El pasado 25 de mayo se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 408/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado correspondiente a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Entre las plazas ofertadas figuraban 807 plazas de Funcionarios de Habilitación Nacional con el siguiente desglose:
Subescala | Concurso-Oposición | Concurso | Total |
| INTERVENCIÓN-TESORERÍA CATEGORÍA DE ENTRADA | 31 | 53 | 84 |
| SECRETARÍA CATEGORÍA DE ENTRADA | 4 | 32 | 36 |
| SECRETARÍA-INTERVENCIÓN | 114 | 573 | 687 |
Desde la publicación, dentro del colectivo de habilitados nacionales han surgido multitud de voces críticas, cargadas de indignación, ante un hecho inesperado e incomprensible para la inmensa mayoría.
Puede que esta sea la gota que colma el vaso. Lo cierto es que, a lo largo del último año se han sucedido una serie de acontecimientos relacionados con nuestra profesión que deberían de haber hecho saltar las alarmas.
Tal vez los primeros datos preocupantes surgieron con las novedosas interpretaciones de la normativa contenida en el Real Decreto 128/2018 que comenzaron a emanar de la Secretaría de Estado para la Función Pública prácticamente desde que, como consecuencia de una remodelación del Gobierno, se integrara en el Ministerio de Hacienda.
Así, a través de tres Resoluciones de fecha 27 de octubre de 2021, el Ministerio ofertó las vacantes a los aspirantes que habían superado el proceso selectivo para el ingreso en la Subescalas de Secretaría-Intervención, Intervención-Tesorería, categoría de entrada, y Secretaría, categoría de entrada, de la escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Con asombro, los aspirantes comprobaron que, a pesar de las advertencias previas realizadas por el Consejo General del Colegio y de la modificación que este procedimiento suponía respecto al seguido con la promoción inmediatamente anterior, muchas de las plazas que quedaron vacantes en el último concurso unitario habían sido expresamente excluidas de forma discrecional y sin mediar, como exige el artículo 35.1.i) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, motivación alguna ni garantías sobre la homogeneidad de aplicación del mismo criterio en todo el territorio nacional.
Posteriormente se denunció por los aspirantes que una parte importante de las plazas excluidas estaban en ese momento ocupadas por funcionarios interinos.
Las reclamaciones presentadas han seguido su curso, pero mientras tanto los nuevos funcionarios se vieron obligados a optar entre las plazas ofertadas y tomaron posesión de sus destinos a lo largo del mes de diciembre.
Unos meses después, se produjo un nuevo cambio de las reglas de juego. El Ministerio comenzó a desestimar las solicitudes de comisión de servicio a los funcionarios que no hubiesen permanecido al menos dos años en su primer destino. Así mismo, y en aplicación de un criterio difícilmente compatible con el objetivo de eliminar trabas a la efectiva cobertura de las plazas vacantes y con los principios de buena gestión administrativa que dicen querer garantizarse tras la estabilización, se denegaron las solicitudes de acumulación de la plaza de origen a los funcionarios nombrados en comisión de servicios.
Es cierto que algunas Comunidades Autónomas han hecho caso omiso de esta nueva interpretación ministerial, pero otras la están siguiendo al pie de la letra, generando dificultades añadidas a la cobertura de las plazas por funcionarios de carrera y dando lugar a crecientes protestas de las entidades afectadas.
El año culminó para nuestro colectivo con la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, en cuyo trámite parlamentario se había incorporado una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vasco del Congreso por la que se introdujo una Disposición Final (Primera) por la que, mediante la modificación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se transfería a la Comunidad Autónoma del País Vasco, todas las competencias relativas a los funcionarios de habilitación Nacional.
Creíamos que la dura y contundente reacción del colectivo, así como la presentación de sendos recursos de inconstitucionalidad, servirían para frenar esta deriva, pero no ha sido así.
La cuestión es que hacer a partir de ahora.
Parece evidente que el primer paso es recurrir la Oferta de Empleo Público aprobada por el Real Decreto 409/2022.
Son múltiples los argumentos jurídicos que se están aportando por compañeros a lo largo y ancho del territorio nacional. Entre ellos, los siguientes:
- • Que las plazas de FHN nunca han estado afectadas por las tasas de reposición en la medida que son plazas que deben de estar dotadas obligatoriamente, por lo que su inclusión en la OPE bajo el amparo de la Ley de estabilización supone vulnerar la voluntad del legislador expresada en su Preámbulo. Así uno de los factores a los que se imputa la existencia de altas tasas de temporalidad es la imposición, a través de la leyes de presupuestos de las últimas décadas, de «criterios restrictivos para la dotación de plazas de nuevo ingreso del personal al servicio de todas las Administraciones Públicas en el marco de las directrices presupuestarias de contención del gasto público», de tal forma que «estas previsiones han limitado las posibilidades de reposición de las bajas ocasionadas en las plantillas de personal fijo, funcionario o laboral y, al mismo tiempo, han frenado la dotación presupuestaria para acometer nuevas actividades».
Este mismo argumento se reproduce al justificar la redacción de la Disposición Adicional Sexta por la que se permite el acceso extraordinario por concurso, indicando que la previsión contenida en la misma es «razonable, proporcionada y no arbitraria, afectando a todas las plazas de carácter estructural ocupadas de forma temporal e ininterrumpida con antelación al 1 de enero de 2016 a consecuencia de las tasas de reposición cero de los ejercicios 2012 a 2015».
- • Que, desde 2014, el Ministerio ha venido convocando anualmente oposiciones a todas las subescalas de habilitación nacional. Por lo que tampoco se cumple la pretensión del legislador, recogida así mismo en el Preámbulo, en el que se destaca como otro de los factores que han justificado la alta tasa de temporalidad y, en consecuencia, la adopción de estas medidas excepcionales, «la insuficiente utilización de la planificación estratégica en la ordenación del empleo público, así como la falta de regularidad de las convocatorias y procedimientos de selección de personal para la cobertura de vacantes con carácter definitivo».
A mayor abundamiento, las plazas de FHN vacantes, son anualmente ofertadas a través de los concursos, ya sea unitario u ordinario. A su vez, tras su resolución, el resto de plazas son ofertadas a los funcionarios de nuevo ingreso.
- • Que, al contrario de lo que ocurre con las bolsas de interinos originadas en el ámbito estatal y autonómico, no existe garantía alguna sobre la forma en que estos interinos accedieron a las plazas de habilitación nacional.
No puede obviarse el hecho de que, en algunos ayuntamientos, especialmente de pequeña población, se ha nombrado personal interino para puestos de habilitación nacional que, en el mejor de los casos, la única prueba que habían superado era una entrevista con el Alcalde.
Es cierto que, recientemente, algunas Comunidades Autónomas han desarrollado normativa para la creación de bolsas de interinos a fin de cubrir vacantes de habilitados nacionales, y que, a partir de 2019, se publicó la Orden TFP/297/2019 por la que se regulaba la elaboración de bolsas de interinos con los opositores que hubiesen superado algunas de las pruebas de acceso. No obstante, esta práctica ni siquiera es generalizada en estos momentos, por lo que, incluso ahora, en muchas partes del territorio nacional se continúa dejando en manos de los Ayuntamientos la selección del personal interino.
- • Que, si todo esto resulta evidente y alegable respecto de todas las plazas ofertadas, la inclusión en la oferta de estabilización de plazas de las subescalas de Secretaría y de Intervención Tesorería, categoría de entrada, supone una vulneración flagrante del principio de igualdad y no discriminación.
¿Cómo es posible que, para ascender, un funcionario de carrera de la subescala de Secretaría Intervención se vea obligado a tener que superar un proceso de concurso-oposición y un interino que haya ocupado uno de esos puestos con anterioridad a 2016, pueda acceder a la carrera profesional con un mero certificado de prestación de servicios?
Tal y como ha declarado el Tribunal Constitucional, el artículo 14 de la Constitución Española«confiere a todos los españoles el derecho a no soportar un perjuicio o una falta de beneficio, desigual o injustificada, …. Por razón de criterios jurídicos que se adopten en aplicación de las normas, ya que la igualdad del artículo 14 lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley».
Como vemos son muchas y variadas las razones que avalan la presentación de un recurso, pero también es evidente que no podemos quedarnos ahí.
En el orden práctico, hay que actuar con prontitud para que, en el caso de que sigan adelante las convocatorias de estabilización, la valoración de las fases de concurso, al menos, se ajusten en lo posible a criterios de equidad, justicia, mérito y capacidad.
En este sentido, la Resolución de la Secretaría de Estado de la Función Pública de 1 de abril de 2022 sobre orientaciones para la puesta en marcha de los procesos de estabilización, en su punto 3.4.1, establece una serie de criterios para la valoración de méritos en la fase de concurso.
A fin de otorgar mayores oportunidades a quienes han hecho el esfuerzo de presentarse a una oposición y se han preocupado de mantener una formación continua, se debería exigir una alta ponderación por la superación de ejercicios para el acceso del cuerpo, escala o categoría a la que se desea acceder, así como por los cursos recibidos o impartidos.
Por otro lado, y con el objeto de garantizar el derecho de igualdad de los Secretarios-Interventores que deseen promocionar a subescalas superiores y que, como cualquier ciudadano, pueden presentarse a estas convocatorias, deberían de valorarse los ejercicios superados al aprobar la oposición, así como, en su caso, los servicios prestados en la subescala a la que aspiren. Un mérito profesional que la Secretaría de Estado sólo reconoce a los interinos.
En lo que respecta a la defensa de nuestra profesión, estamos obligados a emprender juntos un camino que no puede tener retorno.
Somos conscientes de que pertenecemos a un colectivo en el que concurren condiciones que dificultan nuestro conocimiento y reconocimiento público.
Accedemos a la función pública a través de oposiciones convocadas por la Administración Central, pero prestamos servicios en las entidades locales. Por ello, estamos incardinados en una administración considerada "menor” en muchos de los ámbitos de la vida pública.
La mayor parte de los ciudadanos y un cupo importante de la clase política desconoce nuestras funciones. Incluso en algunos núcleos del alto funcionariado de las administraciones central y autonómica se ejerce un cierto desdén hacia nuestro cuerpo por considerarlo secundario.
A todo ello hay que añadir las dificultades que comporta aunar voluntades y coordinar esfuerzos en un colectivo tan disperso territorialmente y con intereses, en ocasiones, contrapuestos.
Todo ello es cierto, y probablemente explique, en parte, los sobresaltos a los que estamos sometidos. Pero no es inevitable.
La labor más urgente es lograr la unidad de acción. Pero para que ésta sea eficaz es necesario que se materialice, que sea visible y constatable.
Está bien que se pronuncien todas las Juntas de Gobierno de los Colegios Provinciales y que el Consejo General emita comunicados y eleve escritos a cuantos organismos y poderes públicos considere oportuno, pero necesitamos, con algún gesto, demostrar que no hay resquicios, que estamos juntos, y que vamos a permanecer juntos en defensa de nuestra profesión. En la era digital, no hay distancias. Deberíamos de ser capaces de redactar una declaración, dirigida a la opinión pública y, muy especialmente al Gobierno de España, que pudiera ser suscrita por todos los funcionarios de habilitación nacional, sin excepciones, y que, al tiempo de explicar la trascendencia de las funciones que realizamos, expresara la firme protesta por el cúmulo de decisiones que están afectando gravemente a la seguridad jurídica y al futuro de este Cuerpo.
Es hora de reivindicar el papel esencial que jugamos en el funcionamiento de las entidades locales, constituyendo el pilar básico para el cumplimiento de la legalidad y el primer muro de contención para las conductas irregulares, cuando no ilícitas.
Debemos alcanzar la suficiente relevancia para que nunca más se vuelvan a adoptar decisiones sobre nuestro Cuerpo sin ni siquiera ser escuchados. Tenemos el derecho a ser informados, y los poderes públicos tienen la obligación de atendernos, de valorar nuestras propuestas y ponderar su ejecución.
Este es el momento. No caben demoras.
Madrid, 2 de junio de 2022
Ruth Porta Cantoni
Interventora General del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón
Beatriz Vigo Martín
Interventora General del Ayuntamiento de Madrid
Federico Andrés López de la Riva Carrasco
Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Madrid