Como era de esperar, despedimos el año 2022 con la publicación en el Boletín Oficial del Estado número 313, de 30 de diciembre de 2022, de las convocatorias de estabilización de la Escala de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional (FALHCN):
- • Orden HFP/1328/2022, de 23 de diciembre, por la que se convoca el proceso selectivo en el marco de la estabilización del empleo temporal, a la subescala de Secretaría, categoría de Entrada, para el acceso a la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.
- • Orden HFP/1329/2022, de 29 de diciembre, por la que se convoca el proceso selectivo en el marco de la estabilización del empleo temporal, a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, para el acceso a la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.
- • Orden HFP/1330/2022, de 29 de diciembre, por la que se convoca el proceso selectivo en el marco de la estabilización del empleo temporal, a la subescala de Secretaría-Intervención, para el acceso a la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.
Estas órdenes se dictan en desarrollo del ya célebre Real Decreto 408/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal; y, partiendo del mismo error de base del que partía el citado Real Decreto, continúan asimilando la habilitación nacional con plazas a estabilizar. Como acertadamente señalaba el catedrático de Derecho Administrativo Federico A. Castillo Blanco en el número especial de la revista de mayo de 2022, existe un error de concepto que continúa sin enmendarse, pues la habilitación —como reconocimiento o título otorgado por el Estado a quienes superan unas rigurosas y exigentes pruebas selectivas— no se encuentra vinculada a una plaza en concreto que se pueda estabilizar, ni queda conferida mediante nombramiento interino.
El Real Decreto 408/2022 objeto de discordia fue recurrido en sede judicial tanto por el Consejo General de los Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración local (COSITAL) como por la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración local (APSITAL), de reciente creación. Ambas entidades solicitaron su suspensión cautelar, que hubiera permitido analizar con serenidad una posible alternativa, pero fue rechazada por el Tribunal Supremo en sendos autos de fecha 26 de julio y 14 de septiembre, respectivamente, con el argumento de que la cuestión sería resuelta a principios de 2023, pues los plazos previstos por la Ley de la Jurisdicción permiten asegurarlo (sic). A estos recursos se unirán los ya anunciados por COSITAL y APSITAL contra las órdenes de las convocatorias. De modo que continuamos a la espera.
Entretanto, el descontento entre los profesionales locales sigue en aumento al observar que se convocan 807 plazas de FALHCN en procesos de estabilización, 658 de las cuales están reservadas al sistema de concurso de méritos, mientras que el concurso unitario de traslados correspondiente al 2022 para funcionarios de carrera de la Escala sigue sin convocarse. Se incumple así el mandato del art. 92 bis de la LRBRL que, sin dejar margen a la interpretación y de forma taxativa, dispone que:
«Existirán dos concursos anuales: el concurso ordinario y el concurso unitario. El concurso unitario será convocado por la Administración del Estado. Las Corporaciones locales con puestos vacantes aprobarán las bases del concurso ordinario, de acuerdo con el modelo de convocatoria y bases comunes que se aprueben en el real decreto previsto en el apartado anterior, y efectuarán las convocatorias, remitiéndolas a la correspondiente Comunidad Autónoma para su publicación simultánea en los diarios oficiales».
Quizá más grave que lo anterior, pese a haber sido eclipsado por las convocatorias de estabilización y las vicisitudes del concurso, es la oferta de 1.000 plazas adicionales de la Escala de FALHCN introducida en el artículo 66 del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad:
«Artículo 66. Oferta extraordinaria en la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.
En el año 2022 se autoriza, adicionalmente al número de plazas autorizadas por el Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2022 la convocatoria de hasta 1.000 plazas en la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, con el fin de garantizar el eficaz desempeño de las funciones reservadas en las entidades locales.
En las convocatorias que se realicen para las plazas que ahora se autorizan, se especificarán las subescalas que correspondan de las previstas en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, así como su distribución territorial de forma proporcional al número de puestos vacantes en cada Comunidad Autónoma.
La ejecución de esta oferta de empleo público extraordinaria deberá realizarse en el plazo improrrogable de un año desde la publicación de las respectivas convocatorias, para lo cual podrán articularse las adaptaciones en el proceso selectivo que conlleven mayor agilidad y eficiencia en su celebración, garantizando en todo caso los principios de igualdad, mérito y capacidad».
Varias cuestiones de la redacción dada a este precepto llaman nuestra atención.
En primer lugar, el número de plazas: 1.000. Cuesta pensar que este número redondo de plazas ofertadas responda a un análisis sesudo y pormenorizado de las vacantes existentes en la actualidad; más si cabe cuando se da carta blanca a las convocatorias que derivan de la oferta extraordinaria para que sean éstas las que concreten la distribución por subescalas y categorías por motivos que no llegamos a comprender y que no se explicitan en la norma.
En segundo lugar, se alude a una distribución territorial proporcional en función de las vacantes de cada Comunidad Autónoma, lo que encajaría con los mecanismos de provisión de puestos, pero no con los procesos de selección, pues la habilitación, por ahora, lo es para el conjunto de la nación.
Conocedores como somos de las enmiendas a la LPGE 2023 presentadas Grupo Parlamentario Republicano-ERC para la cesión a las Comunidades Autónomas —y a Cataluña en particular— de la aprobación de la oferta de empleo público, la selección y la formación de los FALHCN, que finalmente fueron rechazadas, y habiéndose acordado la cesión en la LPGE 2022 a la Comunidad Autónoma del País Vasco, tememos regresar a un modelo de gestión autonómico que durante la vigencia de la disposición adicional 2ª del EBEP ya demostró sobradamente sus carencias.
Las sospechas de una posible cesión no son infundadas, pues en sede parlamentaria el diputado de ERC, Gabriel Rufián, admitió públicamente que 400 de las plazas ofertadas eran para Cataluña. Sin rubor, afirmó que el Real Decreto-ley incluía:
«1.000 nuevas plazas públicas para la Administración local, 400 de ellas solo en Cataluña, y que los Secretarios-Interventores de Cataluña hagan su formación en Cataluña y no tengan que pasar 6 meses en Madrid…»
En tercer lugar, sorprende el plazo de ejecución de un año que se fija con el carácter de improrrogable. Y decimos que sorprende porque en la actualidad está sustanciándose un proceso selectivo por turno libre y oposición con acumulación de OPEs de los años 2020, 2021 y 2022 con más de 600 plazas sólo en la Subescala de Secretaría-Intervención.
No es posible entender el exceso que esto supone sin ponerlo en relación con la convocatoria pasada, correspondiente a la OEP 2019, en que no se llegaron a cubrir las 200 plazas convocadas de la Subescala de Secretaría-Intervención. Es decir, no hay bolsa de opositores en la actualidad que permita absorber tan elevado número de plazas y, ante esta situación, es razonable pensar que los niveles de exigencia van a caer drásticamente.
Ello nos lleva, en último lugar, a la preocupante mención que hace el artículo 66 del Real Decreto-ley 20/2022 respecto de las «adaptaciones en el proceso selectivo que conlleven mayor agilidad y eficiencia en su celebración», que no hace sino contribuir a la idea de una rebaja de la exigencia en el acceso a la Habilitación Nacional.
De hecho, en las Bases por las que se rigen las referidas convocatorias, se pueden apreciar una serie de aspectos que, en buena medida, amparándose en la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, suponen minimizar el rigor y la necesidad de acreditar unos conocimientos específicos necesarios para poder ejercer las funciones que tanto necesitan nuestras entidades locales y que son imprescindibles para el correcto funcionamiento de las mismas.
Se prima en exceso la posibilidad de acceder por concurso de méritos, nada menos que 32 plazas de las 36 de la convocatoria en Secretaría de Entrada. En el citado concurso, los méritos profesionales pueden alcanzar hasta 60 puntos, consistentes únicamente en valorar los servicios efectivos prestados a la Administración Local en calidad de funcionario interino en un puesto reservado de habilitación nacional o ni siquiera eso, puesto que también se valora haber ocupado puestos de A1, no sólo en la Administración local sino también en el Estado o en las Comunidades Autónomas, dejando hasta 40 puntos para los méritos académicos, consistentes en la superación de algún ejercicio en las oposiciones que se hubieran presentado los aspirantes (valorables hasta 20 puntos) y otros 20 puntos para las titulaciones académicas. En cuanto al concurso-oposición, en la fase de oposición se trata únicamente de resolver unos supuestos prácticos. Como vemos no parece que se estén primando los conocimientos técnicos sino más bien el tiempo que se ha venido ejerciendo estas funciones.
En Secretarios-Interventores las plazas se disparan y llegan a convocarse por concurso nada menos que 563 plazas y por concurso-oposición 114. El sistema de oposición es el mismo que en la categoría de entrada: la superación de ejercicios prácticos y en cuanto al concurso el baremo de méritos es igual que para la Secretaría de Entrada. En Intervención-Tesorería las plazas que se pretenden cubrir son 30 por Concurso-Oposición y 53 por Concurso. En el Concurso-oposición se realizarán también sólo supuestos prácticos y en los Concursos los méritos con la valoración a la que nos hemos referido anteriormente.
Es evidente que con el sistema propuesto se pone en valor el desempeño de los puestos sujetos a cobertura con carácter interino, si bien, no existe ninguna garantía sobre la forma en la que los citados interinos accedieron a los puestos que ocupan y cuyo desempeño se valora. Con ello, se vulnera de forma flagrante y sin titubeo alguno, los principios de igualdad y de no discriminación que deben presidir cualquier proceso de selección por extraordinario que sea, así como los de mérito y capacidad.
A nuestro juicio, esta no es la solución para alcanzar el deseado equilibrio entre la cobertura de efectivos y la prestación de un servicio público de calidad. La captación de talento precisa de convocatorias periódicas, con un número razonable y proporcionada de plazas convocadas que permita dar confianza y previsibilidad a los opositores.
Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León, en un artículo publicado en noviembre de 2021, bajo la rúbrica «Comienza la demolición de la Habilitación Nacional» ya auguraba tiempos difíciles para la Escala. En aquel momento se pronunciaba en contra de la disposición final propuesta por el Grupo Vasco-Partido Nacionalista Vasco en la LPGE 2022 para la cesión de competencias de selección que acabaría consumándose. Lo que probablemente no hubiera podido anticipar el profesor es que el proceso de demolición continuaría con la estabilización de 807 «plazas» de FALHCN; con la convocatoria de otras 1.000 —no 999, ni 1.0001— a través de «procedimientos ágiles» y con expresa mención al reparto por Comunidades Autónomas; y, además de lo anterior, con la demora sine die de la convocatoria del concurso unitario de 2022 con el consiguiente perjuicio para los derechos a la carrera profesional y a la movilidad de los funcionarios de la Escala.
Y el mayor perjudicado por esta demolición será el ciudadano, pues las Administraciones locales estarán servidas por funcionarios poco cualificados que en muchos casos no sabrán enfrentar la problemática municipal, diversa y compleja.
Parece que el gobierno no es consciente de la trascendencia de las funciones que lleva a cabo este colectivo, de capital importancia para que las decisiones que se adoptan en el día a día de las Administraciones Locales, sean lo más acertadas posibles. En la medida en que devaluamos la forma en el acceso a estos puestos, devaluaremos igualmente la calidad con la que estas funciones se ejercen y por ende, las decisiones de los que nos gobiernan.
En la revista de marzo, se prestará especial atención a esta cuestión, con la publicación de al menos dos o tres artículos de opinión que permitan al lector valorar la gravedad de la situación que hemos expuesto.
Manuel Abella Poblet
Federico Andrés López de la Riva Carrasco