PRIMERO.- El recurrente artícula un único motivo de casación contra la sentencia objeto de recurso al amparo del articulo 88.1 de la Ley Jurisdiccional por infracción de los artículos 59.1 y 61 de la Ley 2/2006 , Disposición Adicional primera Anexo I.II y Anexo III y artículos 1 , 2 y 3 del Real Decreto 1629/2006 por el que se fijan los aspectos básicos del curriculo de las enseñanzas de idiomas reguladas por la Ley 2/2006 y la adaptación que se hace por los mismos al Marco Común Europeo de referencia para las lenguas, articulo 149.1.30 de la Constitución , artículo 4 del RD 104/98 sobre homologación y convalidación de títulos universitarios extranjeros de educación no universitaria, 3.1 del Código Civil, 9.1,2 y 3 y 103.1 de la Constitución, 23.2 y 14 de la misma, jurisprudencia sobre bases de los concursos y su interpretación en el sentido de que debe rechazarse cualquier interpretación que dificulte el acceso a la función pública en virtud de un criterio carente de racionalidad o con una desproporción manifiesta derivada de hechos que no sean imputables al aspirante que sufre la exclusión.
La cuestión objeto de debate es la aplicación de la Base 2 anexo 4 del proceso selectivo convocado por Orden de 3 de noviembre de 2008 de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana, por la que se convocan pruebas de acceso al Grupo E, sector Administración General, convocatoria 28/08, en la que se establece que "se valorará el conocimiento de lenguas oficiales de la Unión Europea diferentes de la lengua española acreditándose documentalmente mediante certificados expedidos por la Escuela Oficial de Idiomas, según niveles especificados. Se puntuará hasta un máximo de 2 puntos, a razón de 0,40 puntos por curso o equivalencia si se trata de ciclos de la Escuela Oficial de Idiomas. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación o convalidación en su caso...."
La recurrente argumenta en defensa de su tesis en el único motivo articulado que de acuerdo con lo establecido en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y lo dispuesto en los preceptos invocados de la Ley 2/2006 y RD 1629/2006 que en adaptación al Marco Común disponen que las enseñanzas de idiomas se organizan en tres niveles cuyos efectos son, para el nivel avanzado, que se corresponde con el nivel de competencia B.2 que tiene reconocido el "First Certifcate in English" apartado por el recurrente, así como que el trámite de homologación ha ido sustituido por un reconocimiento directo de aquellos certificados que sean acordes con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.
Que del citado Marco Europeo resulta igualmente que el First Certficate in English tienen un nivel 3 conforme al estudio de la Asociación Europea de Examinadores de Lenguas que, en aplicación de la tablas de equivalencia, se equipara directamente con el nivel B.2 avanzado.
La referencia al Marco Europeo efectuado por el recurrente se ajusta a la realidad y no ha sido contradicho por la Administración demandada que tampoco discute el contenido de los preceptos invocados del Real Decreto 1629/2006 ni de la Ley 2/2006.
Invoca también la recurrente que aportó como documento num. 2 de los acompañados a la demanda, y así es, un informe del Ministerio de Educación de fecha 28 de julio de 2011 en el que se dice que no era posible la homologación porque los certificados de los diferentes niveles de enseñanza de idiomas que se otorgan en las Escuelas Oficiales de Idiomas no tienen el carácter de titulo y porque compete a la correspondiente institución educativa y certificados de competencias en idiomas informar de la correspondencia entre las competencias que acreditan los certificados y las competencias recogidas para los niveles comunes de referencia en el Marco Común Europeo.
Que como documentos núm. 3 y 4 se acredita que la propia Universidad de Cambridge certificó que ".....El Cambridge English First Certificate, independientemente de la fecha de examen debe considerarse equivalente al nivel B.2 de CEFR y al nivel 3 de la asociación de examinadores de Idiomas de Europa siendo por tanto la institución educativa la que, conforme al informe del Ministerio, certifica la equivalencia.
Argumenta también la recurrente que si el Ministerio ha dicho que no es necesario esa homologación y que compete a la Universidad de Cambridge informar de la equivalencia entre el certificado y el nivel de competencia, exigirlo supone vulnerar el 149.1.39 de la Constitución y el artículo del Real Decreto 104/88 que determina que es el Ministerio de Educación el competente para resolver las solicitudes de homologación y convalidación que se formulen.
A continuación se incluye un razonamiento sobre la infracción de los artículos 3.1 del Código Civil y 9.1 , 2 y 103.1 de la Constitución sobre interpretación de las bases de los concursos.
El último argumento de la recurrente va dirigido a combatir el argumento final de la sentencia recurrida en el sentido de que el hecho de que "la propia administración demandada en procesos ajenos al que nos ocupa (convocatorias de becas reseñadas en Fs. 935, 940 y 944 Exp. o acreditación en lenguas extranjeras para impartición por parte de profesorado de niveles de enseñanzas no universitarias en áreas, ámbitos, materias o módulos no lingüísticos, conforme a resolución de la Subdirección General de Personal Docente de la Consellería de Educación, formación y Empleo de 19/6/2012 incorporada a actuaciones) haya alcanzado a considerar en determinado sentido la posesión de un título parejo al poseído por la actora, (First Certificate in English) no puede conllevar distinta conclusión a la hasta aquí alcanzada, ni, como es claro, por mor de la diversidad de finalidades, procesos y destinatarios a los que responde cada actuación administrativa, hacer prosperar la discriminación asimismo esgrimida por la actora, en supuesta conculcación del derecho fundamental de igualdad que referenciándolo al Art.14 de la CE (no al propio del 23.2 CE ) se identifica asimismo en la demanda".
CUARTO.- Por tanto certificada la equivalencia por la institución educativa, Universidad de Cambridge, la correspondencia del First Certifcate con el nivel B.2 de competencia en el conocimiento de inglés y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 2/2006 y en el RD 1629/2006, el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, el artículo 4 del Real Decreto 104/88 , cuyo contenido ha quedado expuesto en los fundamentos anteriores, el principio de razonabilidad en la interpretación de las bases de una convocatoria para la provisión de plazas en el sector público, los criterios de interpretación que establece el artículo 3 del Código Civil , en especial el principio de equidad a que el mismo se refiere que impide exigir el cumplimiento de un requisito imposible visto el ordenamiento jurídico vigente, e impone que debe atenderse a la finalidad de la norma y a un espíritu, que en el caso que nos ocupa es justificar la realidad es del conocimiento del idioma que se invoca como mérito, sin olvidar el hecho de que la propia Administración demandada haya admitido como bastante el certificado aportado por la actora, esta Sala no puede por menos que estimar el motivo articulado y en consecuencia anular la sentencia recurrida resolviendo la cuestión planteada en el sentido de estimar la demanda declarando contraria a derecho la resolución recurrida del Conseller de Economía Hacienda y Empleo de la Generalitat Valenciana de 24 de marzo de 2011 que desestima el recurso de alzada interpuesto contra acuerdo de 27 de enero de 2011 del Tribunal de la convocatoria 28/08 de pruebas selectivas del acceso al grupo E, Sector Administración General, turno de acceso libre, anulándola en lo que se refiere exclusivamente a la recurrente, declarando el derecho de la recurrente a que se le valore en el apartado B). 2 del baremo el certificado de conocimiento del inglés de la Universidad de Cambridge, First Certicate, con 2 puntos y con las consecuencias legales que de ello se deriven y una vez efectuada esa valoración dicte una resolución en la que computando la puntuación obtenida decida si le corresponde a o no figurar, y en su caso en que orden, en la lista de aprobados sin que ello afecte a los restantes candidatos incluidos en la relación definitiva de aprobados contenido en el Acuerdo de 27 de enero de 2011 del Tribunal Calificador.