El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha puesto en circulación el borrador de la Ley de Contratos del Sector Público, con la intención de que se planteen cuestiones, debates y se resuelvan las dudas que vayan surgiendo.
El borrador se encuentra en fase de informe por parte de los distintos Departamentos Ministeriales y es muy probable que, en breve, se pase a información pública/audiencia pública.
La transposición de las Directivas debería estar antes del 18 de abril de 2016, por lo que, para poder cumplir el plazo, el proyecto deberá pasar el filtro de las Cortes antes de que sean disueltas para las elecciones.
Los objetivos de la norma son:
- 1. Mejorar la relación calidad-precio, para lo cual se introducen nuevas consideraciones en la contratación pública, de manera que los órganos de contratación podrán dar prioridad a la calidad, consideraciones medioambientales, aspectos sociales o a la innovación, sin olvidar el precio ni los costes del ciclo de vida del objeto de la licitación.
- 2. Simplificación de los trámites, con menor burocracia para los licitadores y mejora del acceso para las pymes.
- 3. Normas más estrictas tanto en beneficio de las empresas como de sus trabajadores, de manera que las nuevas normas endurecen las disposiciones sobre esta materia en las denominadas ofertas «anormalmente bajas», con el objetivo de combatir el dumping social y garantizar que se respeten los derechos de los trabajadores, de manera que los contratistas que no cumplan con la legislación laboral podrán ser excluidos de las licitaciones.
- 4. Incorporación al ordenamiento jurídico español las Directivas (LA LEY 4612/2014) 2014/23/UE y 2014/24/UE, dejando la transposición de la Directiva 2014/25/UE (LA LEY 4614/2014) para otra ley específica.
- 5. Diseño de un nuevo sistema de contratación pública, más eficiente, transparente e íntegro, mediante el cual se consiga un mejor cumplimiento de los objetivos públicos, ya señalados, tanto a través de la satisfacción de las necesidades de los órganos de contratación, como mediante una mejora de las condiciones de los operadores económicos, así como un mejor servicio para los usuarios de los servicios públicos.
Las principales novedades que se presentan son:
- • En el ámbito subjetivo de aplicación subjetivo se han incluido entidades que no estaban sujetas, con el objetivo de evitar prácticas de corrupción. Así, se han incluido los partidos políticos, fundaciones vinculadas a éstos y organizaciones sindicales y empresariales.
- • En el ámbito objetivo de aplicación, se han estructurado de forma más definida los supuestos de contratos y negocios jurídicos no incluidos en la legislación contractual, aclarándose algunos supuestos, como los contratos patrimoniales y añadiéndose algún caso nuevo, como los contratos que tengan por objeto la realización de campañas políticas, que no seguirán las normas de esta Ley.
- • Se incluyen, en los contratos públicos, consideraciones de tipo social, medioambiental y de innovación y desarrollo. Se impone al órgano de contratación la obligación de introducirlas, pero se le deja en libertad para que pueda decidir si las incluye en cada contrato en concreto como criterio de adjudicación o como condición especial de ejecución. En ambos casos, su introducción debe estar supeditada a que se relacionen con el objeto del contrato a celebrar.
- • En el ámbito medioambiental, se exigen certificados de calidad a las empresas licitadoras, como condición de solvencia técnica.
- • Respecto de los temas sociales, se siguen regulando los contratos reservados a centros especiales de empleo, si bien se va a favorecer a las empresas que acrediten que cumplen con determinados estándares de igualdad entre hombres y mujeres y de medidas de protección de discapacitados.
- • En el ámbito de la innovación y desarrollo, destaca especialmente la introducción de un nuevo procedimiento de asociación para la innovación.
- • Se introducen medidas de lucha contra el fraude y la corrupción. Así, además de ampliarse el ámbito de aplicación de la Ley, se establecen nuevas circunstancias que conllevan prohibiciones de contratación, se suprime el procedimiento negociado por cuantía y se incluyen nuevas normas tendentes al fomento de la transparencia en los contratos. En este sentido, la nueva regulación de la figura del perfil de contratante es más exhaustiva y se le otorga un papel principal como instrumento de publicidad de los distintos actos y fases de la tramitación de los contratos de cada entidad; se regula el Registro de Contratos del Sector Público, en el que se inscribirán todos los contratos adjudicados por las entidades del sector público, siendo obligatoria, a dichos efectos, la comunicación de los datos relativos a todos los contratos celebrados por importe igual o superior a cinco mil euros.
- • Se amplía el espectro de casos en los que se puede utilizar la declaración responsable y se regula pormenorizadamente su contenido.
- • Se apuesta decididamente en favor de la contratación electrónica.
- • Entre las medidas en beneficio de las PYMES, destaca la posibilidad de que, previa previsión en los pliegos, el poder adjudicador compruebe el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista principal hace al subcontratista; así como el régimen más rigorista que, respecto de los plazos de pago, debe cumplir tanto la Administración como el contratista principal.
- • Se introduce una nueva regulación de la división en lotes de los contratos. De manera que invierte la regla general que se utilizaba hasta ahora: solo si no se divide, hay que justificarlo.