Contestación.—
La moción de censura constituye una proposición de tipo político que siempre que cumpla determinados requisitos, legalmente establecidos, determina como efecto, si prospera, primero el cese del Alcalde y segundo, dado el carácter constructivo de la misma, la elección de uno nuevo. A la destitución sigue el nombramiento.
La normativa que en esencia regula la cuestión, es la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio (BOE del 20), del Régimen Electoral General (en adelante, LOREG). El art. 197.2 se manifiesta en los siguientes literales términos:
«Ningún concejal puede firmar durante su mandato más de una moción de censura. A dichos efectos no se tomarán en consideración aquellas mociones que no hubiesen sido tramitadas por no reunir los requisitos previstos en la letra b) del apartado 1 de este artículo».
Conviene recordar los requisitos (junto al anterior) que deben de quedar acreditados al expediente administrativo, a saber:
- a) Que los concejales que proponen y firman la moción alcanzan la mayoría absoluta del número legal de componentes de la Corporación.
- b) Que no se encuentran afectados por la prohibición que, durante el plazo de seis meses, afecta a los concejales que hubieran votado a favor de la aprobación de un asunto al que el Alcalde hubiera vinculado una cuestión de confianza (art. 197 bis.8 LOREG).
- c) Que no han firmado durante su mandato ninguna otra moción de censura (art. 197.2 LOREG). No se toma en consideración la moción de censura presentada con ocasión de una cuestión de confianza vinculada a la aprobación o modificación de los presupuestos anuales (art. 197 bis.5).
- e) Que todas las firmas están autenticadas.
La STC 151/2017, de 21 de diciembre (, del Pleno, resolvió la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, respecto del art. 197.1.a) LOREG; cuyo párrafo tercero, en la redacción dada por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero (LA LEY 766/2011), se declara, con el alcance establecido en su FJ 8, inconstitucional. Acudiendo al referido fundamento jurídico, se advera que la nulidad derivada de la declaración de inconstitucionalidad debe quedaba diferida hasta la convocatoria de un nuevo proceso de elecciones locales, de conformidad con lo previsto en el art. 42.3 LOREG; periodo de tiempo en el que el legislador podía proceder, en su caso, a sustituir la norma declarada nula observando el contenido de este pronunciamiento.
En consecuencia, tras la celebración de las pasadas elecciones, ha adquirido plena eficacia la nulidad decretada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia de referencia, que recordemos acuerda la declaración de inconstitucionalidad del párrafo tercero del art. 197.1.a) LOREG determina que, en el momento inmediatamente anterior a la votación de la moción de censura en el plenario, debe satisfacerse el quórum del párrafo segundo de la letra a), siempre que alguno de los concejales proponentes de la moción haya dejado de pertenecer, por cualquier causa, al grupo político municipal al que se adscribió al inicio de su mandato y no forme o haya formado parte del grupo político municipal al que pertenece el alcalde cuya censura se propone (en función, esto último, de la especialidad definida en el párrafo segundo del mismo artículo).
En mérito de todo lo anterior y a tenor de la información facilitada, podemos concluir en una Corporación con nueve concejales y un concejal no adscrito, deberán firmar la moción de censura un total de cinco concejales; sin que compute para ello en ningún caso la firma de aquellos concejales que formaran o haya formado parte del grupo político municipal al que pertenece el Alcalde cuya censura se propone, no siendo equiparable a lo anterior el concejal no adscrito (que podrá formular válidamente la moción) por haber dejado de pertenecer, por cualquier causa, al grupo político municipal al que se adscribió al inicio de su mandato.
Repárese que el Tribunal Constitucional resumiendo, manifiesta que «la anomalía que ha incidido negativamente en el sistema democrático y representativo y que se ha conocido como "transfuguismo" no puede intervenirse por el legislador con restricciones al ius in officium (STC 9/2012) que impacten en el ejercicio natural del cargo público al amparo de la libertad de mandato con base en razones asociadas, sin adjetivos, a la vinculación orgánica o política, sin fundamentos añadidos. Sencillamente porque no es cierto que la desvinculación orgánica o política del grupo de origen desestabilice por defecto o sin excepción la vida municipal o modifique la voluntad popular. […] La norma, en suma, sujeta al concejal al grupo político de origen bajo advertencia de restricción de las funciones representativas básicas, sin que ese efecto responda inevitablemente a una defraudación de la voluntad popular o a un hacer que busque la desestabilización de la dinámica municipal, como el Preámbulo de la Ley Orgánica invoca».
El legislador no ha modificado el párrafo tercero del art. 197.1.a) LOREG, lo que en no pocas ocasiones podrá degenerar en interpretaciones que desemboquen en recursos contenciosos frente a los juzgados y tribunales competentes.