Tanto la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, consagran el derecho de las personas a relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas, y prevén el desarrollo reglamentario y las medidas necesarias para garantizar su efectiva ejecución e implantación.
El 31 de marzo de 2021, el BOE publicaba el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo referido a la actuación y el funcionamiento electrónico del sector público, en vigor desde el 2 de abril de 2021, en coherencia con lo establecido en la Disposición Final Séptima de la Ley 39/2015 respecto a la fecha en la que producen efectos las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico.
Al Día en el que se aborda la nueva regulación del funcionamiento del sector público por medios electrónicos, tanto en el ámbito interno de las Administraciones como en las relaciones interadministrativas y con los ciudadanos y empresas.
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