Contestación.—
Como primera cuestión, se plantea en la consulta si las clasificaciones de los Ayuntamientos —conforme a la normativa establecida en el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio (BOE del 9), sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional— en primera, segunda y tercera, se producen de manera automática o su clasificación debe realizarse por medio de un acto que tiene naturaleza constitutiva.
El art. 159 del Texto Refundido de Régimen Local (TRRL), aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (BOE del 22), hoy derogado por el Ley 7/2007, de 12 de abril (BOE del 13), del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), atribuía a las Comunidades Autónomas la competencia, entre otras, para «la clasificación de puestos de trabajo de las Corporaciones Locales reservados a funcionarios con habilitación nacional de acuerdo con los límites de población, presupuesto y demás circunstancias generales y objetivas que se establezcan reglamentariamente por la Administración del Estado». Este precepto ha sido sustituido hoy por la Disposición Adicional segunda EBEP que, en su número 3º, viene a recoger idéntico precepto, al establecer que «la creación, clasificación y supresión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal corresponde a cada Comunidad Autónoma, de acuerdo con los criterios básicos que se establezcan por ley».
Reglamentariamente, el art. 2 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio —como antes lo hiciera el art. 12 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre y el art. 4 del Real Decreto 731/1993, de 14 de mayo— solo atiende, para la clasificación de la Secretaría, al elemento población; matizado con el importe del presupuesto, en caso de que aquella alcanzase el límite establecido; y se precisan en el art. 7 del citado Real Decreto 1732/1994, las circunstancias que justifican la solicitud de una clasificación en categoría superior y procedimiento para ello.
Analizadas estas normas, no podemos apreciar que sea la existencia de una población concreta la que marque la categoría del municipio a efectos de la clasificación del puesto de trabajo de los habilitados nacionales, sin necesidad de acuerdo de las Comunidades Autónomas. Por tanto, no siendo automática la clasificación, debe instarse un procedimiento para que se altere. Sin embargo, no parece existir impedimento para que esta se realice de manera automática por la Comunidad Autónoma, sin tener que contar con la solicitud del Ayuntamiento, tal como se contempla en el art. 10 del Decreto 49/2009, de 26 de febrero (DOG de 16 de marzo), de la Comunidad gallega, de aplicación al consultante.
En cuanto a la situación en que queda el actual Secretario-Interventor con plaza definitiva mientras no se clasifique el Ayuntamiento, creemos que no existe variación en la misma. Y, en el momento en que la clasificación nueva se produzca, la cuestión está resuelta en el apartado 1 de la Disposición Transitoria tercera del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre (BOE del 29), por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, que, aunque parece tener una limitación temporal referida a la reclasificación prevista en la propia disposición, entendemos que es de aplicación a las reclasificaciones futuras, ya sean generales o particulares. En consecuencia, el funcionario con habilitación de carácter nacional que desempeñe plaza en propiedad, puede continuar en ella aun cuando no pertenezca a la subescala y, en su caso, categoría que corresponda según la nueva clasificación.
Respecto a si el Secretario-Interventor debe continuar con sus cometidos, tanto de secretaria como de intervención, el apartado dos del art. 14 del Real Decreto 1174/1987 señala que «En las Corporaciones Locales cuya Secretaría esté clasificada en tercera clase las funciones propias de la Intervención formarán parte del contenido del puesto de trabajo de Secretaría, salvo que se agrupen a efectos de Intervención». En consecuencia, mientras la Secretaría está clasificada en tercera clase, el Secretario-Interventor no puede negarse a desempeñar la intervención que legalmente le corresponde; por lo que la negativa, que constituiría una falta grave o muy grave, daría origen a la correspondiente responsabilidad disciplinaria, a depurar mediante el correspondiente expediente disciplinario.
En cuanto a la posibilidad de acumulación de la plaza de intervención, no cabe a nuestro juicio, pues la figura, que se regula en el art. 31 del Real Decreto 1732/1994, solo es contemplada como posibilidad para ser desempeñada en otra Entidad Local, no en la propia.
Y tampoco vemos posible solicitar gratificaciones por el desempeño de unas funciones que le vienen atribuidas legalmente. Además, las gratificaciones se entregan por trabajos desarrollados fuera de la jornada laboral, por lo que tendría que justificarse que esta situación provoca alargamientos de la jornada, sin los cuales el funcionario no puede hacer frente a su carga de trabajo. Sin embargo, es posible que, cuando se analice la relación de puestos de trabajo, se acuerde, vista la carga que supone el aumento poblacional y la falta de creación de un puesto de trabajo de Intervención, un incremento del complemento específico.