El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera que la nueva ley contra el fraude fiscal aprobada este martes en el Congreso de los Diputados no reducirá la economía sumergida porque "no incorpora medidas de control para que se asegure su aplicación".
No obstante, Gestha ha reconocido los avances en el proyecto aprobado esta mañana y valora que se hayan incluido una decena de medidas que han propuesto desde hace años.
Entre ellas, han destacado la limitación de pagos a 1.000 euros, la baja tributación para considerar paraíso fiscal, incluir en la lista de deudores tributarios las deudas desde 600.000 euros añadiendo a los responsables solidarios, el control sobre los premios de Loterías obtenidos por las empresas, o el endurecimiento del régimen de sicav y socimi para evitar los abusos, entre otras medidas.
Los técnicos también apuntan que es "muy relevante" que se haya aprobado una larga reclamación para la evaluación de la economía sumergida, a pesar del voto contrario del Grupo Socialista y del criterio desfavorable del Ministerio de Hacienda.
Por el contrario, rechazan que la Ley no recoja un aumento de las competencias y responsabilidades de los técnicos de Hacienda, por lo que en la próxima década se seguirán centrando el 75% de las actuaciones de control en el IRPF de particulares y autónomos para descubrirles una deuda media de 980 euros, o en el control de contribuyentes en Módulos con una deuda media de 667 euros.
PIDEN EL REFUERZO DE PLANTILLAS PARA LUCHAR CONTRA GRANDES EVASORES
Por ello, Gestha señala que este proyecto de ley tendrá el mismo "defecto sustancial" de las anteriores leyes contra el fraude fiscal de 2006 y 2012, que no lograron reducir el fraude fiscal al no recoger un refuerzo de las plantillas para luchar contra los grandes evasores.
De esta forma, los técnicos aseguran que este proyecto de ley es "menos ambicioso" que la Estrategia 2050, que prevé situar la economía sumergida en el equivalente al 15% Producto Interior Bruto (PIB) en 2030.
UN PROBLEMA DE CARA A LA REFORMA FISCAL DEL GOBIERNO
En paralelo, Gestha ha señalado que el fraude será un problema "muy serio" cuando el Gobierno deba aplicar la reforma fiscal que está estudiando un grupo de expertos porque unos 38.000 millones "se evaporan" por el diferencial de economía sumergida respecto a la media de la UE, y cuando se trate de cumplir el objetivo de presión fiscal del 43% en 2050 para financiar el aumento del gasto público en protección social hasta la media de la UE-8.
En este sentido, los técnicos han defendido que antes de aumentar los impuestos a quienes ya los pagan, se debe hacer cumplir la ley fiscal a quienes no la cumplen, no sólo por motivos de suficiencia recaudatoria, sino por equidad, eficiencia y competitividad y moralidad pública.
Igualmente, Gestha señala que será difícil mejorar la ratio de cobro de las deudas tributarias pendientes, que ascendió a 42.770 millones en 2019, y habrá aumentado en 2020 por la situación económica derivada de las medidas restrictivas para atajar la pandemia del Covid-19.
En este contexto, los técnicos no ven justificado que el Ministerio de Hacienda haya rechazado 'in extremis', entre otras propuestas de enmiendas, la creación de un cuerpo superior técnico de Hacienda, el aumento de plantillas en el Ministerio de Hacienda o el aumento de la colaboración entre administraciones tributarias y su transparencia.