«La perfección se alcanza, no cuando no hay nada más que añadir, sino cuando ya no queda nada más que quitar» (Antoine de Saint-Exupery)
I. Introducción
En pleno debate sobre la interminable vacatio legis del procedimiento electrónico no parece baladí confirmar, por si había dudas, que la contratación electrónica está absolutamente en vigor. Se afirma, con argumentos que por supuesto respetamos, que podría resultar contradictorio obligar a licitar electrónicamente si, además de la Plataforma del Estado, otra opción válida para la entidad pública es tener su propia plataforma, la cual a su vez formaría parte del portal de internet o punto de acceso electrónico, estando este obviamente asimismo vinculada al registro electrónico. También existe una clara vinculación del ROLECE, cuya inscripción era teóricamente obligatoria desde el día 9 de septiembre de 2019, con el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado (herramienta Apodera). En definitiva, de las herramientas y plataformas del Estado vinculadas a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC), unas cuantas están muy relacionadas con el procedimiento electrónico de licitación: al menos Registro Electrónico Único, Apodera, Habilita e incluso Archive. Ninguno de estos instrumentos sería obligatorio, vista la prórroga, hasta 2020.
Bien. Por nuestra parte podemos exponer otros argumentos para demostrar que, a pesar de lo anterior, la licitación electrónica ya está en vigor, y por tanto es jurídicamente exigible por cualquiera de las partes implicadas en el caso de que alguna de ellas, especialmente la Administración, no la haga efectiva. A saber:
1. La Directiva de contratación. La Directiva 2014/24/UE, que impone la licitación electrónica y además da sus propios plazos, entró en vigor el 18 de abril de 2016 (el tema se encuentra muy bien analizado en la Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, sobre el efecto directo comunitarias en materia de contratación pública). Precisamente por este efecto directo, y aunque en principio las Directivas necesitan transposición (no así los Reglamentos), la contratación y de forma concreta la licitación son obligatoriamente electrónicas en España (porque lo son en la UE), y a más tardar lo es desde octubre de 2018:
«…debe hacerse obligatoria la transmisión de anuncios en formato electrónico, la puesta a disposición del público por medios electrónicos de los pliegos de la contratación y —tras un período transitorio de 30 meses— una comunicación totalmente electrónica, lo cual significa la comunicación por medios electrónicos en todas las fases del procedimiento, incluida la transmisión de solicitudes de participación y, en particular, la presentación (electrónica) de las ofertas» (Considerando 52).
«…obligación general de utilizar los medios de comunicación electrónicos en todos los procedimientos de contratación después de un período transitorio de 30 meses» (Considerando 72).
Precisamente estos plazos solo podían «adelantarse» (y no retrasarse) mediante normativa interna. En nuestro caso, se puede decir que la aprobación de la LCSP en efecto adelantó la fecha.
A la Directiva por tanto no le afecta, faltaría más, la supuesta prórroga de parte de la LPAC, ni siquiera la LCSP (aunque evidentemente era necesario desarrollarla), puesto que contiene su propia regulación de la contratación electrónica. Y sus propios plazos, todos ellos muy anteriores a 2020. Es una norma europea, vigente, de efecto directo, vinculante (no solo para la Administración sino para los operadores económicos), electrónica, y que no admite regulación en contrario (solo de desarrollo).
2. La Ley de contratos. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) obviamente también está en vigor, en este caso desde el 9 de marzo de 2018, y regula una serie de procedimientos e instrumentos electrónicos que, en cumplimiento de esta Ley de 2017 o incluso de la anterior, deben implantarse —perfil de contratante, comunicaciones electrónicas, factura electrónica (que tiene su propia Directiva y su propia Ley)—, pueden implantarse —subasta electrónica, central de compras—, deben utilizarse —portal de contratación del sector público, portales de remisión de información— o pueden utilizarse —portal de licitación propio—. Cierto es que la Ley no es un modelo de técnica legislativa, regulando esencialmente la contratación electrónica en las Disposiciones Adicionales, y cierto es que una de estas disposiciones, la DA 16ª, aún debe ser desarrollada reglamentariamente en los términos previstos en la DF 6ª, pero sólo faltaría que alguien defendiera a estas alturas que la obligatoriedad de la contratación electrónica se demora porque la normativa es deficiente o está pendiente de desarrollo, porque si cada vez que esto ocurriera en nuestro ordenamiento jurídico (ley mala o falta de reglamento) se interpretase que no debemos cumplir la norma, entonces no cumpliríamos absolutamente nada.
En definitiva, como indica el Informe 2/18 de la Junta de Contratación del Estado (Cuestiones sobre la tramitación electrónica de los procedimientos): «...la conclusión es que a partir de la entrada en vigor de la Ley 9/2017 la regla general para la presentación de las ofertas es la utilización de los medios electrónicos, que sólo cede ante los casos tasados previstos en la citada disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, debiendo en cualquier caso justificarse la excepción de forma expresa, al exigirse que "los órganos de contratación indicarán en un informe específico las razones por las que se haya considerado necesario utilizar medios distintos de los electrónicos". (DA 15ª, apartado 3 y 4in fine)». Véase, en el mismo sentido, la Resolución n.o 632/2018 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) que anula unos pliegos por admitir la presentación no electrónica de ofertas.
3. La Ley de procedimiento. Poco que decir aquí. La LPAC, pese a todo, se puede decir que en el peor de los casos está parcialmente en vigor. Y por tanto están en vigor, entre otros aspectos, la obligación de tramitar los expedientes de forma electrónica (también los de contratación) y la obligación de algunas personas (especialmente las jurídicas) de relacionarse electrónicamente con la Administración. Y la consecuente obligación de la Administración, por tanto, de habilitar los medios para que puedan hacerlo. La LCSP añade que esas personas son todas, incluidas las físicas, si es que actúan como licitadores en un procedimiento de contratación.
La realidad es que algunas Administraciones de España ya funcionan a través de blockchain, mientras que otras se aferran al papel y los sellos hasta el último segundo
4. Los usuarios. Mientras algunos se entretienen debatiendo sobre los plazos de entrada en vigor, la Administración está discriminando claramente a sus usuarios. Unos usuarios que en el procedimiento de contratación son nuestros licitadores y contratistas, los cuales se encuentran en este momento en un estado de confusión alimentado por los diferentes criterios que defienden AAPP distintas pero que en el fondo son esencialmente iguales (por ejemplo dos Ayuntamientos limítrofes que les exigen el cumplimiento de trámites diferentes y en diferente formato). Factura electrónica, eso parece que está claro. Presentación de ofertas, depende de con qué Entidad Pública liciten. Comunicaciones, casi siempre electrónicas. Notificaciones, casi nunca. Firma de contratos casi siempre en papel, y a veces ante notario. Y por el camino el ROLECE tardando un año en inscribirles. Sinceramente nos parece una locura. El art. 132.1 de la LCSP establece que «Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación a los principios de transparencia y proporcionalidad». En el mismo sentido el art. 18.1 de la Directiva: «Los poderes adjudicadores tratarán a los operadores económicos en pie de igualdad y sin discriminaciones, y actuarán de manera transparente y proporcionada. La contratación no será concebida con la intención de excluirla del ámbito de aplicación de la presente Directiva ni de restringir artificialmente la competencia». Se deben cumplir escrupulosamente los aludidos principios, pero la realidad es que algunas Administraciones de España ya funcionan a través de blockchain, mientras que otras se aferran al papel y los sellos hasta el último segundo. Ante tal disparidad de criterios no se cumple, desde luego, el aludido principio de igualdad. Por otra parte, la contratación no transparente no cumpliría ni la Directiva, ni la LCSP ni la Ley de transparencia, una transparencia que, por cierto, se entiende en formato electrónico (interoperable, accesible, reutilizable) o no se entiende. Finalmente, la contratación no electrónica podría suponer incluso una restricción artificial de la competencia, práctica también prohibida. En nuestra opinión, el papel y el exceso de burocracia perjudica sobre todo a las PYMEs (que es justo lo contrario de lo que quiere Europa).
5. O todo electrónico o todo en papel. Hemos llegado a un punto en el que, o bien se defiende que todo es electrónico, o bien que nada lo es (y por extensión: o todos somos electrónicos e interoperables, o ninguno). Hablábamos de vigencia parcial, pero en el fondo es un tanto ridículo afirmar que leyes como la LPAC o la LCSP están en vigor en un 70% (por decir algo) en cuanto a las obligaciones electrónicas que establecen. Desde el punto de vista de la calidad del servicio público, sólo se puede defender que, ante la falta de claridad o de determinación del legislador, existe una especie de vis atractiva de lo que ya está en vigor sobre lo que no lo está hasta dentro de unos meses, y no a la inversa. Esto es tremendamente lógico, además de que desde el punto de vista funcional no es menos necesario ni menos obligatorio lo que no está en vigor. Esta es una cuestión absolutamente práctica, no de plazos, un enfoque realista que ridiculiza la eterna prórroga de la LPAC. Salvo que se interprete, como hacen algunos, que, por ejemplo, la no obligatoriedad del Registro electrónico convierte también en no obligatoria la presentación de instancias por parte de las personas jurídicas; o que el expediente es electrónico pero que la no obligatoriedad del Archivo electrónico nos llevaría a imprimir el expediente en papel matasellado para archivarlo en carpetas o libros de papel timbrado.
In fine. ¿La contratación electrónica se encuentra actualmente en vigor? Rotundamente sí. Así lo avala el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), en resoluciones como la citada n.o 632/2018, o también la 808/2018 de 14/09/2018, donde estima un recurso contra adjudicación en contrato de servicios, en el que se impugnaba que la adjudicación a una oferta presentada en papel, siendo el formato exigido por el anuncio de licitación el de la oferta electrónica.
¿La contratación electrónica se encuentra actualmente en vigor? Rotundamente sí
Una vez asumido, pues, que la contratación electrónica es obligatoria, la siguiente pregunta que surge es cómo puede una Administración, concretamente un Ayuntamiento, cumplir con dicha obligación. En los siguientes epígrafes exponemos las que a nuestro juicio son las pautas para la efectiva implantación de la contratación electrónica en las Entidades Locales. En efecto, pensamos que esto se puede conseguir a través del cumplimiento de tres ítems y un paradigma que de alguna forma los reviste. A saber:
- • Ciclo integral de la contratación.
- • Reorganización de la gestión del servicio de contratación.
- • Gestión del cambio.
- • Liderazgo y de la claridad de ideas.
II. El ciclo integral de la contratación
1. Concepto
La primera de las tres cuestiones capitales sería la consecución del ciclo integral de la contratación, abarcando sus famosas cinco fases: preparación, adjudicación, formalización, efectos y extinción. Es decir, que todo sea electrónico y no sólo la fase de licitación, en la cual solemos poner el acento, y que no por importante es la única. En definitiva, antes de la licitación «pasan cosas», y después también. En efecto, desde el punto de vista de la vida de un contrato, la preparación y adjudicación constituyen el llamado pre-awarding, que va desde el inicio del expediente hasta la adjudicación del mismo. Una vez adjudicado un contrato a un licitador, este se convierte en adjudicatario y, como consecuencia de la firma del contrato (awarding), en contratista. Tras esta formalización, también electrónica, del contrato, procede su ejecución (post-awarding), que comprende la prestación del servicio o ejecución de la obra, pero también una serie de relaciones inherentes a la relación contractual en vigor, las cuales deben articularse asimismo por medios electrónicos, incluyendo in fine la facturación electrónica.
En la práctica, debemos tramitar el expediente de contratación a través de un gestor de expedientes, realizando todos los trámites, firmas y comunicaciones por medios electrónicos. Debemos tener en cuenta, evidentemente, los distintos procedimientos recogidos en la LCSP, respetando el formato electrónico en todos los trámites, y con especial atención a los procedimientos más novedosos (incorporados en la Ley de 2017), como el abierto simplificado, el llamado súper simplificado o sumarísimo, la asociación para la innovación, y el propio procedimiento, que lo tiene, de los contratos menores. Estos presentan una problemática especial a la que nos vamos a referir en el siguiente subepígrafe.
El adjudicatario se convierte finalmente en contratista mediante la correspondiente formalización (firma) del contrato en un documento electrónico
Llegada la fase de licitación dicho gestor debe integrarse con una plataforma de licitación. La licitación acaba cuando se propone al órgano competente un adjudicatario y aquel adjudica (y notifica). Este adjudicatario se convierte finalmente en contratista mediante la correspondiente formalización (firma) del contrato en un documento electrónico. La fase de ejecución del contrato debe estar protagonizada por la remisión constante de información, siempre electrónica y en su mayor parte automatizada, en relación al servicio que se está prestando. En concreto, la ejecución de contratos relacionados con la prestación de servicios públicos debe apoyarse en una especie de flujo constante de big data, previa sensorización de los vehículos, muebles, inmuebles e infraestructuras afectos al propio servicio. Este mecanismo facilitará una adecuada prestación e incluso mejora constante del servicio, y en general la fiscalización del contrato, de cualquier contrato en realidad, bien sea de servicios, obra, suministro o concesión (de servicio o de obra). Y por supuesto permitirá recepcionar y pagar (factura electrónica). Con ello se cierra el círculo y también un expediente que podemos archivar (electrónicamente). Simultáneamente, de este expediente completamente electrónico se nutrirán las distintas plataformas, permitiendo cumplir los deberes de publicación y remisión de información. Y siempre con los datos a mano. Este es el modelo a alcanzar.
2. La problemática de los contratos menores y alternativas a los mismos (1)
El contrato menor como procedimiento extraordinario que es, debe ser sustituido, en la medida de lo posible por procedimientos en los que haya concurrencia competitiva. En nuestra opinión no deberíamos hacer muchos contratos pequeños, sino pocos más grandes. Dicho de otra forma: no hablemos tanto de contratos menores, mejor «menores contratos».
La actual ley de contratos, ha regulado en el art. 159.6 un procedimiento abierto simplificado sumarísimo para contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros y contratos de suministros y de servicios de valor estimado inferior a 35.000 euros, con una tramitación más rápida, con menos trámites y que está destinado a absorber a aquellos contratos que pudiendo ser menores por su cuantía, sean reiterados anualmente o puedan ser planificados.
Un contrato menor es contrario a derecho si el órgano de contratación, en el momento de iniciar su tramitación, puede tener conocimiento cierto, aplicando los principios de programación y buena gestión, de la necesidad de contratar una prestación perfectamente definida, que responde a una necesidad continuada en el tiempo, dentro de una misma anualidad o año tras año, y sin embrago, se tramita en diferentes contratos menores, eludiendo las normas de publicidad y procedimiento (Informe 4/2010, JCCA Islas Baleares e Informe de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, de 14 de junio de 2013).
Otra posibilidad que tienen los poderes adjudicadores es utilizar los sistemas para la racionalización de la contratación pública, y los entes y entidades más pequeñas, pueden adherirse a las Centrales de Contratación, ya sean provinciales, autonómicas, la estatal, la de la FEMP o de otras Administraciones. Las Centrales de compras se conceptúan como servicios especializados que actúan adquiriendo suministros y servicios para otros entes del sector público, o adjudicando contratos o celebrando acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición para la realización de obras, suministros o servicios (art. 227 LCSP). Los poderes adjudicadores podrán estar adheridos de forma genérica a distintas Centrales de Contratación, aunque únicamente podrán adherirse a una de ellas para cada contrato concreto.
Sin embargo, el contrato que más útil me parece para evitar realizar contratos menores, es el de suministro o de servicios en los que el empresario se obliga a entregar una pluralidad de bienes o a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario, sin que el número total de entregas o prestaciones incluidas en el objeto del contrato se defina con exactitud al tiempo de celebrar este, por estar subordinadas las mismas a las necesidades de la Administración. De esta forma y dependiendo del tipo de Administración se pueden afrontar algunos contratos como el de suministro de material de escritorio-oficina, materiales para el mantenimiento de los inmuebles o incluso, por ejemplo, la adquisición de ramos de flores protocolarios.
Todo ello no obsta a que tras una regulación que sigue siendo exigente del contrato menor, se puedan potenciar las cajas fijas sin desvirtuar su esencia, sobre todo tras el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores. En efecto, se ha eliminando la exigencia de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los mencionados umbrales, en aquellos contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para realizar pagos menores, siempre y cuando el valor estimado del contrato no exceda de 5.000 euros. Por tanto se podría utilizar este mecanismo para aquellos gastos de pequeña cuantía que, por su necesidad inmediata o urgente, tengan que adquirirse por los responsables, como por ejemplo, la compra de copias de llaves, pilas, taxis, autobuses, pequeños caterings, libros, el pomo de una puerta, una cerradura, unas bombillas, etc. Estos gastos pagados por caja fija no tendrán que publicarse obligatoriamente en el perfil de contratante (gastos de menos de 5.000 euros).
III. Reorganización de la gestión del servicio de contratación
1. Modelos organizativos
En segundo lugar, resulta imprescindible la reorganización de la gestión del servicio de contratación, debiendo tomarse las medidas organizativas y funcionales que sean más oportunas en cada caso. En este sentido, defendemos un modelo de centralización (y no de dispersión y descoordinación) de dicha gestión, un modelo de Centrales de compras para municipios pequeños (sin despreciar en absoluto procedimientos que responden a esta misma filosofía, como los Acuerdos Marco, los catálogos electrónicos y los sistemas dinámicos de adquisición), y de Oficinas de contratación para Ayuntamientos medianos y grandes. Y defendemos, ante todo, la profesionalización de la contratación pública. La complejidad debe gestionarla el conocimiento, y con ello mejorará la legalidad y la eficiencia, al tiempo que disminuirá la conflictividad. A continuación expondremos con cierta extensión las cuestiones relativas a la Plataforma de Contratación del Sector Público, el elemento jurídico técnico fundamental sobre el que pivotan los trámites de publicidad y licitación de la contratación pública electrónica, pero debemos insistir en que implantar la misma no supone únicamente «ser electrónicos» sino también, por ejemplo y entre otras cosas, acertar con el procedimiento elegido en cada caso, detectar las necesidades globales de la entidad pública en evitación de fraccionamientos y gestiones dispersas e ineficientes, preparar unos buenos pliegos que reduzcan la conflictividad en la fase de ejecución.
2. Integración con la Plataforma de Contratación del Sector Público
Después de dictarse la Sentencia del Tribunal Constitucional de 24 de mayo de 2018 relativa a la constitucionalidad de algunos preceptos de la LPAC, quedó muy desvirtuada la Disposición Adicional segunda de la misma, la cual, recordemos, señala: «Para cumplir con lo previsto en materia de registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, archivo electrónico único, plataforma de intermediación de datos y punto de acceso general electrónico de la Administración, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán adherirse voluntariamente y a través de medios electrónicos a las plataformas y registros establecidos al efecto por la Administración General del Estado. Su no adhesión, deberá justificarse en términos de eficiencia conforme al art. 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En el caso que una Comunidad Autónoma o una Entidad Local justifique ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que puede prestar el servicio de un modo más eficiente, de acuerdo con los criterios previstos en el párrafo anterior, y opte por mantener su propio registro o plataforma, las citadas Administraciones deberán garantizar que éste cumple con los requisitos del Esquema Nacional de interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad, y sus normas técnicas de desarrollo, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se realicen en sus correspondientes registros y plataformas». En otras palabras, esta cuasi obligación de adhesión a las plataformas del Estado, interpretada de forma restrictiva, choca directamente con la autonomía local, si bien el TC consideró que, a pesar de la literalidad del precepto, la posibilidad de optar por plataformas distintas existe y se debe entender de forma no limitada por esta Disposición, y que la justificación en términos de eficiencia es poco menos que una formalidad, ya que, salvo casos de flagrante despilfarro, no puede considerarse una plataforma antieficiente sólo por ser, evidentemente, no gratuita.
No teníamos demasiadas dudas de que esto era así, y aún parecía más claro en materia de contratación, donde el art. 347.3.últ. párr. LCSP señala: «Los órganos de contratación de las Administraciones locales, así como los de sus entidades vinculadas o dependientes podrán optar, de forma excluyente y exclusiva, bien por alojar la publicación de sus perfiles de contratante en el servicio de información que a tal efecto estableciera la Comunidad Autónoma de su ámbito territorial, o bien por alojarlos en la Plataforma de Contratación del Sector Público». Con lo cual parece claro, hablado de contratación, que la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP), o la autonómica, en ambos casos plataformas públicas, no es prescindible en cuanto al uso de sus funcionalidades relacionadas con la publicidad y transparencia («difusión a través de Internet de los perfiles de contratante»). A sensu contrario, respecto de otros servicios que igualmente presta la PCSP, particularmente los relacionados con la presentación de ofertas, se permite la libre opción entre la plataforma pública o una de las privadas.
Otra posibilidad, y en ningún caso obligación, es la que tienen las Entidades Locales de adherirse al sistema estatal de contratación centralizada y a las centrales de contratación de las Comunidades Autónomas y de otras Entidades Locales, tal y como prevé el apartado 3 del art. 228 LCSP. Y otra es la de adherirse también a las centrales de contratación que creen las asociaciones de entidades locales a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril (en dicha disposición se establece expresamente que estas asociaciones podrán crear centrales de contratación), así como a las creadas por la Administración General del Estado.
¿La Plataforma de contratación del Sector Público es un registro auxiliar?
Por otro lado, nos gustaría responder en voz alta a una pregunta que nos formulan frecuentemente: ¿La Plataforma de contratación del Sector Público es un registro auxiliar?
La cuestión no es baladí. Por un lado tenemos una LPAC que establece la necesidad de disponer de un Registro electrónico único. Por otro lado tenemos la Ley de contratos, que obliga asimismo a disponer de una plataforma (la del Sector Público u otra) que permita la presentación de ofertas en forma electrónica, por lo que también funcionaría como una especie de registro, ¿auxiliar?
Bien, ante todo, sea un registro o no, procede la integración de la plataforma con la sede electrónica. Es, por así decirlo, un servicio de la misma. Aquí tenemos dos opciones: integrarla a su vez con el registro electrónico (de manera que aparezca como una funcionalidad especial del mismo, pero realice las anotaciones de forma correlativa), o bien articular la plataforma como un registro auxiliar independiente, al que por supuesto se accede desde la sede electrónica pero que realiza sus propias anotaciones.
Nos gusta más la segunda opción de las expuestas en el párrafo anterior. De hecho los registros auxiliares, a pesar de la regla del registro único, siguen existiendo, y la antigua plataforma del Estado (PLACE), hoy «del sector público» es, per natura, un registro auxiliar (además de un instrumento de publicidad), del mismo modo que FACe y otros registros de facturas lo son. De hecho el art. 3 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público establece que el proveedor/a que haya expedido una factura por servicios prestados o bienes entregados a cualquier Administración Pública, tiene la obligación de presentarla ante un registro administrativo. Por otra parte, no deben confundirse los registros auxiliares con las oficinas de registro auxiliares, que se definen como aquellas que, ejerciendo idénticas funciones y para los mismos órganos administrativos que la oficina de registro general, se encuentran situadas en dependencias diferentes de aquélla. Dicho de una forma más completa:
- • Existen registros auxiliares descentralizados (en realidad oficinas descentralizadas),
- • Registros auxiliares desconcentrados, o de los Organismos dependientes («Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende. El Registro Electrónico General de cada Administración funcionará como un portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada Organismo», art. 16.1 LPAC),
- • Y registros auxiliares por razón de la funcionalidad (o específicos para determinados trámites), como la plataforma de licitación o la de facturación.
La creación de registros auxiliares no contradice, por tanto, la obligación de cada Administración de disponer de un Registro Electrónico General único. Tanto dicho Registro, como la Plataforma de licitación, como en su caso otros registros auxiliares que se habiliten, deberán estar disponibles desde la Sede electrónica de la entidad.
Así las cosas, ¿la plataforma de licitación puede no ser un registro? Difícilmente, porque registra de entrada, con fehaciencia, documentación dirigida a la entidad pública con la que desea licitar. Del mismo modo también es difícilmente defendible que la plataforma se integre, y además lo haga de forma indiferenciada, con el registro electrónico general, ya que la LCSP, que es especial y específica para la contratación, exige tal plataforma, de manera que únicamente se podrá presentar la documentación destinada a licitar a través de la misma. Es por esto que entendemos que dicha documentación no se podría presentar en el registro general: «No se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación» (art. 16.9 LPAC).
En definitiva, lo más importante es disponer de una plataforma (eso ante todo) y que esta permita presentar las ofertas en formato telemático con todas las garantías. Dicho de otro modo: que cumpla los requisitos y garantías establecidos en las DA 15, 16 y 17ªLCSP. Y de forma concreta:
• Obligatoriedad de la Plataforma. Debemos dotarnos, sí o sí, de una plataforma (propia o de la AGE) para permitir que la presentación de ofertas se lleve a cabo utilizando medios electrónicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la Disposición Adicional decimoquinta LCSP. En efecto, sin perjuicio de la obligatoriedad del uso de la PCSP en materia de publicidad y transparencia, cada Entidad tiene libertad (hasta cierto punto), para utilizar dicha plataforma como herramienta de licitación electrónica o bien acudir a una de las existentes en el mercado.
Lo más importante es disponer de una plataforma y que permita presentar las ofertas en formato telemático con todas las garantías
• Seguridad y confidencialidad. En todo caso los órganos de contratación y los servicios dependientes de los mismos velarán por que en todas las comunicaciones, intercambios de información y operaciones de almacenamiento y custodia de información se preserven la integridad de los datos y la confidencialidad de las ofertas y las solicitudes de participación. Para ello resulta imprescindible que la Entidad tenga implantados previamente los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y Seguridad, en vigor desde enero de 2014. Ténganse en cuenta asimismo las Recomendaciones básicas de ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional. La seguridad de la plataforma deberá garantizar que el contenido de las ofertas y de las solicitudes de participación no sea conocido hasta después de finalizado el plazo para su presentación o hasta el momento fijado para su apertura. Además, para contratos públicos de obras y concursos de proyectos, los órganos de contratación podrán exigir el uso de herramientas electrónicas específicas, tales como herramientas de diseño electrónico de edificios o herramientas similares. En estos casos y otros en los que se considere necesario por los órganos de contratación, estos podrán exigir la utilización de herramientas y dispositivos que no estén disponibles de forma general, a condición de que ofrezcan medios de acceso alternativos. En todo caso los medios electrónicos, informáticos y telemáticos a los que nos hemos referido deberán cumplir, además, los requisitos establecidos en la Disposición Adicional decimosexta LCSP. En los procedimientos de adjudicación de contratos, el envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de la oferta (2) , con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas; de no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada. Las copias electrónicas de los documentos que deban incorporarse al expediente, autenticadas con la firma electrónica reconocida del órgano administrativo habilitado para su recepción surtirán iguales efectos y tendrán igual valor que las copias compulsadas de esos documentos.
• Requisitos jurídico técnicos de seguridad funcional. Además, según la DA 17ª, las herramientas y los dispositivos de recepción electrónica de las ofertas, de las solicitudes de participación, así como de los planos y proyectos en los concursos de proyectos y de cuanta documentación deba presentarse ante el órgano de contratación deberán garantizar, como mínimo y por los medios técnicos y procedimientos adecuados, que: a) Pueda determinarse con precisión la hora y la fecha exactas de la recepción de las ofertas, de las solicitudes de participación, de la documentación asociada a éstas y las del envío de los planos y proyectos. b) Pueda garantizarse razonablemente que nadie tenga acceso a los datos y documentos transmitidos a tenor de los presentes requisitos antes de que finalicen los plazos especificados. c) Únicamente las personas autorizadas puedan fijar o modificar las fechas de apertura de los datos y documentos recibidos. d) En las diferentes fases del procedimiento de contratación o del concurso de proyectos, solo las personas autorizadas puedan acceder a la totalidad o a parte de los datos y documentos presentados. e) Sólo las personas autorizadas puedan dar acceso a los datos y documentos transmitidos, y sólo después de la fecha especificada. f) Los datos y documentos recibidos y abiertos en aplicación de los presentes requisitos sólo sean accesibles a las personas autorizadas a tener conocimiento de los mismos. g) En caso de que se infrinjan o se intenten infringir las prohibiciones o condiciones de acceso a que se refieren las letras b) a f) anteriores, pueda garantizarse razonablemente que las infracciones o tentativas sean claramente detectables. h) Garantía de accesibilidad para personas con discapacidad (DA 18ª). i) Protección de datos de carácter personal (DA 26ªLCSP y Reglamento General de Protección de Datos).
En cuanto a la publicidad, se realiza a través de «la otra funcionalidad» de la plataforma de contratación del sector público, teniendo en cuenta que en este caso la integración con la misma es obligatoria según ya apuntamos. Por ejemplo, los órganos de contratación del Ayuntamiento de Alzira (caso real de implantación al que ut infra nos referiremos) están dados de alta en la Plataforma del Estado, y nuestro Perfil de contratante integrado.
Por último, debemos realizar la integración con el gestor de expedientes. Dicha integración es imprescindible. Ya nos hemos referido al ciclo de vida o las fases de un contrato. La plataforma se identifica con la fase de licitación, siendo la herramienta necesaria para hacer posible que los licitadores presenten sus ofertas por medios electrónicos. Esto quiere decir que debe integrarse con un expediente que arranca fechas atrás, normalmente mediante un oficio y un informe de necesidad, y que se tramita evidentemente a través del gestor de expedientes. Un gestor de expedientes al que debe regresar la propuesta de adjudicación de la mesa para derivarlo al órgano competente para adjudicar. En cierto modo, la plataforma y las funcionalidades de la plataforma «se incrustan» en el expediente, y por lo tanto en la herramienta de gestión, tanto a nivel formal como informático.
IV. Gestión del cambio
El tercer aspecto fundamental es la gestión del cambio, por supuesto interna, a través de la formación y de medidas organizativas como las ya apuntadas, pero también (e incluso «sobre todo»), la gestión externa del cambio, informando, formando y asistiendo a esos potenciales licitadores o ya proveedores, muchas veces dejados de la mano de Dios. Estos, sean personas físicas o jurídicas, tengan medios o no, en los procedimientos de contratación están legalmente obligados a utilizar los medios electrónicos (plataformas como FACe, la PCSP, se sede electrónica y otras comunicaciones y notificaciones electrónicas, inscripción en el ROLECE, etc.) Es muy importante gestionar esto. Así lo hicimos en el Ayuntamiento de Alzira, un proyecto de cumplimiento integral del ciclo completo de la contratación electrónica que pasamos a explicar.
V. Un modelo completo: el caso del Ayuntamiento de Alzira
1. Liderazgo y claridad de ideas
Todo lo anteriormente expuesto debe entenderse y visualizarse bajo un paraguas llamado «liderazgo y claridad de ideas», que sería el aludido paradigma. Un paradigma siempre importante pero además imprescindible en materia de contratación pública, la cual requiere de un liderazgo basado en la seguridad profesional que da la aludida profesionalización, y que debe atesorar al menos quien dirige el proceso de implantación. La seguridad profesional es lo que nos permite avanzar, y es algo que se alcanza con la suma (en realidad la mezcla) de la seguridad jurídica, la seguridad técnica y la seguridad personal. Claro que no lo han puesto nada fácil elementos como una LCSP muy mejorable, o la confusión doctrinal derivada de la disparidad de criterios que manejan las diferentes Juntas Consultivas y más recientemente la OIResCon. Sin olvidar por supuesto la doctrina del TACRC, de los Tribunales ordinarios, de los Consejos de transparencia y hasta de las Agencias Antifraude. Añadan la constante presión política sobre todo a los profesionales de los Ayuntamientos con menos medios. Pero, a nuestro modo de ver, es ridículo que ya prácticamente en 2020 necesitemos que venga un órgano consultivo a arrojar luz sobre una Ley de 2017, basada en una Directiva de 2014, y que entró en vigor en marzo de 2018. ¿Qué hemos estado haciendo hasta ahora, por ejemplo, con los contratos menores? Mi consejo es que no seamos nosotros los menores (de edad), siempre bajo la tutela de un adulto, sino que demos un paso al frente y resolvamos con nuestras propias capacidades (y sentido común) cuestiones que, al menos para quien suscribe, no generan absolutamente ninguna duda, como la obligatoriedad de la licitación electrónica o la necesidad de cumplir determinados requisitos de procedimiento, de transparencia y de remisión de información en relación a todos los contratos.
2. El proyecto del Ayuntamiento de Alzira
El Ayuntamiento de Alzira ha consolidado un proyecto integral de implantación de la administración electrónica apoyado en sus fases finales sobre el hito principal formado por el tándem que integran la licitación electrónica y la transparencia, entendiendo ambas como herramientas al servicio de los principios de legalidad, eficiencia y transparencia.
¿Por qué implantamos la licitación electrónica obligatoria con varios años de antelación respecto a su obligatoriedad legal en 2018? Como existen muchos motivos diremos únicamente algunos. Para empezar, la contratación pública mueve mucho dinero, sobre todo en el momento actual. Ese dinero debe acabar «donde más falta haga», y no siempre en manos de los mismos. Nos adentramos en el terreno de la economía del bien común. La clave es aumentar la concurrencia. Debemos poner los medios para que cada vez se presenten más empresas candidatas aspirantes a ser el contratista de algún ente público. Mecanismos como la subasta electrónica dan mucho juego en este contexto. Ya conocemos el ahorro que supone la implantación de la administración electrónica, aspecto de la misma fielmente representado por la contratación electrónica. Este ahorro, que tiene muchas dimensiones, comienza por la reducción de cargas administrativas que supone para los licitadores poder presentar la documentación por medios telemáticos en formato electrónico, además de minorar la exigencia del número de documentos a presentar, sustituyéndolos por ejemplo por una declaración responsable.
El Ayuntamiento de Alzira ha consolidado un proyecto integral de implantación de la administración electrónica
En efecto, la facilidad para licitar aumenta la concurrencia, un principio esencial de la contratación pública y que evidentemente también retroalimenta el ahorro, en un inicio para los licitadores y finalmente para la administración por esa mayor competencia… Pero este cambio de enfoque tiene una dimensión si cabe más importante en cuanto a la legalidad y la transparencia, porque este sistema, no solo electrónico y «muy concurrido», sino también basado en criterios de adjudicación en la medida de lo posible aritméticos y en todo caso objetivos (sin renunciar, ni mucho menos, a la calidad-precio), prácticamente elimina toda posibilidad de corrupción, al tiempo que permite la participación de las PYMEs y los emprendedores en el servicio público y, algo muy importante, en el dinero público.
Insisto en que teníamos (y ustedes tienen) muchas razones por las que implantar la contratación electrónica, bien sea por la futura imposición legal, por la mejora de la gestión contractual pública, por aplicación de la Ley de Transparencia, por razones económicas, o, como se ha mencionado, en aplicación de políticas públicas relacionadas con la promoción de las PYMEs y los emprendedores.
Así, por un lado, al aplicar sistemas de licitación electrónica las relaciones entre las empresas licitadoras y el ente tramitador se simplificaron, y ello desde distintos aspectos que van desde la presentación telemática y encriptada de ingentes cantidades de documentación (sin perjuicio de la posible presentación de certificados sustitutivos, por supuesto electrónicos, de los registros oficiales de licitadores) hasta la digitalización del trámite de apertura de plicas, permitiendo incluso la telepresencia de las empresas de modo que así no tengan que desplazarse desde sus sedes, muchas veces lejanas a las oficinas del poder adjudicador. Por otro lado, vimos el uso de la subasta electrónica suponía una disminución del precio inicialmente ofertado que beneficia tanto al Ayuntamiento que va a pagar menos por el mismo servicio (por cierto, no por uno peor como afirman los enemigos de lo barato), como a la empresa que va a conseguir su objetivo de ser contratista o concesionaria de la Administración. En tercer lugar, y no hemos sido exhaustivos, la facturación electrónica nos permitía acortar los plazos de pago a los proveedores.
Las ventajas, a la postre, son innumerables. No hay duda pues de que la contratación electrónica ahorra muchísimo dinero tanto al erario público como a las empresas licitadoras, al tiempo que «anima» a las más pequeñas (PYMEs) a presentarse a concursos públicos, ya que el sistema permite participar en estos procedimientos prácticamente sin coste, al tiempo que las nuevas necesidades de la administración son en muchos casos precisamente de corte «tecnológico» y eso da cabida a los aludidos «emprendedores» (muy relacionados con este sector), que son sin duda alguna los llamados a reactivar la economía. Por lo que respecta a la estrategia, en el Ayuntamiento de Alzira pensamos que cualquier servicio electrónico (incluida por supuesto la licitación electrónica), sólo tiene sentido si los potenciales usuarios lo utilizan. Los usuarios de la licitación electrónica son sobre todo las empresas. En aquella época ya se sabía que la nueva LPAC obligaría a las empresas a relacionarse con la administración por medios electrónicos, pero más allá de estas imposiciones (por otra parte refrendadas por otras normas, como las Directivas o la Ley de impulso de la factura electrónica), es mucho mejor sistema incentivar a las empresas a través de la demostración de los beneficios que tiene para ellas mismas el uso de los medios electrónicos. En el caso concreto de la factura electrónica supone, además de un ahorro, un acortamiento significativo de los plazos de pago-cobro. Una vez familiarizada la empresa en el manejo del llamado «portal del proveedor» (o portal de facturación), es un paso natural que utilice normalmente el «portal del licitador» para concurrir en futuros procedimientos. Esta fue exactamente nuestra evolución, y por extensión la de nuestros usuarios.
La factura electrónica supone, además de un ahorro, un acortamiento significativo de los plazos de pago-cobro
En cuanto a la transparencia, resulta evidente que los medios electrónicos como mínimo la facilitan. Todo lo que hace el Ayuntamiento de Alzira se publica, o cuanto menos se registra. Señala el Libro Verde sobre la generalización del recurso a la contratación pública electrónica en la UE que «La generalización de la vía electrónica en el sector de los contratos públicos beneficiará a todos los participantes: en comparación con sistema actual en soporte de papel, los procedimientos serán más transparentes, más abiertos al diálogo con los contratistas y mucho más eficaces».
En definitiva, adelantándonos a la exigencia legal de sujeción obligatoria a la contratación electrónica prevista en la Directiva de 2014 para un futuro a medio plazo, y a pesar de lo dispuesto en la entonces vigente Ley de Contratos del Sector Público, en la que se establecía que «podrán adjudicarse directamente los denominados contratos menores cuyo importe sea inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos», nuestro Reglamento de Administración Electrónica y las Bases de Ejecución del Presupuesto, establecieron una regulación por la que, potenciando la concurrencia, se debían tramitar electrónicamente, mediante la plataforma de contratación, también los contratos de importe inferior a los citados umbrales. Además, sin perjuicio del uso obligatorio de la plataforma de licitación, todos los contratos, digamos «a partir de 1 euro», se registran en el Registro de contratos del Ayuntamiento.
A este Registro llegan por tanto los contratos que se tramitan y licitan por la Plataforma (tanto los que obligatoriamente deben tramitarse de este modo, como los que voluntariamente el órgano tramitador decida tramitar), y también el resto de contratos, es decir: «las facturas», que de alguna manera equivalen a los contratos menores de cualquier cantidad, de modo que se registra cualquier gasto igual o superior a 1 €.
Por otra parte, entendemos que los deberes de publicación y remisión no son sino dos aspectos de una misma cuestión. En el Ayuntamiento de Alzira los cumplimos de manera simultánea y automatizada (no siendo necesario introducir los datos en cada ocasión). Así, una vez registrado el gasto o el contrato en el aludido Registro, este está conectado, desde el cumplimiento del Esquema Nacional de Interoperabilidad por parte del Ayuntamiento, con las siguientes plataformas de contratos y/o transparencia:
- • Plataforma de Contratación del Sector Público.
- • Portal de transparencia del Ayuntamiento de Alzira.
- • Registro de Contratos del Sector Público.
- • Tribunal de Cuentas.
Además, la herramienta genera datos estadísticos, reutilizables para su uso y consulta por parte de cualquier persona.
Como consecuencia de todo lo anterior, los aludidos principios de legalidad, eficiencia y transparencia se han conseguido en un muy alto grado, tal y como demuestran las cifras de la presentación adjunta en relación al ahorro de costes y la reducción de cargas, y el cuadro que aquí incorporamos en cuanto a las ventajas que supone para la administración, para las empresas, y para los ciudadanos:
a) Eficiencia:
- 1. Entidades públicas: se incorporan las TIC a los trámites y servicios; se ahorra tiempo en la fase de tramitación; se ahorran recursos internos; se reduce la litigiosidad; se cumplen los objetivos; mejora la calidad y la eficiencia del servicio público a través de controles ad hoc.
- 2. Proveedores: se incorporan las TIC a los trámites y servicios; se ahorra tiempo en la fase de licitación; se reduce la litigiosidad; se consigue el perfecto cumplimiento de la ejecución contractual.
- 3. Ciudadanos: mejora la calidad del servicio público; mejora del medio ambiente; mejora de la calidad de vida.
b) Ahorro:
- 1. Entidades públicas: se ahorran costes en la fase de tramitación; se identifica con mayor aproximación la oferta económicamente más ventajosa (subasta electrónica); interoperabilidad.
- 2. Proveedores: se ahorran costes en la fase de licitación; interoperabilidad (reducción de cargas); se reducen los plazos de cobro de las facturas.
- 3. Ciudadanos: ahorros directos e indirectos derivados de la mejora del servicio público.
c) Legalidad/transparencia:
- 1. Entidades públicas: aumenta la concurrencia; aumenta la seguridad jurídica; se reduce la litigiosidad; facturación electrónica.
- 2. Proveedores: aumenta la posibilidad de concurrir; aumenta la posibilidad de resultar adjudicatario (incluso para PYME); facturación electrónica.
- 3. Ciudadanos: mejora la calidad democrática; percepción de legalidad y «buen gobierno».
VI. Implantación de la contratación electrónica en la Administración Local en 15 tareas
¿Quiere usted implantar la contratación pública electrónica pero no le apetece leer las páginas anteriores? No se preocupe, se lo resumimos ahora en 15 ítems. Vaya por delante que la tarea troncal, de capital importancia e implícita y al mismo tiempo transversal, es la referida gestión del cambio, tanto interna (formación, planificación, reorganización, comunicación…) como externa (formación, información y dotación de medios a los licitadores). Es por esto que, entre otras muchas cuestiones, deberemos tomar decisiones de tipo jurídico (p.ej. ¿aprobamos un Reglamento de Contratación electrónica o simplemente incorporamos estos elementos a los pliegos?), organizativo (p.ej. ¿creamos una Oficina de Contratación?) y funcional (p.ej. ¿adquirimos una plataforma de licitación privada o utilizamos la del Estado?, ¿quién informa a los licitadores de las novedades, por ejemplo, en relación al ROLECE?). Otra premisa importante es que las Diputaciones Provinciales (y Cabildos, y Consejos y CCAA uniprovinciales) tienen, por así decirlo, dos contrataciones electrónicas que implantar: la suya propia y la de los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Téngase por tanto en cuenta todo ello a la hora de abordar cada uno de los siguientes pasos.
No se puede separar la implantación de la contratación electrónica de la del procedimiento electrónico
1. Implantar el procedimiento electrónico. No se puede separar la implantación de la contratación electrónica de la del procedimiento electrónico, en general. La licitación electrónica, que es de lo que se suele hablar, no equivale a la contratación electrónica, sino que simplemente constituye una fase de todo el expediente de contratación. Recordemos una vez más que la vida de un contrato se divide en preparación, adjudicación, formalización, ejecución/efectos y extinción, y que todo el procedimiento debe ser electrónico, por lo que debemos catalogarlo y procedimentalizarlo, para después integrarlo en el gestor de expedientes, sin perjuicio de la configuración particular de cada uno de los procedimientos de adjudicación.
2. Adaptar las normas y los procedimientos.
- • Adaptación a la LCSP de los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas, así como de cualquier otra disposición que regule aspectos específicos de la contratación pública de la entidad: ordenanzas, reglamentos, instrucciones de contratación (en su caso).
- • Configuración del gestor de expedientes desde la fase de preparación del contrato, especialmente por lo que respecta a los procedimientos de adjudicación más novedosos y quizá aún no adaptados (simplificado, súper simplificado, asociación para la innovación, procedimiento para la contratación menor).
- • Otras especialidades procedimentales (integración en el gestor de expedientes): tramitación anticipada; expediente de oportunidad en los contratos de concesión; supervisión de proyectos; aplazamientos en el pago (por adquisición).
3. Proceder a la adaptación o configuración de los órganos que intervienen en el procedimiento de contratación. Integración en el gestor de expedientes.
4. Adaptar funciones y funcionarios. Gestión del cambio, formación, integración en el gestor de expedientes con asignación de firmas, autorizaciones y roles.
5. Adaptar el perfil de contratante y cumplir con las obligaciones inherentes al principio y la normativa de transparencia. Se publicarán en el mismo, al menos, los contenidos obligatorios que establece la LCSP, siempre de forma coordinada e integrada con el Portal de transparencia propio y la Plataforma de Licitación del Sector Público.
6. Aplicar la simplificación burocrática en la acreditación de la capacidad y solvencia.
7. Implantar la licitación electrónica. Tener en cuenta:
- • Necesidad de Plataforma.
- • Seguridad y confidencialidad.
- • Requisitos jurídico técnicos de seguridad funcional.
8. Crear o utilizar las centrales de compras y otros sistemas de compra electrónica. Ante todo, cabe recordar que según el art. 36.1.g) LRBRL la corresponde a las Diputaciones «La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes».
9. Establecer y realizar las comunicaciones de forma electrónica. También la remisión de información. Las relaciones interadministrativas, como no puede ser de otra manera, son electrónicas. En este sentido la LCSP establece diferentes obligaciones y mecanismos de remisión de información, especialmente al Tribunal de Cuentas (sin perjuicio de los órganos autonómicos equivalentes) y al Registro Público de Contratos.
10. Utilizar, en la medida de lo posible, la subasta electrónica.
11. Establecer y realizar la formalización electrónica del contrato.
12. Establecer sistemas de comunicación con el contratista y de control electrónico de la fase de ejecución del contrato.
13. Establecer la facturación electrónica.
14. Integrar en el sistema, en su caso, a los entes dependientes de la Entidad Local.
15. En definitiva, implantar, de forma integral y sin fisuras, la contratación pública electrónica. Si ya han abordado, una a una, y desde su propia estrategia de gestión del cambio, las cuestiones referidas en el check-list anterior, es muy probable que en su organización ya tengan prácticamente implantada la contratación electrónica. ¿Cómo comprobar si lo hemos hecho bien? Es fácil. Al final, e incluso con independencia del seguimiento escrupuloso de los pasos que hemos indicado, si ustedes han mejorado el servicio, en el más amplio de los sentidos, si ya disponen de un buen sistema, y sobre todo, si funciona… Enhorabuena. De no ser así, y aún en el caso de que no hayan hecho absolutamente nada, les aseguro tienen por delante un trabajo apasionante. ¿Saben cómo se empieza? Empezando.
«La mejor manera de hacer algo es dejar de hablar de ello y empezar a hacerlo». (Walt Disney)