el contenido mínimo de los convenios suscritos entre Administraciones Públicas y se regulan los trámites e informes preceptivos a los que deben someterse, especialmente cuando conlleven aportaciones financieras, incluyendo la obligación de comunicación al Tribunal de Cuentas.
Entrada en vigor
La entrada en vigor de las dos leyes se producirá al año de su publicación en el BOE, sin embargo hay que tener en cuenta algunos plazos específicos:
1. En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
- Se establece una vacatio legis de tres años (hasta el 2 de octubre de 2018) para que produzcan efectos las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico (Disposición final sexta)
- En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley, deberán adecuarse a ella las normas reguladoras estatales, autonómicas y locales de los distintos procedimientos normativos que sean incompatibles con lo previsto en esta Ley (Disposición final quinta).
2. En la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (Disposición final decimoctava)
- Entrarán en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE (22 de octubre de 2015): el punto cuatro de la disposición final quinta (modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal), los puntos uno a once de la disposición final novena (modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre) y la disposición final decimosegunda (restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas)
- Entrará en vigor a los seis meses de la publicación en el BOE (2 de abril de 2016): el punto doce de la disposición final modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre).
-Entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el BOE (3 de octubre de 2015): la disposición final primera (modificación de la Ley 23/1982, de 16 de junio , reguladora del Patrimonio Nacional), la disposición final segunda (modificación del Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera), los puntos uno a tres de la disposición final quinta (modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal); la disposición final séptima (modificación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones); y la disposición final undécima (modificación de la Ley 20/2015, de 14 de julio), de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras
- La disposición final décima (de modificación de la disposición adicional décima tercera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013), también entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el BOE (3 de octubre de 2015), sin perjuicio de que los apartados Uno, primer y segundo párrafo; Dos; Tres, párrafos primero y segundo; Cuatro; Cinco, párrafos primero a cuarto y, Seis, surtirán efectos a partir del 1 de enero de 2013, y de lo dispuesto en el apartado Siete (que surte efectos a partir del 1 de abril de 2013).