Este asunto se contempla en los arts. 25, 26 y 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), en su nueva redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre (BOE del 30), de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), y disposiciones concordantes que iremos analizando. En esta pregunta, nos referimos a la concreción de las cuestiones contenidas en el art. 25.

En primer lugar, hay que señalar que el aparatado ocho del art. 1 LRSAL le da una nueva redacción al art. 25 LRBRL. Así, en el apartado 1 del art. 25, desparece la cláusula de competencia o capacitación general que se contenía en el mismo desde la redacción inicial de la LRBRL en 1985. O, al menos, queda tan matizada que no se puede llamar de competencia general; al menos, como la entendíamos hasta ahora. Por aplicación de este precepto, dejan de tener competencia los municipios, antes amparada en la cláusula de competencia general o universal, en materias como empleo, juventud o comercio (salvo comercio ambulante) entre otras.

Dicho apartado 1 dispone: «El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo» (resaltamos en negrita para destacar la limitación de esa capacitación o competencia general limitada a los términos de este artículo).

En segundo lugar, el apartado 2 de este art. 25, en la nueva redacción, relaciona las materias en las que el municipio puede ejercer competencias (competencias propias); eso sí, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. Destacan algunas ausencias significativas respecto a la situación legal anterior, como información y defensa al consumidor. Son estas las materias:

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.
b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.
c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.
h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
j) Protección de la salubridad pública.
k) Cementerios y actividades funerarias.
l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.
m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.
ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

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